El proyecto “Reserva Ecológica Oasis de La Campana” comenzó como un proyecto de vida en un entorno natural con baja densidad de viviendas y un enfoque de conservación. Pero terminó en una larga batalla legal con vecinos demandados por la propia inmobiliaria que les vendió sus propiedades, y acusaciones de intimidación empresarial.
El conflicto comenzó en 2019, cuando algunos vecinos ya vivían en las primeras parcelas del sector, con un reglamento que priorizaba la conservación de la naturaleza nativa del sector, que incluye zonas con bosque esclerófilo y palmas chilenas, que están en peligro de extinción. El sector está en las cercanías del Parque Nacional La Campana; hogar clave para esta especie.
Loteo y demandas
Desde la inmobiliaria anunciaron que el loteo crecería para incluir 2 mil parcelas, y empezaron a vender cientos de lotes, provocando la molestia de vecinos, que acusan engaños y un quiebre en las reglas que se habían establecido.
Los vecinos denunciaron el proyecto ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que formuló un cargo gravísimo contra la empresa por modificar el proyecto y agrandar su escala sin contar con permiso ambiental para hacerlo. El proceso sancionatorio sigue en curso y la inmobiliaria arriesga una multa de más de $8 mil millones.
Cuando empezaron a difundir esta situación entre la comunidad, desde la inmobiliaria interpusieron 15 demandas civiles contra vecinos del sector por más de $1.000 millones cada una, según recuerda el abogado de los vecinos, Miguel Fredes.
Los dueños y gerentes de la inmobiliaria acusan a los vecinos de afectar su reputación y la venta de parcelas, por informar entre la comunidad la presión que significaría este proyecto para el agua y la biodiversidad nativa de la zona. Los demandantes exigen indemnizaciones por daño moral y lucro cesante.
¿Demandar para intimidar?
Al avanzar el proceso legal, los vecinos demandados han acusado que la inmobiliaria está utilizando los juicios como una herramienta de intimidación en contra de la defensa ambiental y territorial que están ejerciendo.
Este tipo de casos han ido creciendo en el mundo ambiental y son denominados como Litigios estratégicos contra la participación pública, o SLAPP por sus siglas en inglés. En estos procesos, el fin no es condenar una actitud ilegal sino intimidar y silenciar a los defensores ambientales.
Como parte del juicio, desde la defensa de las y los vecinos denunciaron el uso desproporcionado de la acción legal, por lo que el juzgado de letras citó a la inmobiliaria a declarar y responder preguntas hechas por los demandados.
“El dictamen permitirá al juez revisar de forma directa las intenciones de quienes emplean herramientas y presión judicial para instrumentalizar los tribunales, desgastar económicamente a los vecinos y acallar el ejercicio de la libertad de expresión”, concluye Fredes.