Martín Arrau defendió la reforma constitucional de seguridad y afirmó que los cambios propuestos responden a un análisis jurídico previo.
Martin Arrau, Ministro de Seguridad Publica - Agencia Uno
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y respondió a las críticas surgidas desde la oposición y algunos sectores políticos respecto de la decisión de modificar la Carta Fundamental.
En entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el secretario de Estado afirmó que la Constitución no debe ser considerada intocable y aseguró que el Ejecutivo optó por presentar una reforma luego de analizar las restricciones constitucionales y legales existentes.
La iniciativa fue ingresada por el Gobierno al Senado el lunes 17 de agosto, con suma urgencia, en el marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El proyecto busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción constitucional.
La propuesta contempla ocho modificaciones a la Constitución, relacionadas con seguridad pública, crimen organizado, régimen penitenciario, organizaciones criminales y estados de excepción. El martes 18 de agosto estaba previsto que el proyecto fuera informado en la Sala del Senado para luego ser derivado a comisión e iniciar su discusión legislativa.
Arrau explicó que la decisión de recurrir a una reforma constitucional no obedeció, según sus palabras, a una preferencia del Gobierno por modificar la Carta Fundamental, sino al análisis realizado por expertos respecto de las materias que pueden regularse mediante ley y aquellas que requieren cambios constitucionales.
“Si algo se puede hacer por ley, es bastante más sencillo que entrar a la Constitución. Nos hubiéramos ahorrado toda esta discusión”, afirmó el ministro.
En defensa de su posición, Arrau sostuvo que la actual Constitución ya ha experimentado numerosas modificaciones y mencionó como ejemplos recientes la creación de la Fiscalía Supraterritorial y el traslado de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.
El ministro también aludió a otras reformas constitucionales relacionadas con materias de seguridad, como la infraestructura crítica y la ampliación del plazo de retención migratoria administrativa para efectos de expulsión.
“En los últimos meses o años se creó la Fiscalía Superterritorial, que es una reforma constitucional; se traslada a Gendarmería desde Justicia al Ministerio de Seguridad, que es otra reforma constitucional”, señaló.
Las críticas opositoras se han concentrado particularmente en la forma en que la reforma aborda los beneficios sociales de personas condenadas por determinados delitos.
La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, cuestionó la iniciativa y sostuvo que existe una contradicción entre la propuesta actual y el discurso que José Antonio Kast habría planteado durante la campaña presidencial respecto de la necesidad de aplicar las herramientas existentes en lugar de impulsar nuevas legislaciones.
En conversación con Radio Duna, Yeomans afirmó que una reforma constitucional no contribuiría, a su juicio, a mejorar la seguridad y cuestionó que el Gobierno haya optado por incorporar las modificaciones dentro de la Carta Fundamental.
Uno de los puntos que criticó establece que una ley de quórum calificado podrá determinar restricciones o privaciones de determinados beneficios sociales para personas condenadas por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.
“Lo que veo es que se quiere hacer una trampa en el fondo”, sostuvo Yeomans, quien acusó que utilizar una legislación posterior para establecer esas restricciones podría significar, desde su perspectiva, “saltarse la Constitución”.
