Pese a la reiterada promesa de “no tocar” beneficios sociales, el listado de ellos que fueron afectados por los recortes del gobierno sumó ahora a la “Ley Ricarte Soto”.
Ley Ricarte Soto muy afectada por recortes del gobierno de Kast - Agencia Uno
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción real cercana al 14% en los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto, que entrega protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. La propuesta considera $166.951 millones, frente a los $189.696 millones asignados inicialmente para 2026 en Fonasa.
La Ley Ricarte Soto contempla actualmente 27 problemas de salud y establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo.
La cobertura es universal para personas afiliadas a Fonasa, Isapres, Dipreca o Capredena que cumplan los requisitos establecidos para las patologías incorporadas.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), cuestionó la reducción presupuestaria y sostuvo que podría afectar la cobertura de los pacientes que dependen de la normativa.
“Hay una caída de 28 mil millones de pesos del presupuesto del año pasado al de ahora, que es casi un 15% menos”, afirmó el senador. Castro agregó que actualmente serían 84 mil personas las acogidas a la Ley Ricarte Soto y sostuvo que resulta difícil mantener la misma cobertura con una reducción de esa magnitud.
El parlamentario también exigió durante la discusión presupuestaria que los recursos sean restituidos. En declaraciones difundidas el 6 de octubre, calificó la reducción como un “ataque realmente inhumano” y pidió reponer los fondos destinados a la ley.
Castro planteó además que el problema no se limitaría al número de medicamentos financiados, sino a la continuidad de las prestaciones para pacientes con enfermedades graves. Su planteamiento corresponde a una advertencia sobre los eventuales efectos del recorte, no a una confirmación de que los tratamientos hayan dejado de estar cubiertos.
El financiamiento de la Ley Ricarte Soto también ha sido objeto de cuestionamientos por la evolución de sus beneficiarios y gastos.
Según antecedentes de The Clinic, el número de beneficiarios aumentó desde 57 mil en 2023 a 75.232 en 2025. Aunque desde 2021 no se han incorporado nuevas patologías, durante 2025 sí se incorporaron nuevos tratamientos para enfermedades que ya forman parte de la cobertura.
En agosto de 2026 ya se había ejecutado el monto de $189.696 millones considerado para ese año y recogió la opinión de la economista en salud Daniela Sugg, quien cuestionó que se presupuesten menos recursos sin que el Ejecutivo haya explicitado las razones para esa reducción.
La ministra de Salud, May Chomali, descartó que la reducción presupuestaria vaya a dejar sin medicamentos a los pacientes cubiertos por la Ley Ricarte Soto.
Además, sostuvo que tanto las personas que ingresen al sistema como quienes ya reciben prestaciones continuarán obteniendo sus medicamentos. También calificó la discusión sobre el recorte como “tecnicismos” y afirmó que el Ministerio de Salud tiene el deber de entregar las prestaciones contempladas por la ley.
La ministra explicó además que el objetivo del Ejecutivo es entregar mayor sostenibilidad al sistema, argumentando que el número de pacientes se ha acumulado con el paso de los años.
