El Presupuesto 2027 recorta recursos para detectar y sancionar acciones que dañan la naturaleza y para evaluar el impacto de proyectos de inversión y exigir medidas de compensación.
Ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo.
Foto: Agencia UNO.Se conoció la propuesta de presupuesto 2027 y en el caso del Medio Ambiente, aunque las cifras parecen fluctuar poco, se reordenaron internamente varios gastos y se redujo el presupuesto para funciones clave como la fiscalización de ilegalidades que dañan ecosistemas o la evaluación ambiental de proyectos de inversión.
El proyecto de ley de presupuestos 2027 asigna M $98.631.633, un 2,1% nominal más que la ley 2026. Descontando un inflactor de 2,88% la partida cae 0,7% en términos reales, según un informe asociado a Rumbo Colectivo.
Los investigadores destacan que gran parte del aumento se concentra en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que es un nuevo servicio que se está implementando y que traspasa la función de administrar las áreas protegidas del Estado del Ministerio de Agricultura a través de Conaf, al Ministerio de Medio Ambiente.
Si se resta el presupuesto para este servicio, la cantidad de recursos asignados a Medio Ambiente cae 3,5% nominal. La mayor reducción se puede ver en el presupuesto para la Subsecretaría de Medio Ambiente, cuyos programas ven recortes significativos.
El presupuesto presenta un reajuste a dos funciones clave del Ministerio de Medio Ambiente. Uno es la fiscalización que ejerce la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para detectar y sancionar las ilegalidades que dañan el medio ambiente o cuando un proyecto incumple las condiciones impuestas en su permiso ambiental.
El presupuesto total para la SMA se reduce un 0,2% nominal, pero si se revisa específicamente el programa de fiscalización ambiental del organismo, el recorte es de un 19,2% real según el informe de Rumbo Colectivo.
También se ven recortes de personal: la SMA pierde 14 cargos de planta y dos cargos a honorarios.
El otro reajuste ocurre en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), encargado de revisar el impacto ambiental que tendrán los grandes proyectos de inversión que se instalan en el país, y exigir medidas de mitigación y reparación para las comunidades y ecosistemas afectados.
En total, el presupuesto para este servicio aumenta en un 5% real, pero el aumento se concentra en el gasto de personal, mientras que todas las otras asignaciones se recortan. El programa de administración de procesos de evaluación ambiental del SEA se reduce en 23% real y aumenta en 3 el personal contratado pero se pierden 5 cargos a honorarios.
Entre los recortes al SEA también se eliminan tres glosas que exigían rendir cuentas al servicio: el informe trimestral de proyectos en evaluación que incluía inversión, región, sector, resultado y tiempos de tramitación; el recorte sobre participación ciudadana y sus denegaciones y los informes sobre consultas de pertinencia, que es una alternativa para aprobar proyectos sin evaluación.
“El SEA tendría así más personal pero menos recursos para operar las evaluaciones, y dejaría de informar al Congreso los indicadores que permiten verificar su desempeño, en particular los tiempos de tramitación y el respeto a la participación ciudadana”, se explica en el informe.
Los recortes en el SEA y la SMA implican menos recursos de terreno y la eliminación de glosas sobre zonas de sacrificio, Antofagasta, Calama, participación ciudadana y consultas de pertinencia.
Estos recortes se dan en un contexto en que el gobierno actual y los cambios legislativos del gobierno anterior buscan acelerar la instalación de proyectos de inversión reduciendo las capacidades del Estado para anticipar y reducir los daños ambientales que generan estas actividades.
