La Corte de Apelaciones ordenó tomar medidas para limpiar un terreno con maleza y basura que generaba riesgo de incendios y proliferación de plagas.
Corte de Apelaciones de Rancagua / Agencia Uno
Una familia con dos hijos, de 2 y 12 años, denunció que el terreno vecino a su vivienda llevaba años cubierto de zarzamoras, maleza seca y basura, generando riesgo de incendios y plagas. La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió su recurso y ordenó adoptar medidas para conseguir la limpieza efectiva del predio.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la mujer que recurrió a la justicia explicó que reside desde 2017 junto a su pareja y sus hijos en una vivienda ubicada a menos de tres metros del terreno.
Según denunció, la falta de mantención provocaba una constante proliferación de roedores, culebras y otras plagas.
La acción fue presentada contra los propietarios del predio y la municipalidad respectiva. La recurrente acusó que los dueños no solucionaron el problema pese a haber sido advertidos y cuestionó al municipio por no ejercer adecuadamente sus labores de fiscalización.
La propia municipalidad informó que realizó una inspección el 28 de noviembre de 2025. En ella constató una importante acumulación de vegetación, principalmente zarzamoras y maleza seca, además de obstáculos que dificultaban el escurrimiento natural del agua y provocaban estancamientos.
Según el informe municipal, estas condiciones constituían un riesgo inminente de incendio durante períodos de altas temperaturas y podían afectar los terrenos vecinos, infraestructura y personas.
La ordenanza local obliga a los propietarios a mantener sus terrenos limpios, desmalezados y libres de residuos o materiales combustibles.
La Corte concluyó que los propietarios incumplieron esa obligación al no realizar las labores necesarias de conservación y limpieza. El fallo destacó la acumulación de material vegetal “de fácil combustión” y que las condiciones también permitían la proliferación de roedores.
Además, determinó que no constaba que la municipalidad hubiera aplicado el procedimiento establecido en su propia ordenanza frente al incumplimiento.
Por ello, acogió el recurso y ordenó al municipio aplicar dicho procedimiento, fijando un plazo a los propietarios para limpiar el terreno.
Si no cumplen, deberá aplicar la normativa correspondiente para eventuales sanciones, además de realizar las gestiones necesarias para conseguir el aseo efectivo del predio.
