El mandatario respondió a los reparos de Guillermo Ramírez a la reforma de seguridad, mientras RN también cuestionó algunos cambios constitucionales impulsados por el Gobierno.
Kast responde a Ramírez - Agencia Uno
El presidente José Antonio Kast respondió este lunes a las críticas de Guillermo Ramírez (UDI), a la reforma constitucional en materia de seguridad que impulsa el Gobierno, en un nuevo episodio de diferencias dentro del oficialismo.
El mandatario llamó a esperar el debate legislativo antes de anticipar un rechazo a la iniciativa y calificó como “muy apresurado” sostener que el Ejecutivo no contará con los votos necesarios para aprobarla. La discusión se produce mientras el Gobierno prepara el ingreso del proyecto al Senado y distintos sectores de la derecha han planteado reparos al contenido conocido hasta ahora.
Guillermo Ramírez había señalado que la UDI no está en condiciones de apoyar las reformas constitucionales de seguridad en los términos conocidos hasta ahora, argumentando que algunas de las modificaciones propuestas podrían afectar la institucionalidad.
El presidente de la UDI no planteó un rechazo general a todas las materias incluidas en la iniciativa. De hecho, en entrevista con La Tercera, explicó que su partido sí respalda algunas modificaciones, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción vinculado a situaciones de seguridad.
El principal cuestionamiento apunta a la incorporación en la Constitución de materias que, a juicio de Ramírez, deberían ser reguladas mediante leyes.
Frente a esta posición, Kast sostuvo que es legítimo que existan distintas opiniones dentro del oficialismo, pero cuestionó que se adelante una eventual derrota legislativa antes de conocer y discutir formalmente el proyecto.
“Es una cuestión muy apresurada”, señaló el presidente respecto de anticipar que la iniciativa no tendría los votos necesarios, en entrevista con radio Duna.
Kast planteó que será durante la tramitación legislativa cuando los parlamentarios deberán evaluar el contenido de la propuesta y definir sus posiciones.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no cuestiona la totalidad de la reforma constitucional de seguridad. De hecho, sostiene que hay modificaciones que sí deben realizarse mediante la Constitución, como el establecimiento de un nuevo estado de excepción. Su principal reparo está en que el proyecto incorpora determinadas excepciones que, a su juicio, corresponden a materias que deben ser reguladas mediante leyes.
Uno de los ejemplos que entregó Ramírez está relacionado directamente con los regímenes carcelarios para integrantes del crimen organizado.
Según explicó, el borrador contempla una modificación al artículo 9 bis y otra al artículo 19 N°2 de la Constitución, estableciendo que no se consideraría arbitrario que puedan existir distintos regímenes penitenciarios para personas pertenecientes a organizaciones criminales. Para el timonel de la UDI, llevar esa excepción directamente a la Carta Fundamental es el problema.
La crítica de Ramírez apunta a que las condiciones y diferencias entre los regímenes penitenciarios deberían quedar establecidas en la legislación, y no mediante una excepción constitucional. Su preocupación es que, al incorporar este tipo de reglas específicas a la Constitución, se termine utilizando la Carta Fundamental para resolver materias contingentes y se debilite su función como marco general del ordenamiento jurídico.
Ramírez advirtió, además, que establecer excepciones de este tipo en la Constitución puede generar un precedente para que futuros gobiernos impulsen nuevas excepciones constitucionales según sus propias necesidades políticas.
Por eso, su oposición no está dirigida a endurecer las condiciones para personas condenadas por crimen organizado, sino a la forma escogida para hacerlo: a su juicio, esas restricciones pueden avanzar mediante leyes sin modificar la estructura y los principios generales de la Constitución.
Las críticas no provinieron únicamente de la UDI. La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, también manifestó reparos a la utilización de reformas constitucionales para abordar determinadas materias de seguridad.
La senadora reafirmó el respaldo de RN a la agenda de seguridad del Gobierno, pero planteó que la Constitución no debería convertirse en un catálogo de medidas destinadas a resolver problemas específicos de política pública.
Balladares sostuvo que las modificaciones constitucionales requieren un debate jurídico y político más amplio y que el objetivo de fortalecer la seguridad debe compatibilizarse con el respeto a la institucionalidad.
Su posición se suma así a los cuestionamientos planteados por Ramírez, aunque ni la UDI ni RN han rechazado la agenda de seguridad del Gobierno en su conjunto.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también intervino en la controversia y pidió esperar a conocer el texto definitivo antes de establecer posiciones respecto de la iniciativa.
Arrau explicó que parte de las críticas parlamentarias se han construido a partir de borradores que fueron modificados durante el proceso de elaboración.
“Yo esperaría, llamaría a la calma para tener una opinión un poco más fundada”, sostuvo el secretario de Estado.
El ministro agregó que la discusión sobre seguridad y la defensa de la institucionalidad no deben entenderse como objetivos contrapuestos.
“Acá no hay un antagonismo entre institucionalidad y más seguridad”, afirmó.
