sábado 21 de noviembre de 2026
Judicial

Caso Cathy Barriga: la cronología del "fraude municipal más grande de la historia"

La exalcaldesa enfrenta acusaciones por un perjuicio fiscal superior a $33 mil millones. La Fiscalía solicita más de 23 años de presidio y el CDE pide 37.

21 de noviembre de 2026 - 06:00

La investigación penal contra Cathy Barriga, la imputada exalcaldesa de Maipú, está próxima a llegar a juicio oral tras cinco años de indagatorias por presuntas irregularidades financieras y administrativas durante su gestión municipal, entre 2016 y 2021.

El Ministerio Público estima un perjuicio fiscal superior a $33 mil millones y acusa a la exautoridad por cuatro categorías de delitos, en el que se ha denominado el “fraude municipal más grande de la historia”

El Caso Cathy Barriga

El 13 de noviembre de 2026 terminó la audiencia de preparación del juicio oral en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. La jueza Constanza Estay dictó el auto de apertura, que reúne cerca de 16 mil elementos documentales, alrededor de 300 testigos civiles y más de 20 funcionarios policiales. El proceso quedó en manos del tribunal oral competente, que deberá fijar la fecha del juzgamiento.

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicita penas que superan los 23 años de presidio, mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE), también querellante, pide 37 años. Barriga no ha sido condenada por estos hechos y su responsabilidad penal deberá resolverse durante el juicio.

Años 2016-2021: la administración municipal bajo investigación

Cathy Barriga asumió la alcaldía de Maipú el 6 de diciembre de 2016 y permaneció en el cargo hasta 2021. Durante ese periodo se ejecutaron gastos, contrataciones y programas municipales que posteriormente quedaron bajo revisión por presuntas irregularidades presupuestarias y administrativas.

La tesis del Ministerio Público apunta a una serie de maniobras destinadas a ocultar el déficit financiero municipal y permitir gastos sin respaldo presupuestario suficiente. Entre los mecanismos investigados figuran la rebaja o adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria, modificaciones contables y documentación financiera que habría presentado información distinta a la situación real del municipio.

Entre los gastos cuestionados aparecen actividades como Maipeluza, Año Nuevo Chino, Casa de Jengibre y Maipú Enamorado, además de adquisiciones de artículos promocionales, mochilas, peluches y productos con cristales Swarovski.

La acusación también incorpora pagos de remuneraciones a una funcionaria contratada como periodista con un título profesional cuestionado, utilización de personal municipal para labores particulares y contratación de servicios jurídicos cuyos pagos habrían beneficiado asuntos personales de la exalcaldesa y su entorno familiar.

Estos antecedentes forman parte de las imputaciones que la Fiscalía buscará acreditar en el juicio oral.

2021-2023: querella municipal y auditoría de Contraloría

El 8 de diciembre de 2021, el alcalde Tomás Vodanovic anunció la presentación de una querella criminal contra Cathy Barriga y quienes resultaran responsables por presunto fraude al fisco. La acción judicial se produjo tras una revisión de los antecedentes financieros y administrativos recibidos por la nueva administración municipal.

En agosto de 2022, la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría a las cuentas municipales. El informe estableció un saldo por percibir de $31.643.677.793 al cierre de 2020, cifra asociada a diferencias entre los ingresos devengados y los efectivamente percibidos.

El organismo fiscalizador también advirtió problemas en la información presupuestaria y contable, y dispuso la realización de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

En agosto de 2023, la investigación fue trasladada desde la Fiscalía Metropolitana Occidente a la Fiscalía Metropolitana Oriente. La indagatoria quedó a cargo de la fiscal Constanza Encina, quien continuó reuniendo antecedentes sobre las presuntas irregularidades durante la administración municipal.

2024: formalización y primer ingreso a la cárcel

El 16 de enero de 2024, Cathy Barriga llegó al Centro de Justicia de Santiago para enfrentar la formalización por los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Tras las audiencias desarrolladas entre el 16 y el 18 de enero, el Noveno Juzgado de Garantía decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y otras restricciones. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva, pero el tribunal no acogió esa petición.

El 12 de noviembre de 2024, el tribunal decretó por primera vez la prisión preventiva de la exalcaldesa, quien ingresó al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.

El 18 de diciembre, la medida fue sustituida por arresto domiciliario total. Sin embargo, el 26 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esa decisión y ordenó nuevamente su ingreso a prisión preventiva.

2025: nuevas imputaciones e inhabilitación para ejercer cargos públicos

El 17 de febrero de 2025, el Noveno Juzgado de Garantía volvió a sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total. Ocho días después, el 25 de febrero, la Corte de Apelaciones revocó la resolución y ordenó su regreso al recinto penitenciario.

El 25 de marzo, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana acogió los requerimientos presentados por concejales y resolvió inhabilitar a Barriga durante cinco años para ejercer cualquier cargo público, por notable abandono de deberes y acciones u omisiones contrarias a la probidad administrativa. La sanción quedó sujeta a la firmeza de la sentencia y corresponde a un procedimiento distinto del proceso penal.

El 9 de abril de 2025, la Corte de Apelaciones sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y otras medidas cautelares.

El 15 de abril, la Fiscalía realizó una nueva audiencia de formalización e incorporó imputaciones por malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible. Los nuevos antecedentes ampliaron los hechos investigados durante la administración municipal.

