La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó que un hombre con una deuda de 7,9 UTM no podía iniciar un juicio para terminar su pensión de alimentos.
Corte de Apelaciones de Puerto Montt / Poder Judicial
Un hombre que buscaba dejar de pagar una pensión de alimentos acudió al Juzgado de Familia de Castro, pero su demanda no fue admitida porque figuraba en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Tras apelar, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó que no podía iniciar ese procedimiento mientras mantuviera su inscripción vigente.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el conflicto comenzó con una resolución del 6 de enero de 2026. Ese día, el tribunal de Castro decidió no tramitar la solicitud de cese de alimentos, al constatar que el demandante aparecía inscrito en el registro destinado a quienes mantienen pensiones impagas.
El hombre cuestionó esa decisión y sostuvo que su inscripción era incorrecta. Para respaldar su postura, citó un certificado general de deuda que, según explicó, solo registraba dos mensualidades pendientes. Argumentó que la ley exige al menos tres pagos consecutivos impagos o cinco discontinuos para incorporar a una persona al registro.
Por esa razón, atribuyó su permanencia en la nómina a un error o demora administrativa. Solicitó que esa circunstancia se considerara una excepción y permitiera revisar judicialmente su petición de dejar de pagar la pensión.
Sin embargo, al examinar los antecedentes, la Corte encontró información adicional. Aunque el certificado del 6 de enero señalaba una deuda de 5,3 unidades tributarias mensuales (UTM), una liquidación del 2 de enero, incorporada a la causa de cumplimiento, registraba 7,9 UTM correspondientes a tres períodos.
Para los jueces, ese último documento demostraba que el solicitante sí reunía las condiciones legales para permanecer inscrito. La sentencia precisó que no se detectaron “los errores administrativos alegados”, por lo que el impedimento para presentar la demanda seguía vigente.
La Corte recordó que la Ley N°14.908 obliga a los tribunales a declarar inadmisibles las demandas para rebajar o terminar una pensión cuando quien las presenta está inscrito en el registro, salvo que existan antecedentes especiales que justifiquen una excepción.
En consecuencia, el tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado de Familia de Castro, sin imponer costas por la apelación.
