La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó devolver préstamos entregados por cinco vecinos para reparar un edificio dañado por el terremoto de 2010.
Corte de Apelaciones de Concepción / Poder Judicial
El terremoto del 27 de febrero de 2010 dejó daños en el edificio Plaza Mayor I, cuyos propietarios debieron reunir dinero para financiar las reparaciones. Años después, cinco vecinos acudieron a la justicia porque no les habían devuelto parte de sus aportes. La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó pagarles los saldos pendientes.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la comunidad había acordado una cuota extraordinaria en octubre de 2012, pero 29 copropietarios seguían morosos.
Para evitar que esa falta de recursos detuviera las obras, una asamblea extraordinaria del 13 de abril de 2013 aprobó una segunda cuota, denominada «alícuota préstamo».
El dinero debía permitir que continuaran los trabajos mientras se cobraban judicialmente los aportes pendientes. Sin embargo, los cinco demandantes recibieron solo una parte de lo que habían entregado y reclamaron la devolución del resto, junto con una indemnización por daño moral.
El conflicto llegó inicialmente al Primer Juzgado Civil de Concepción, que dictó sentencia el 9 de abril de 2024. Los vecinos recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se incorporaron nuevos antecedentes sobre el acuerdo y la deuda.
Entre las pruebas figuraban el acta de la asamblea, correos electrónicos y una comunicación de enero de 2014 que reconocía el carácter de préstamo de la segunda cuota.
Además, dos representantes de la comunidad reconocieron que existía una deuda; una de ellas confirmó los montos correspondientes a cada vecino.
Para el tribunal de segunda instancia, quedó demostrado que los aportes se entregaron como préstamos y que su devolución no estaba sujeta a condiciones. También estableció que la administración no acreditó haber pagado los saldos reclamados.
Por ello, en su sentencia del 10 de noviembre de 2026, la Corte revocó la decisión del Primer Juzgado Civil y condenó al Comité de Administración del Edificio Plaza Mayor I a devolver $1.314.626, $1.206.278, $1.826.684, $1.058.660 y $1.116.701 a los cinco demandantes, respectivamente.
Las cantidades deberán reajustarse según el IPC desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo. También se aplicarán intereses corrientes desde que la sentencia quede firme.
No obstante, la Corte rechazó la indemnización por daño moral, al considerar que la falta de devolución afectaba intereses económicos y que no se presentaron pruebas de un perjuicio emocional o personal indemnizable.
La sentencia fue redactada por la ministra Carola Rivas Vargas.
