Mientras el tráfico lava dinero y conquista barrios, Kast descubre en las barricadas a su gran enemigo. Mucho uniforme, mucha amenaza y muy poca persecución al dinero; pero siempre hay tiempo para rezar entre curas y pastores.
Presidente José Antonio Kast. Créditos: Agencia Uno.
Llevamos apenas unos meses de gobierno y la realidad empieza a ser difícil de maquillar: inflación en 4,3% y al alza, bencina que no deja de subir, anuncios de rebajas que duran poco, una UF en valores históricos, cesantía cercana al 10% y un costo de vida que sigue golpeando a las familias. A eso se suma un problema de seguridad real, con narcotráfico instalado en barrios donde el Estado ha perdido terreno.
Y frente a este escenario, ¿cuál parece ser una de las grandes prioridades del gobierno? La barricada, el bloqueo de una calle y la ampliación de las facultades de policías, gendarmes y Fuerzas Armadas.
Kast sostiene que quien actúe en legítima defensa, protegiendo su vida o la de un tercero, no debería ser tratado por la ley como un delincuente. También plantea que una barricada u obstáculo utilizado para bloquear ilegalmente una vía podría constituir un delito.
Nadie puede discutir que el Estado debe proteger a sus policías ni recuperar espacios públicos. El problema aparece cuando una política presentada como seguridad termina poniendo en el mismo plano al crimen organizado y a la protesta social. Ahí la seguridad deja de ser solamente una herramienta contra el delito y empieza a convertirse en una herramienta de control político.
Guardando las proporciones, el lenguaje obliga además a recordar los Bandos N.º 5 y N.º 15 de la dictadura del 11 de septiembre de 1973. El primero llevó la resistencia armada y el sabotaje a Tribunales Militares de Tiempo de Guerra; el segundo llegó a establecer la posibilidad de ejecutar en el lugar de los hechos a quienes atentaran contra las Fuerzas Armadas. Fueron parte del aparato de militarización de la justicia y represión sumaria con que comenzó operando el genocida de Pinochet. No estamos en 1973, pero la historia debería servir precisamente para reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde.
Kast utiliza además conceptos y símbolos que recuerdan esa dictadura que él admira. Hasta la llamada “reconstrucción nacional”, utilizada para describir el desastre que habría dejado el gobierno anterior, aunque las cifras digan lo contrario. Y esa campaña estatal para ayudar a damnificados suena demasiado a aquel viejo “donen sus joyas para levantar Chile”.
Pero mientras el gobierno mira hacia la calle, los traficantes sigue haciendo lo que realmente debería preocupar a cualquier política seria de seguridad: ganar territorio y dinero.
La pregunta es simple: ¿dónde está el plan para seguir esa plata?, claramente no existe y además pareciera que les incomoda o involucra.
El crimen organizado no funciona solo con efectivo. Necesita testaferros, cuentas, empresas, transferencias y mecanismos para introducir dinero ilícito en la economía formal. Colombia lo aprendió durante la expansión de los carteles: combatir el narcotráfico sin seguir la ruta del dinero deja intacta una parte esencial del negocio.
Por eso, cuando se discute levantar el secreto bancario para investigar operaciones sospechosas, la discusión debería estar en el centro de cualquier estrategia contra el crimen organizado. No se trata de perseguir a cualquiera ni de eliminar garantías, sino de entregar al Estado herramientas eficaces para identificar operaciones vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.
Mucho uniforme en la calle y poca persecución del dinero no es una estrategia contra el crimen organizado. Es, en el mejor de los casos, responde más a una estrategia de control del orden público.
Y mientras eso ocurre, el gobierno tampoco parece particularmente preocupado por aliviar la vida cotidiana de las familias.
No basta con un capellán católico; ahora también se arma un espacio para un pastor evangélico, pese a que Chile es un Estado laico y no confesional. Como si las familias pudieran pagar sus cuentas con sermones y prédicas de fe.
Y ahora el ministro Gioros llevaron al Tribunal Constitucional la norma que obligaba a las empresas de servicios a reconectar gratuitamente las viviendas ubicadas en zonas declaradas de catástrofe.
¿Quién sufrirá las consecuencias? Las familias de la Tercera y Cuarta Región, no las grandes empresas.
Ese parece ser el patrón: cuando se trata de aliviar el bolsillo de las familias siempre hay límites, excusas o ayudas miserables. Pero cuando se trata de defender a las grandes empresas y a las grandes fortunas, a la elite, el gobierno actúa con rapidez y decisión.
Kast necesita un verdadero plan de seguridad: perseguir al narco en los barrios y en sus redes financieras, atacar el lavado de dinero y fortalecer a las policías sin transformar cada conflicto social en una amenaza de seguridad nacional y consigo la perdida de derechos adquiridos.
Porque si la gran respuesta frente al crimen organizado termina siendo una barricada, un manifestante y un soldado en la calle, quizás el gobierno esté mirando el lugar equivocado.
El crimen organizado no se combate solamente con más uniformes. Se combate siguiendo el dinero y atacando el foco del problema. Lo otro es verborrea barata.
