El borrador de reforma de seguridad ha encendido alarmas, especialmente por la suspensión de prestaciones de salud para condenados por delitos graves.
Presidente José Antonio Kast. Créditos: Agencia Uno.
A pesar de que el texto aún no inicia formalmente su tramitación, las filtraciones de la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) encendieron un nuevo cruce interno en el oficialismo en La Moneda y el Congreso.
El foco del debate radica en un borrador de 15 páginas que considera aplicar restricciones constitucionales severas. El punto que encendió las alarmas otorga facultades para fijar medidas penales especiales y determina que las personas sentenciadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado sufrirán la suspensión de sus prestaciones de salud.
La controversia se agudizó tras las declaraciones de la ministra de Salud, May Chomali, quien expresó sus resguardos respecto de los efectos del texto sobre la red sanitaria pública: “podría generar incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos, como la ley de urgencias”, planteó en CNN Chile.
La respuesta del jefe de Seguridad, Martín Arrau, no tardó. Durante una entrevista con Radio Infinita, descalificó las aprensiones de su compañera de gabinete: “la ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional; es un proyecto que todavía no ha sido público. Así que yo creo que está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto”, dijo este viernes.
Sin embargo, horas más tardes, el secretario de Estado bajó el perfil al choque interno: “he hablado con la ministra de Salud. Ella no ha estado al tanto de todos los borradores que han habido de la reforma constitucional. Lo que se ha filtrado en la prensa es algo muy antiguo”.
El senador Matías Walker (Demócratas) cuestionó el borrador de la reforma calificándola como "demencial" y que "no es reformando la Constitución como vamos a lograr perseguir al crimen organizado”. Asimismo, una de sus crítica refiere al punto que menciona la inhabilitación de prestaciones de salud para condenados por delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
Arista que incluso preocupó a la ministra Chomali al considerar que la medida podría traer "enormes repercusiones" y que es "incompatible" con el derecho a la salud: "La atención de salud no puede convertirse en parte de la pena".
Por su parte, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió advirtiendo que habrán personeros que buscarán obstaculizar cambios para Chile: “aparecerán temores en algunos que tratarán de frenar los cambios que necesitamos para ganarle al crimen organizado (...). No es tiempo para los buenismos que nos tienen en la condición en la estamos hoy”.
Sus declaraciones provocaron que el senador Walker respondiera sosteniendo que "lo que quiere Arturo Squella es marcar diferencias y no aunar acuerdos amplios en materia de seguridad", dijo.
En la misma línea, el senador Javier Macaya (UDI) también marcó distancia de este punto: "una cosa es restringir beneficios del Estado a quienes cometen delitos graves, y en eso obviamente estamos de acuerdo, y otra muy distinta es poner en riesgo el acceso a prestaciones esenciales como la salud".
Sin embargo, son temas que deberán ser abordados una vez presentado el proyecto de forma oficial: "eso hay que precisarlo y corregirlo durante la discusión”.
