La reforma de seguridad de Kast enfrenta reparos dentro del oficialismo y la oposición, mientras el Gobierno busca los votos para aprobarla.
Ministro de Seguridad, Martín Arrau - Agencia Uno
La reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast comenzó su tramitación en el Senado en medio de dudas dentro del propio oficialismo y con un escenario parlamentario que dificulta reunir los votos necesarios para su aprobación.
La iniciativa fue ingresada el lunes 17 de agosto y el martes se dio cuenta de ella en la Cámara Alta con suma urgencia. El proyecto contempla ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas la creación de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, una de las materias que concentra los principales reparos políticos.
El principal problema para La Moneda está en que las dudas no provienen solamente de la oposición. Distintos representantes de los partidos que respaldan al Gobierno han cuestionado aspectos del proyecto y han pedido modificaciones antes de comprometer su apoyo.
La presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, afirmó que el texto todavía genera dudas y que existe espacio para mejorarlo. Entre los puntos que mencionó están las inhabilidades relacionadas con garantías constitucionales como salud y educación. Además, acusó que el Gobierno trabajó “muy poco” la iniciativa con los partidos oficialistas antes de presentarla.
El senador RN Andrés Longton coincidió con ese diagnóstico y cuestionó la falta de trabajo prelegislativo. A su juicio, si el Ejecutivo no consigue primero los votos dentro de su propio sector, será difícil obtenerlos posteriormente en la oposición. Para una reforma constitucional de este tipo se requieren cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio.
La diputada Ximena Ossandón (RN), también planteó que cada una de las medidas debe ser revisada antes de fijar una posición definitiva.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró conforme con el texto final en términos generales, pero reconoció que persisten dudas dentro del oficialismo.
Ramírez planteó que será necesario afinar el proyecto para conseguir los cuatro séptimos, incluso mediante modificaciones, aunque sostuvo que el objetivo es preservar el fondo de la reforma.
En paralelo, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, sostuvo que la agenda de seguridad contará con el respaldo de su partido, pero cuestionó específicamente el alcance del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública y pidió corregir sus atribuciones.
El Gobierno tampoco cerró la puerta a modificaciones. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que existen parlamentarios que han planteado reducir la duración del nuevo estado de excepción y afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar indicaciones para mejorar el proyecto durante su tramitación.
El escenario parlamentario es uno de los principales obstáculos que enfrenta la iniciativa. Según La Tercera, en el oficialismo reconocen que actualmente no cuentan con los votos necesarios para aprobar la reforma: 89 en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.
La situación se complicó aún más luego de que se resolviera que el proyecto será revisado por tres comisiones del Senado: Constitución, Defensa y Seguridad.
La decisión fue impulsada por Chile Vamos, cuyos integrantes han expresado reparos sobre distintos aspectos de la propuesta. De acuerdo con La Tercera, la tramitación en tres comisiones abre mayores posibilidades para discutir y modificar el contenido del proyecto, mientras el Ejecutivo esperaba un procedimiento más rápido y acotado.
Las dificultades para reunir apoyos tampoco terminan en Chile Vamos. El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cuestionó la duración y las facultades del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. Señaló que durante la tramitación deberán establecerse límites y planteó incluso la posibilidad de rechazar la iniciativa si no resulta posible modificarla de manera que sea aceptable para su sector.
Los parlamentarios del PNL se reunieron el martes con el ministro Martín Arrau para plantearle sus reparos.
Más categórica fue la posición del Partido de la Gente (PDG). Su dirigente Franco Parisi afirmó que la colectividad no entregará votos para reformas constitucionales, argumentando que después de los dos procesos constitucionales anteriores existía un entendimiento para no volver a modificar la Constitución.
Desde la oposición, las críticas también han sido fuertes. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, calificó de “aberraciones” algunos aspectos jurídicos de la iniciativa, según declaraciones recogidas por La Tercera.
El expresidente Gabriel Boric también se refirió a la iniciativa durante la presentación del libro La montaña rusa, del exministro de Hacienda Mario Marcel.
Boric llamó a ejercer una oposición “franca, respetuosa” y “clara y firme” frente al proyecto y cuestionó específicamente la creación del nuevo Estado de Excepción. Según consignó La Tercera, sostuvo que la propuesta busca establecer un “estado de sitio de 240 días” con atribución exclusiva del Presidente y calificó como “inédita” la limitación de libertades que, a su juicio, implicaría.
Es importante precisar que la referencia de Boric a un “estado de sitio de 240 días” corresponde a su caracterización política de la propuesta. El proyecto, técnicamente, crea una nueva figura denominada Estado de Excepción de Seguridad Pública, con una duración inicial de 120 días y una prórroga presidencial por otros 120 días; para nuevas extensiones se requiere autorización del Congreso.
El periodista Daniel Matamala también cuestionó públicamente la reforma. En un análisis afirmó haber conversado con abogados constitucionalistas y manifestó preocupación por los alcances de la nueva figura.
Su crítica se concentró en tres aspectos: la amplitud de la causal para decretar el Estado de Excepción, la posibilidad de extenderlo hasta completar 240 días y las facultades para restringir libertades, interceptar comunicaciones y requisar bienes. Matamala calificó estas atribuciones como especialmente graves y cuestionó que queden disponibles para futuros presidentes, independientemente de su sector político.
Estas afirmaciones corresponden al análisis y opinión de Matamala y no deben confundirse con una determinación jurídica sobre la constitucionalidad de la propuesta.
Por ahora, el Gobierno enfrenta una negociación política que deberá resolver primero las diferencias dentro del propio oficialismo y luego buscar apoyos adicionales para alcanzar los cuatro séptimos exigidos. La reforma seguirá su discusión en las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad del Senado, mientras el Ejecutivo deberá decidir hasta dónde está dispuesto a modificar su propuesta para conseguir los votos sin abandonar sus principales objetivos en materia de seguridad.
