La Sala Penal de la Corte Suprema cerró la puerta a los beneficios carcelarios anticipados para el exuniformado Nelson Medina Gálvez, en el marco del caso Quemados, que pretendía rebajar el plazo mínimo de reclusión fijado por Gendarmería, aspirando a postular a la libertad condicional tras cumplir apenas 10 años de presidio y no los dos tercios de su pena que exige la normativa.
El máximo tribunal respaldó la resolución dictada en octubre por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El caso tiene como protagonistas a Carmen Gloria Quintana, víctima de las graves quemaduras llevadas a cabo por un patrullaje durante la dictadura. El joven fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, la otra víctima, no logró sobrevivir al ataque.
Frente al fallo, el abogado de Quintana, Francisco Bustos, valoró la resolución de la Suprema que ratifica el dictamen del tribunal de segunda instancia.
"Valoramos que la Corte Suprema haya confirmado el rechazo a esta acción que buscaba impunidad. En los últimos meses hemos sido testigos de la presentación de diversas solicitudes de reducciones de condena, libertad condicional o liberación anticipada, que buscan librar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad de las consecuencias de sus actos”, sostuvo el jurista.
El abogado extrapoló el fallo a los casos de rebaja de condenas a criminales de lesa humanidad autorizados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dados a conocer mediante la prensa.
“Este cuadro se vuelve más preocupante si pensamos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde marzo, se ha negado a transparentar información sobre quiénes han solicitado reducciones de condena, indultos y otros beneficios; y por otro lado, también el Programa de Derechos Humanos —dependiente del ministerio— ha dejado de hacerse presente en estrados para oponerse a las solicitudes de beneficios, lo cual es un incumplimiento de sus obligaciones legales".
El fallo por el caso Quemados
Medina Gálvez fue sentenciado a 20 años de presidio por su autoría en el homicidio calificado consumado del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, ataque ocurrido en Estación Central durante las protestas contra la dictadura de Augusto Pinochet en julio de 1986.
El condenado comenzó a cumplir su pena en el penal Colina I recién el 25 de enero de 2024, por lo que recién tras completar dos tercios de la condena —además de acreditar otras exigencias legales— quedará habilitado para postular a beneficios carcelarios.
Otros reveses judiciales para exagentes de la CNI y la FACH
En contraste con las rebajas decretadas por el Ejecutivo, distintas salas de la Corte de Apelaciones de Santiago han desestimado una serie de recursos de amparo interpuestos contra Gendarmería y el Ministerio de Justicia por condenados de lesa humanidad:
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Patricio Leonidas González Cortés (Tercera Sala): El tribunal negó la rebaja de 19 meses y la excarcelación inmediata invocando buena conducta al empleado civil del Ejército. Recluido en Colina I desde abril de 2017 (con fecha de término en abril de 2027), purga 10 años y un día por el secuestro calificado de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987, represalia de la CNI tras la captura del exsubdirector de FAMAE, Carlos Carreño.
Heraldo Velozo Gallegos (Séptima Sala): Se rechazó una petición idéntica de rebaja de 19 meses por buena conducta para el cabo del Ejército interno en Colina I. Tanto en su expediente como en el de González Cortés figuraban informes favorables emitidos por el exsubsecretario Luis Silva, quien se allanó a las peticiones de la misma forma en que lo hizo con los tres exagentes de la CNI que hoy están libres, gestión que finalmente le costó la salida de su cargo.
Alejandro Francisco Astudillo Adonis (Quinta Sala): Se denegó el amparo del exoficial de la Fuerza Aérea recluido en Punta Peuco por causas como la Operación Colombo, el "caso Calcinados" y crímenes contra militantes del MIR, el FPMR y el Partido Socialista. Su defensa exigía aplicar los criterios originales del Decreto Ley 321 vigentes al momento de los hechos para acceder a la libertad supervisada fuera del penal.