Estas semanas se han vivido dos realidades paralelas en materia de transportes. Por un lado, masivas manifestaciones provocadas principalmente por el alza en los costos de los combustibles han mantenido cortadas varias carreteras en el país. Por el otro, una ofensiva política de la industria de comercio automotriz en Chile intenta retrasar la implementación de la ley de eficiencia energética, que obliga a vender automóviles nuevos de mayor eficiencia (menos uso de petróleo). La ironía es visible.
No es nuevo que tengamos conflictos sociales provocados por nuestra dependencia del petróleo y, mirando la geopolítica en torno a este y otros combustibles fósiles, no es esperable que la situación cambie a nuestro favor. Durante el siglo XX el mundo se hizo adicto y dependiente de estos combustibles, cuestión que hoy se traduce al mismo tiempo en guerras, desastres climáticos y conflictos internos en los países. Afortunadamente, nuestro territorio ha estado exento de las guerras, pero este año ha sido particularmente intenso en torno a los otros efectos.
En este sentido, tener una ruta de salida para nuestra dependencia parecería lo más lógico si se quiere tomar las cosas en serio y abordarlas no solo en lo inmediato, sino también en el mediano y largo plazo. La Ley Marco de Cambio Climático fija un horizonte de carbono-neutralidad para el año 2050, pero eso se queda corto frente a los desafíos que enfrentamos hoy.
El objetivo, no solo climático, sino también económico y de seguridad, debería ser que abandonemos la dependencia del petróleo en las próximas décadas, para alcanzar la soberanía energética: una soberanía bien planificada, que no debería plantearse solo sobre la base de la sustitución del petróleo por la electricidad de fuentes renovables, sino también sobre la reducción de costos para la población en general y una mayor autonomía en la generación y consumo de energía, para sus distintos usos. Todas son cuestiones que requieren de un esfuerzo colectivo que difícilmente existirá sin la guía y el empuje del Estado, como gestor del interés colectivo.
Los conflictos que se enunciaron al comienzo de esta columna presentan un escenario para que el gobierno avance en una agenda de protección de la soberanía nacional en este sentido, a la vez que contenga el aumento de los costos de vida mientras se implementan medidas para reducirlos.
En el caso del conflicto con los transportistas, es evidente que las primeras medidas tienen que apuntar a reducir los costos de los combustibles, pero sería poco inteligente que las medidas se quedaran ahí, pues volveremos a tener los mismos conflictos una y otra vez, con costos sociales y económicos en cada una de dichas ocasiones. En el mediano plazo, la respuesta está precisamente en el otro conflicto que se enunció y que dice relación con la eficiencia energética.
De acuerdo con lo que establece la ley de eficiencia energética, este año 2026 el Ministerio de Energía debería dictar las resoluciones con los estándares de eficiencia para vehículos pesados nuevos. Una resolución más estricta forzará que los buses y camiones nuevos que se vendan en Chile usen menos petróleo, reduciendo los costos para los transportistas.
Adicionalmente, el Ministerio de Energía debería mirar con atención la posibilidad de generar mejores condiciones de incentivo para la adquisición de vehículos eléctricos, que hoy tienen beneficios principalmente para flotas empresariales, pero no necesariamente para pequeños propietarios. Es del caso señalar que en China, ya un 50% de los camiones nuevos que se venden, son eléctricos.
Respecto del segundo conflicto que se enunció, la respuesta es evidente: no es aceptable que se retrase la implementación de las metas de eficiencia para automóviles, y una decisión que lo hiciera solo sería en beneficio de algunos importadores, pero en contra del mejor interés de los consumidores, que nos veremos beneficiados por autos que gastan menos combustible y que, por lo tanto, nos generan importantes ahorros a mediano plazo ($250.000.- anuales, de acuerdo a un análisis de uno.cinco).
De nuevo, sin embargo, se extrañan mayores medidas de incentivo a la electromovilidad y a otros tipos de transporte sostenible. La inversión en ciclovías, detenida por el Ministro de Vivienda, es un gran ejemplo de esta falta de visión y algo que requiere ser revertido por el gobierno. Lo mismo pasa con la drástica reducción de presupuesto en materia de electromovilidad, electrificación rural e incentivos a las energías renovables, entre otros.
Así entonces, la coyuntura económica y política le muestra al gobierno un camino claro de beneficio para el país, el que lamentablemente no parece estar siendo seriamente considerado.
Con las carreteras cortadas por un lado y los importadores pidiendo pista por el otro, el gobierno parece más preocupado de que haya que bailar para pasar, que de los asuntos de fondo que podrían mejorar nuestro futuro. Para quienes hablan tanto sobre la necesidad de eficiencia y protección de la soberanía nacional, quizás este sea el momento de poner a prueba ese discurso. Veremos si les da el ritmo.
