La audiencia de preparación del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga fue suspendida este miércoles luego que el juez Juan Carlos Silva se inhabilitara por su relación de amistad con los abogados que representan a su esposo, el exdiputado Joaquín Lavín Jr.
La diligencia estaba programada para este 7 de octubre ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, una recusación amistosa presentada por abogados de la Municipalidad de Maipú derivó en la inhabilitación del magistrado, situación a la que también se sumaron la Fiscalía Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Juez ya se había inhabilitado en 2024
Según Biobío, Silva mantiene una relación de amistad con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, quienes representan a Lavín León y anteriormente también ejercieron la defensa de Barriga.
Durante la audiencia se planteó además que parte de las pruebas que serán discutidas en la preparación del juicio ya habían sido abordadas cuando Bonacic y Barahona representaban a la exalcaldesa. El propio magistrado reconoció la cercanía con ambos abogados y señaló que con Barahona mantiene una amistad de 15 años. También indicó que los dos profesionales lo han representado en causas particulares.
Silva ya se había inhabilitado en esta misma causa durante 2024 por su cercanía con los abogados. En esta oportunidad volvió a apartarse del proceso, aludiendo a la necesidad de resguardar la transparencia e imparcialidad de la audiencia.
Preparación del juicio quedó para el 19 de octubre
La inhabilitación obligó a suspender la audiencia, que finalmente quedó fijada para el 19 de octubre a las 09:00 horas.
La instancia corresponde a una etapa previa al juicio oral, en la cual las partes deben discutir las pruebas que podrán ser presentadas posteriormente ante el tribunal oral.
Causa contra Cathy Barriga
La causa contra Barriga contempla acusaciones por fraude al Fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, según los antecedentes consignados en la acusación del Ministerio Público. La Fiscalía solicita penas que, en conjunto, superan los 23 años de cárcel, mientras que el CDE, en calidad de querellante, pide 37 años de prisión.
La exalcaldesa fue formalizada entre el 16 y el 18 de enero de 2024 por delitos reiterados de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. En diciembre de 2025 se cerró la investigación y se presentó la acusación.