La Contraloría General de la República (CGR) dio un plazo de 10 días hábiles administrativos al Ministerio de Ciencias para trasparentar los alcances del acuerdo suscrito por la jefa de la cartera, Ximena Lincolao, y OpenAI, la empresa tecnológica estadounidense de desarrollo de inteligencia artificial, creadora de Chat GPT.
La instrucción se origina luego de que la CGR recibiera un oficio del diputado Jaime Araya (Ind-PPD) pidiendo al organismo autónomo pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo y determinar si el ministerio cuenta con las atribuciones para suscribirlo.
"Nos preocupan las cláusulas de confidencialidad y las atribuciones de la ministra Lincolao para suscribirlo".
Frente a la respuesta de la CGR al oficio de Araya, el diputado valoró que el organismo examine los antecedentes y se pronuncie al respecto.
¿Por qué el acuerdo con OpenAI preocupa a la oposición?
El gigante tecnológico ha sido blanco de diversas críticas sobre ciberseguridad. Por ejemplo, en mayo de este año, los regulares de privacidad de Canadá acusaron a OpenAI de incumplir la normativa de protección de datos personales frente al despliegue de ChatGPT, al recopilar información íntima de individuos —incluyendo a menores de edad— sobre antecedentes de salud e ideología, sin consentimiento válido.
Otro caso se reporto en 2024 cuando la organización austriaca de derechos digitales Noyb denunció a OpenAI por inventar datos personales falsos infringiendo el reglamento europeo que establece que la información de personas reales debe ser exacta y clara. De hecho, la propia empresa admitió en ese periodo que no podía corregir esos datos.