Para tratar de entender el laberinto jurídico y político desatado en estas últimas semanas en Argentina, hay que partir de los dos principales vectores que cruzan el problema, la ley 26.737, conocida como Ley de Tierras y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, un megadecreto de más de 360 artículos, publicado el 21 de diciembre de 2023, apenas días después de iniciado el gobierno de Javier Milei, que corrió del tablero a centenares de leyes en el país trasandino, sorteando el debate parlamentario.
El DNU en efecto echó por tierra normas largamente debatidas y votadas por el Congreso, como la Ley de alquileres, la Ley de Empresas públicas, la Ley de Abastecimiento, de Góndolas, el Observatorio de precios, la Ley de Promoción Comercial, además de liberar los precios de la salud privada, pero entre todas ellas la que nos convoca, la ley 26.737.
Esta ley, promulgada en 2011, fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras en el país, cada provincia y cada municipio, y un 30% de ese cupo por nacionalidad. Limita a 1.000 hectáreas la titularidad en la zona núcleo y prohíbe expresamente que extranjeros sean dueños de predios con ríos, lagos o glaciares. Según Tierra Viva, alrededor del 5% del territorio rural ya es extranjero.
Pocas semanas después de promulgado el DNU, fueron presentados dos recursos de amparo contra el artículo 154 cuyo texto señala escuetamente “Derógase la Ley 26.737” (la Ley de Tierras).
Uno de los amparos fue presentado en la ciudad de La Plata, por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM), en defensa de la soberanía; y otro en Bariloche, de la organización Árbol de Pie, comunidades mapuche y la ex legisladora Magdalena Odarda, por el ambiente y los territorios indígenas.
En 2024 el artículo 154 fue suspendido, revertido y finalmente declarado inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata (21 de marzo).
Un dato relevante es que los DNU del Ejecutivo solo caen si ambas Cámaras —Diputados y Senadores—las rechazan con una mayoría calificada. El Senado rechazó el decreto por 40 votos a 25, pero Diputados nunca lo trató y la Corte dejó el expediente sin resolver durante dos años y medio.
Con la ley en plena vigencia, en 2026 el Gobierno fue nuevamente a la carga e intentó derogarla incluyéndola (quizás quepa decir escondiéndola) en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero los tiempos políticos no acompañaron este nuevo intento. Un sorpresivo y transversal rechazo ciudadano en gran medida atribuido a la fuerte ola soberanista iniciada tras el partido Argentina-Inglaterra el Mundial de fútbol obligó al gobierno libertario a retirar el capítulo de tierras y conformarse con aprobar la ley mutilada.
Cuando el tema parecía zanjado, el 29 de septiembre el Alto Tribunal abrió la caja de Pandora y revocó el fallo de La Plata por lo que validó el art. 154 argumentando que el CECIM no tenía legitimación para reclamar por la soberanía. En resumen, volvió a regir la derogación (es decir, tumbó la ley otra vez) y puso a Argentina en un limbo en el que nuevamente no había una norma que limitara la compra de campos para extranjeros.
La agrupación Árbol de Pie, que también fue parte del recurso de amparo, así como otros demandantes pidieron aclarar si ese fallo los alcanzaba y la Corte y pocos días después para sorpresa de todos y en una nueva voltereta, dictó el viernes 9 una cautelar interina que volvió a suspender ese controvertido artículo y repuso nuevamente los límites que la norma establece desde 2011. Los laberintos de la ley son inescrutables.
Ninguna de las dos decisiones, sin embargo, analizó lo nuclear del tema, la gran discusión que lo atraviesa, a saber, si es o no constitucional derogar por decreto una ley votada por el Congreso. Pero el ida y vuela le quitó presión al Gobierno, que enfrentaba el jueves 15 la posibilidad de que Diputados tumbara por completo el mencionado decreto.
Lo único claro de este monumental enredo es que volvió a encender una bronca transversal en varios espacios sociales y políticos y abrió una interrogante sobre la capacidad del Congreso para legislar y —en definitiva—sobre la separación de poderes.
El oxígeno a Milei
El Gobierno necesita apoyos de gobernadores y bloques dialoguistas para el último tramo de este período presidencial y su estrategia política de cara a las elecciones de 2027, y un debate legislativo atravesado por temas urticantes como la soberanía y la extranjerización de tierras prometía contaminar esas negociaciones.
El alivio, admitido por voceros del oficialismo sin embargo, es tan provisorio como la medida que lo causa. La Corte no resolvió la constitucionalidad de la derogación ni dijo si el decreto cumplía el requisito de urgencia. Si el escenario judicial cambia, la presión sobre Diputados puede reaparecer.
La oposición tantea formas de resistir
Pese al nuevo escenario definido por el nuevo fallo de los supremos los bloques de la oposición decidieron mantener en pie la sesión convocada del 15. Allí buscarán completar el rechazo al decreto ya decidió por el Senado en 2024, además de poner sobre la mesa otros temas que el gobierno libertario busca eludir hace meses, como la prórroga de la Ley emergencia en discapacidad —uno de los sectores más golpeados por la gestión libertaria— y el proyecto para abordar el sobreendeudamiento que afecta a millones de argentinos.
“Algo central como nuestro territorio no puede depender del humor de la Corte”, señalaron voceros del peronismo opositor, un sector que además ha manifestado preocupación por las operaciones inmobiliarias que podrían haberse concretado durante los diez días en que la decisión del máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la compra del territorio nacional por parte de capitales extranjeros.
La jornada del 15 coincidirá con una nueva Marcha Federal Universitaria, la quinta, y con una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) aún no anunció si se moviliza ni convocará a un paro, pero se estima que será una movilización de grandes proporciones por confluir una serie de reclamos
La agenda de protestas convoca un amplio arco que incluye al sindicalismo, las universidades, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y distintos sectores del peronismo.
Ruidos en el horizonte
Así las cosas, los titulares de los principales medios argentinos este fin de semana tampoco traen buenas noticias para la Casa Rosada. El cierre de 32.000 empresas en lo que va de la gestión Milei, la suba del riesgo país, los números rojos de una economía que no despega, rumores de salida y reemplazo del ministro de Economía luis “Toto” Caputo, innumerables talones de Aquiles del programa, la recaudación en declive de las provincias y una denuncia contra Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili por operaciones vinculadas a las reservas de oro durante 2025 con un resultado negativo de 1.023 millones de dólares repletan una agenda de la que el gobierno no logra liberarse ni controlar ni siquiera con el resultados de las elecciones brasileras, donde el aliado de Milei logró cifras que le permiten abordad con el optimismo el balotaje que tendrá lugar el 25 de octubre.
