Mientras sus excolaboradores cumplen sus penas en libertad, Cathy Barriga irá a juicio oral arriesgando una penda de 23 años de cárcel.
Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú. Créditos: Agencia Uno.
Mientras siete de los imputados en el caso de Cathy Barriga ya cerraron sus cuentas con la justicia sin pisar la cárcel gracias a procedimientos abreviados, la exalcaldesa de Maipú no puede ni quiere tomar este camino arriesgándose a una pena de hasta 23 años de cárcel, según la petición de la Fiscalía.
Este miércoles, la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exautoridad fue suspendida en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago debido a que el juez Juan Carlos Silva se inhabilitara por su amistad con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, que representan al esposo de Barriga, Joaquín Lavín León, y que antes la defendieron a ella-
Barriga es investigada por una serie de delitos de corrupción por un monto total de $33.500 millones, registrando el caso de desfalco municipal más grande del país.
La Fiscalía pide para ella cuatro penas distintas: 10 años y un día por fraude al fisco; 7 años por falsificación de instrumento público; 5 caños y un día por malversación reiterada de caudales públicos; y 541 días por negociación incompatible.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicita 37 años, porque eleva a 15 la pena por malversación. Además, demanda a todos los acusados la restitución de más de $32 mil millones.
A fines de diciembre de 2025, la exalcaldesa publicó un video en Instagram asegurando que la Fiscalía le había propuesto "un acuerdo" para evitar el juicio.
“Esto es una investigación, investigación que se estaría cerrando y que obviamente tuvo una propuesta de acuerdo de parte de la Fiscalía, que es lo que le estoy comentando a ustedes que no lo saben”, mencionó en dicha oportunidad.
Esta propuesta consistía en un procedimiento abreviado, un mecanismo legal del sistema penal que resuelve rápidamente un caso siempre que el imputado reconozca los hechos que se le investigan —como lo hicieron sus excolaboradores—, logrando reducir su pena y con posibilidad de cumplirla bajo libertad vigilada.
Si bien la propuesta resulta tentadora, la exalcaldesa optó por rechazarla: “rechacé porque soy completamente inocente de los hechos que se están imputando. Y es por eso que viene un juicio, porque es ahí donde se puede demostrar mi inocencia”, dijo para ese entonces.
Sin embargo, tras estas declaraciones la Fiscalía salió a desmentir a Cathy Barriga revelando que fue la defensa de la imputada el actor que habría propuesto el acuerdo y no al revés. Actualmente, la legislación permite exclusivamente al fiscal solicitar este procedimiento.
Pese a la petición de la defensa, el Ministerio Público cerró esta posibilidad debido a la cantidad de delitos que se le imputan, que contemplan penas que siguen siendo altas y, por ende, "no hubo acuerdo".
Las condenas por procedimiento abreviado comenzaron en abril de 2025. El primero fue Luis Japaz, excoordinador general de Alcaldía, que recibió tres años y un día por fraude al fisco.
Junto a él fue condenada María Isabel Palma, exdirectora subrogante de Administración y Finanzas, a cinco años por falsificación reiterada de instrumento público. Tanto ella como Japaz cumplen libertad vigilada intensiva.
Luego, en junio de 2025 fueron condenados por fraude al fisco cuatro exdirectivos: Matías Silva, exsecretario de Planificación; Ana María Cortés, exdirectiva municipal; Juan Carlos Quezada, exdirector de Administración y Finanzas; y Andrea Díaz, exdirectora de la Secpla y exadministradora municipal.
Los tres primeros recibieron cuatro años de cárcel, mientras que Díaz fue condenada a 800 días de presidio. Sin embargo, todas esas penas fueron sustituidas por medidas en libertad.
La última fue la apodada como "falsa periodista", Andrea Monsalve, condenada el 29 de septiembre a cuatro años de libertad vigilada intensiva. Entre 2016 y 2020 percibió más de $110 millones en sueldos, periodo en que acumuló 1.174 días con licencia médica.
En todos los casos, el camino fue el mismo: reconocer los hechos y obtener a cambio penas de cinco años o menos. Ese es el límite que fija la Ley 18.216 para reemplazar la cárcel por penas sustitutivas.
