En un nuevo capítulo del caso que involucra a la fundación ProCultura, el Ministerio Público solicitó este jueves el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, a raíz de su eventual participación en presuntas irregularidades vinculadas a un convenio por más de $1.800 millones adjudicado para el programa de prevención del suicidio “Quédate”.
De acuerdo a información de 24 Horas, más de mil millones de esos fondos no habrían sido rendidos ni devueltos, lo que motivó la acción de la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por el fiscal Juan Castro Bekios. La investigación apunta a posibles delitos de fraude al fisco y cohecho.
Este requerimiento representa un nuevo revés político y judicial para Orrego, quien ya enfrenta una solicitud de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), presentada por consejeros regionales de oposición.
La solicitud de desafuero deberá ser revisada por los tribunales correspondientes, quienes decidirán si se levanta o no la inmunidad del gobernador para que pueda ser formalizado como parte de la causa.
Tras conocerse la solicitud del Ministerio Público, el abogado del gobernador, Rodrigo de La Barra, aseguró que la defensa no ha sido formalmente notificada y que aún no han tenido acceso al contenido de la petición fiscal.
“Como defensa no hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud. Respecto del denominado caso ProCultura, el gobernador declaró voluntariamente ante el fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”, indicó.
El abogado también subrayó que no existen faltas administrativas ni delitos por parte de su representado. “El gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”, afirmó.
