La propuesta fiscal no contempla recursos específicos para el tratado ambiental ni rendición de cuentas obligatoria ante el Congreso.
Acuerdo de Escazú.
Por primera vez desde que Chile ratificó el Acuerdo de Escazú en 2022, el gobierno no contempló fondos específicos destinados a su aplicación, decisión que hace sintonía con la caída en un 59% de los recursos para el Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del proyecto de Presupuesto 2027.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional de Latinoamérica y el Caribe que garantiza que cualquier persona pueda acceder a información ambiental en poder del Estado, asegurar participación ciudadana en las decisiones que afecten su entorno y exigir justicia ante daños ambientales.
Además, es el primer acuerdo del mundo que obliga legalmente a los Estados a proteger la vida y los derechos de los defensores del medio ambiente.
Según información de Fundación Escazú Ahora, las agresiones en contra de defensores ambientales han aumentando en 148%, entre 2024 y 2025.
Para 2026, el presupuesto para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile fue de $144.547 millones, a través de la Subsecretaría del Medio Ambiente.
Además, establecía a este organismo informar trimestralmente, en un plazo de 30 días posteriores al trimestre respectivo, "informar a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados, y a las comisiones de Economía y de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado", el detalle de los gastos para su implementación.
Si bien Escazú no contaba con una asignación propia, más bien con una reserva de recursos como parte de los bienes y servicios de consumo de la subsecretaría, el proyecto de Presupuesto 2027 ya no menciona esta designación.
Lo que viene por delante es que la subsecretaría podría seguir financiando la implementación de Escazú, pero sin un monto en específico y sin rendir cuentas ante el Congreso.
Desde la Fundación Escazú Ahora, su director ejecutivo, Sebastián Benfeld, manifestó su preocupación ante la ausencia de garantía de financiamiento del acuerdo.
“Por primera vez desde la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el programa de implementación queda con cero pesos asignados en la Ley de Presupuesto. Nos parece una señal preocupante y un llamado de atención”, afirmó a El Desconcierto.
Para la fundación, “Escazú es una política de Estado y su implementación debe continuar independientemente del gobierno de turno”.
En esa línea, sostuvo que “para eso se necesitan recursos, pero también resultados concretos, transparencia y rendición de cuentas”. Asimismo, “los compromisos que Chile ha asumido no pueden quedar en el papel ni archivarse en un cajón según las prioridades de cada gobierno. Son compromisos que nos hemos dado como país y que tenemos el deber de cumplir”.
