viernes 20 de noviembre de 2026
Política

Cómo una supuesta firma falsa por el quórum del Presupuesto abrió una grieta entre el PS y el PPD y acabó en querella

La investigación de Fiscalía, una querella contra el senador Juan Luis Castro y las diferencias entre socialistas y PPD marcan la controversia hasta este viernes.

20 de noviembre de 2026 - 09:59

El caso involucra al senador Juan Luis Castro, quien gestionó la anulación de ambas autorizaciones durante la discusión del Presupuesto 2027, y enfrenta una investigación de oficio de la Fiscalía Regional de Valparaíso por el eventual uso no autorizado de la firma de Órdenes.

Al viernes 20 de noviembre, el episodio suma una querella criminal contra Castro presentada por Fundación Fuerza Ciudadana, cuestionamientos desde el PPD y una respuesta institucional de la Mesa del Senado, que sostiene que no existe una falsificación acreditada. Mientras tanto, la senadora afectada insiste en desconocer el documento utilizado para retirar su permiso.

Cómo comenzó la polémica por las firmas en el Senado

El conflicto comenzó el martes 17 de noviembre, cuando Juan Luis Castro, en su calidad de jefe del comité del Socialismo Democrático, gestionó el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS).

Ambos parlamentarios integran la comitiva que acompaña al presidente José Antonio Kast durante su gira por Asia y habían obtenido autorización del Senado para ausentarse del Congreso.

La modificación tuvo incidencia en los quórums requeridos para aprobar determinadas disposiciones del proyecto de Presupuesto 2027, particularmente aquellas relacionadas con la autorización de endeudamiento público. Al retirar los permisos, aumentaba la cantidad de votos necesarios para aprobar normas sujetas a quórums especiales.

La gestión se conoció durante las votaciones presupuestarias y fue comunicada en la Sala. Sin embargo, los dos parlamentarios manifestaron no haber sido consultados previamente.

Ximena Órdenes desconoció la firma utilizada para retirar su permiso

El miércoles 18 de noviembre, el senador Pedro Araya (PPD) leyó en la Sala una carta enviada por Ximena Órdenes al secretario general del Senado, Luis Rojas.

Desde China, la parlamentaria manifestó que nunca había solicitado retirar su autorización constitucional y negó haber suscrito o remitido un documento con ese propósito.

"No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito".

Posteriormente, desde Japón, donde continuaba acompañando al mandatario, Órdenes reiteró su desconocimiento del procedimiento y pidió esclarecer las circunstancias en que se presentó la documentación.

Tras su reclamo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), comunicó que los permisos constitucionales de ambos parlamentarios volverían a estar vigentes desde el miércoles 18 de noviembre.

La firma habría sido extraída de otro documento

Uno de los antecedentes que se conocieron durante el jueves apunta a la modalidad utilizada para incorporar la rúbrica de Ximena Órdenes al documento presentado ante el Senado.

Según fuentes de la Corporación, la firma cuestionada no habría sido electrónica, sino una rúbrica manuscrita que habría sido recortada de otro documento e incorporada al escrito utilizado para tramitar el retiro del permiso.

No se ha hecho público un peritaje que confirme su procedencia. Por lo tanto, la eventual manipulación de la rúbrica continúa siendo materia de investigación y no constituye un hecho acreditado judicialmente.

Fiscalía abrió investigación de oficio y Rodolfo Carter pidió denunciar

La controversia llegó al ámbito penal el miércoles 18 de noviembre, cuando la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer el eventual uso no autorizado de la firma de Ximena Órdenes.

La indagatoria busca establecer cómo se elaboró y presentó el documento, quiénes participaron en su tramitación y si los antecedentes configuran algún delito.

Ese mismo miércoles, durante la sesión del Senado, el parlamentario Rodolfo Carter (independiente-Republicanos) solicitó al secretario general de la Corporación, Luis Rojas, certificar lo ocurrido y remitir los antecedentes al Ministerio Público.

"A lo menos hay una falsificación de firmas de un senador de la República, de una senadora de la República", planteó Carter durante su intervención.

Juan Luis Castro respondió entonces que el asunto reglamentario se había resuelto la noche anterior, en conformidad con la propia interesada. La investigación de Fiscalía, sin embargo, no supone una determinación sobre la existencia de falsificación ni sobre eventuales responsables.

Querella contra Juan Luis Castro y petición de desafuero

El jueves 19 de noviembre, Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal contra Juan Luis Castro y quienes resulten responsables por los hechos relacionados con el retiro de los permisos constitucionales.

La acción judicial busca esclarecer las circunstancias en que se gestionó el documento utilizado para retirar la autorización de Ximena Órdenes y establecer las eventuales responsabilidades penales.

La presentación también contempla la posibilidad de solicitar el desafuero del senador, en caso de cumplirse los requisitos legales correspondientes.

La querella se suma a la investigación iniciada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, pero ambas actuaciones tienen alcances distintos: la primera corresponde a una acción judicial presentada por una organización, mientras que la segunda es una indagatoria iniciada de oficio por el Ministerio Público.

Mesa del Senado descarta una falsificación acreditada

El jueves 19 de noviembre, la Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez y con Iván Moreira (UDI) en la vicepresidencia, emitió una declaración pública para abordar la controversia.

La directiva sostuvo que no existe una confirmación de falsificación de firmas en la tramitación de los permisos constitucionales.

"Resulta improcedente presentar como un hecho acreditado una situación que no ha sido establecida", señaló la declaración.

La Mesa explicó que la Secretaría del Senado recibió los documentos correspondientes siguiendo los procedimientos habituales de la Corporación. Sin embargo, precisó que esa recepción constituye un trámite administrativo y no implica validar las autorizaciones ni comprobar las circunstancias en que fueron suscritas.

Respecto del reclamo de Órdenes, la directiva anunció que revisará los antecedentes presentados durante la sesión de Sala y determinará los pasos institucionales correspondientes.

También precisó que, hasta ese momento, el Senado no había recibido una comunicación oficial ni una notificación formal sobre la investigación del Ministerio Público, aunque comprometió su colaboración ante eventuales requerimientos.

Claudio Alvarado calificó el caso como de máxima gravedad

El vicepresidente de la República y biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó el episodio el jueves 19 de noviembre.

La autoridad calificó como de "máxima gravedad" la eventual utilización de documentos no fidedignos para modificar los quórums del Senado durante la discusión presupuestaria.

"Tratar de alterar los quórum del Senado de la República, a través de documentos que no son fidedignos, yo creo que es de la máxima gravedad. Es altamente cuestionable y éticamente reprochable". "Tratar de alterar los quórum del Senado de la República, a través de documentos que no son fidedignos, yo creo que es de la máxima gravedad. Es altamente cuestionable y éticamente reprochable".

Alvarado agregó que corresponde a las instancias competentes determinar si existió alguna infracción o delito, evitando anticipar responsabilidades penales.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también se refirió al episodio y sostuvo que no se produjo una alteración efectiva de los quórums, puesto que la votación se suspendió y posteriormente se realizó con el cálculo correspondiente.

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