Acusar a los sitios de memoria de convertirse en espacios de proselitismo político es una nueva expresión del negacionismo que busca relativizar los crímenes de la dictadura. Detrás de estas decisiones presupuestarias hay algo más profundo: una retórica de odio que vuelve a despreciar a las víctimas y pretende imponer el silencio sobre una historia escrita con sangre.
Podría escribir una columna todos los días, porque este desgobierno da material a diario. Sobran los motivos: el paro de los camioneros, el alza de los combustibles, una administración sin rumbo ni conducción y tantos otros temas. Sin embargo, esta vez prefiero detenerme en la partida presupuestaria, en algo profundo y preocupante: mil pesos.
Eso es lo que la Comisión Mixta de Presupuestos dejó a seis instituciones de memoria, entre ellas el Museo de la Memoria, Londres 38 y el Estadio Nacional, tras indicaciones de los diputados republicanos José Carlos Meza, Agustín Romero y Fernando Ugarte. Mil pesos a cada una; el Museo de la Memoria tenía más de 2.600 millones. Y la rebaja llega acompañada de un discurso que retrata con claridad la mirada de la extrema derecha: que estos espacios se habrían transformado en lugares de proselitismo político.
La memoria de un pueblo no es un espacio de propaganda partidaria. Es el lugar donde las generaciones presentes y futuras pueden comprender las aberraciones cometidas durante la dictadura genocida de Pinochet. Allí están las historias de quienes fueron perseguidos, torturados, asesinados y desaparecidos, los testimonios de sus familias y las evidencias de un período oscuro que algunos quisieran dejar atrás como una página incómoda. Los sitios de memoria no existen para defender una bandera partidaria, sino para impedir que el horror vuelva a encontrar condiciones para repetirse.
Lo verdaderamente preocupante es que quienes levantan estas acusaciones parecen olvidar que detrás de cada espacio de memoria hay personas, familias y una historia que todavía reclama verdad y justicia.
El caminar de los años se ha llevado a muchos de quienes comenzaron esta lucha, personas que murieron sin conocer el destino de sus seres queridos. Y quienes hoy continúan esa búsqueda deben escuchar que, según voces de la derecha, habrían convertido su dolor en un negocio. Es una nueva revictimización hacia quienes han cargado durante décadas con las consecuencias del terrorismo de Estado.
Pero hay algo más que no puedo dejar pasar: el odio que se desprende de estos discursos. No es una simple diferencia de opinión ni una discusión legítima sobre recursos públicos. Cuando se desacredita a las víctimas y se pretende presentar la defensa de los derechos humanos como un negocio, se está alimentando una cultura de desprecio.
Esa retórica normaliza la intolerancia y vuelve a instalar la idea de que hay dolores que merecen ser cuestionados y víctimas que deben justificar su historia. No es casual que algunos de estos discursos provengan de sectores herederos de una tradición que encontró en la dictadura su expresión más brutal, cuyas responsabilidades aún no asumen.
Los negacionistas de siempre, los cómplices civiles de la dictadura y quienes aún relativizan sus crímenes vuelven a mostrar hasta dónde están dispuestos a llegar. La democracia les ha permitido ocupar espacios de poder, pero eso no borra las responsabilidades históricas de sus tradiciones políticas. Mucho menos que tengan autoridad moral para descalificar a quienes mantienen viva la memoria.
¿Hasta cuándo tendremos que escuchar que ya pasó demasiado tiempo, que hay que mirar hacia adelante y que seguir hablando de la dictadura solamente divide al país? Precisamente porque ocurrió debemos seguir hablando. Porque todavía hay desaparecidos, porque hay familias que aún buscan a los suyos y porque la historia de un país no puede quedar subordinada a la comodidad de quienes prefieren no recordar.
El Nunca Más no puede ser una consigna para los discursos ni una frase que se repite cada septiembre. Debe ser un compromiso permanente con la verdad, la justicia y los derechos humanos.
Los mil pesos son mucho más que una cifra en una discusión presupuestaria. Son el símbolo de una mezquindad política que reduce la memoria a un gasto prescindible. Una derecha obscena que no comprende que detrás de cada fotografía hay una vida, detrás de cada nombre una familia y detrás de cada sitio de memoria una deuda que Chile todavía no termina de saldar.
Hay quienes parecen creer que el tiempo terminará borrando lo sucedido. Se equivocan. Los muertos siguen presentes en sus nombres, en sus fotos y en la memoria de un pueblo que se resiste a olvidar. Podrán reducir presupuestos y levantar discursos de odio, pero no podrán convertir los crímenes de la dictadura en una anécdota ni el sufrimiento de familias en una disputa partidaria. Porque cuando una sociedad desprecia su memoria, no solo olvida su pasado: pone en riesgo su futuro.
