El TC acogió el recurso del gobierno y evaluará si la norma que obliga a reponer servicios básicos en zonas de catástrofes es inconstitucional.
En la imagen, el Presidente José Antonio Kast. Créditos: Agencia Uno.
Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite y declaró la admisibilidad del requerimiento presentado por el gobierno respecto al artículo 31 de la megarreforma que obliga a las empresas que distribuyen servicios básicos a reponer gratuitamente agua, luz y gas en zonas de catástrofes.
La iniciativa fue presentado como una forma de ayudar a los damnificados para las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso, zonas afectadas por los incendio forestales.
El requerimiento es a ojos del presidente Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, el jefe de Segpres José García Ruminot, el ministro de Obras Públicas Louis de Grange y su par en Energía, Ximena Rincón, una medida "inconstitucional".
El TC otorgó un plazo de cinco días para que tanto la Cámara como el Senado emitan sus observaciones y "presenten los antecedentes que estimen convenientes".
Esta norma fue añadida al proyecto de ley a través de una indicación, lo que generó el inmediato rechazo del ministro Quiroz.
"Esto está fuera de idea matriz... cuando se presentó, yo mismo hice una reserva de constitucionalidad al respecto”, expresó el ministro cuando impugnó la norma ante el TC.
No obstante, el secretario de Estado aclaró que no rechaza el fondo de la propuesta, sino que su objetivo es garantizar que la redacción sea la adecuada y que se tramite bajo un artículo único.