El 30 de diciembre de 2025, el Ministerio Público cerró la investigación y presentó su acusación formal, solicitando la apertura del juicio oral.

Las penas solicitadas por la Fiscalía fueron:

  • Fraude al fisco reiterado: 10 años y un día de presidio.
  • Falsificación y uso de instrumento público falso: siete años.
  • Malversación reiterada de caudales públicos: cinco años y un día.
  • Negociación incompatible: 541 días.

En conjunto, las solicitudes superan los 23 años de presidio, además de multas e inhabilitaciones.

2026: Fiscalía y CDE presentan sus acusaciones

En enero de 2026, el Consejo de Defensa del Estado presentó su acusación particular y solicitó 37 años de presidio para la exalcaldesa. El organismo estimó el perjuicio fiscal en $32.884 millones y planteó penas superiores a las solicitadas por el Ministerio Público, especialmente por malversación de caudales públicos.

La Fiscalía, por su parte, estructuró su acusación en cuatro categorías de delitos: fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público falso, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible.

La acusación contempla doce hechos de fraude al fisco reiterado, junto con los otros ilícitos atribuidos a la exautoridad. Las partes también solicitaron multas, restitución de recursos e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Durante 2026, la audiencia de preparación del juicio oral experimentó sucesivas reprogramaciones e inhabilitaciones de magistrados. Finalmente, el proceso pudo desarrollarse durante octubre y noviembre.

El 13 de noviembre de 2026 concluyó la décima jornada de preparación del juicio oral. La jueza Constanza Estay dictó el auto de apertura, documento de casi dos mil páginas que establece los antecedentes y medios probatorios admitidos para el juzgamiento.

El expediente contempla cerca de 16 mil pruebas documentales, alrededor de 300 testigos civiles y más de 20 funcionarios policiales. Entre los documentos figuran informes de auditoría, decretos municipales, certificados presupuestarios, facturas y balances contables.

La duración del juicio se estima en aproximadamente seis meses, debido al volumen de antecedentes y declaraciones que deberán examinar los tres magistrados del tribunal oral.

Exfuncionarios condenados por su participación en la administración municipal

En procedimientos abreviados, siete exfuncionarios municipales aceptaron los hechos contenidos en las acusaciones y recibieron condenas mediante esta vía. Sus situaciones judiciales son independientes del proceso que enfrentará Barriga.

Entre los condenados figuran Luis Japaz, excoordinador general de la alcaldía, quien recibió tres años y un día de libertad vigilada intensiva; Andrea Monsalve, exfuncionaria contratada como periodista, condenada a cuatro años de libertad vigilada intensiva; y María Isabel Palma, exdirectora subrogante de Administración y Finanzas.

En junio de 2026 también fueron condenados cuatro exdirectivos municipales: Ana María Cortés, Juan Carlos Quezada, Matías Silva y Andrea Díaz. Los tres primeros recibieron penas de cuatro años de presidio, sustituidas por libertad vigilada intensiva, mientras Díaz fue condenada a 800 días de presidio, también con una pena sustitutiva.

En el caso de Andrea Monsalve, la acusación abordó la utilización de un título profesional falso para desempeñarse como periodista municipal y el pago de remuneraciones superiores a $110 millones durante un periodo cercano a cuatro años, pese a la presentación de licencias médicas.

Las condenas mediante procedimientos abreviados corresponden a responsabilidades penales individuales. No constituyen una sentencia contra la exalcaldesa ni reemplazan la prueba que deberá rendirse en su juicio oral.

16 de noviembre: Cathy Barriga deja el arresto domiciliario nocturno

El último cambio procesal ocurrió el 16 de noviembre de 2026, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso presentado por la defensa de Barriga y modificó sus medidas cautelares.

El tribunal sustituyó el arresto domiciliario nocturno por firma semanal en una comisaría, manteniendo el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con la otra imputada que enfrentará el juicio.

Eduardo Camus, jefe subrogante de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, explicó que la resolución consideró el cumplimiento de la medida cautelar desde abril de 2025 y las presentaciones voluntarias de Barriga durante las ocasiones en que se decretó su prisión preventiva.

La decisión no modifica las acusaciones ni resuelve su responsabilidad penal. La exalcaldesa continúa imputada y deberá enfrentar el juicio oral, instancia en la que el tribunal determinará si los antecedentes presentados por la Fiscalía y los querellantes permiten acreditar los delitos atribuidos.

La investigación paralela contra Joaquín Lavín Jr.

El exdiputado Joaquín Lavín Jr., esposo de Cathy Barriga, enfrenta una investigación penal independiente, vinculada a presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias y eventuales gestiones relacionadas con la Municipalidad de Maipú.

El 8 de mayo de 2026 fue formalizado por corrupción como Fraude al Fisco y tráfico de influencias, entre otros antecedentes investigados. En esa oportunidad, el Séptimo Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva y estableció un plazo de investigación de 90 días.

El 6 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva y la sustituyó por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados.

Entre los hechos investigados figuran presuntas rendiciones de facturas falsas ante el Congreso y eventuales intervenciones en decisiones administrativas municipales. Esta investigación tiene un procedimiento propio y no forma parte del juicio oral contra Barriga.

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