Fiscalía amplió la investigación contra el exdiputado con una nueva formalización por presuntos delitos que complican aún más su panorama frente a la justicia.
Nueva audiencia de formalización en contra del exdiputado Joaquín Lavín Jr. - Agencia Uno
La investigación por presunta corrupción contra Joaquín Lavín Jr. sumó un nuevo capítulo este miércoles 8 de julio, luego que la Fiscalía Metropolitana Oriente lo formalizara por una nueva arista relacionada con presuntos delitos electorales, ampliando la causa que ya mantiene al exdiputado imputado y en prisión preventiva por fraude al Fisco, tráfico de influencias y otros ilícitos.
La audiencia se realizó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia donde el Ministerio Público expuso nuevos antecedentes derivados del análisis de evidencia incautada durante la investigación, los cuales apuntan al eventual uso irregular de información electoral y al funcionamiento de una estructura destinada a favorecer campañas políticas, según expuso la Fiscalía durante la diligencia.
La nueva formalización incorpora presuntos delitos contemplados en la Ley sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, relacionados con el uso indebido de datos del Servel con fines distintos a los autorizados por la legislación vigente.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, la investigación sostiene que información obtenida desde el padrón electoral habría sido utilizada para actividades de carácter político y electoral mediante plataformas tecnológicas desarrolladas para campañas, situación cuya legalidad será determinada durante el proceso judicial.
Esta nueva imputación se suma a la investigación iniciada en mayo, cuando el Ministerio Público formalizó a Lavín León por fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso de instrumento privado mercantil, además de otras conductas presuntamente vinculadas al uso irregular de asignaciones parlamentarias.
Según la Fiscalía, parte de esos recursos públicos habría sido destinada al financiamiento de actividades políticas y electorales mediante facturas ideológicamente falsas y contratos cuestionados, antecedentes que forman parte de la investigación principal.
