Un hombre se sometió en febrero de 2021 a una cirugía láser para mejorar su visión, pero posteriormente perdió la visión de su ojo izquierdo y quedó ante la necesidad de un trasplante de córnea. La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó que Clínica Oftalmológica Ultravisión deberá indemnizarlo con más de $45 millones por las deficiencias en sus controles posoperatorios.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el paciente fue operado mediante una queratectomía fotorrefractiva (PRK) en ambos ojos.
La cirugía se realizó sin incidentes y los exámenes previos indicaban que era candidato para el procedimiento. Sin embargo, durante la recuperación comenzaron las molestias y aparecieron problemas de cicatrización.
La ficha clínica registró ocho controles, pero solo dos fueron realizados con cirujano. Ya en marzo se observaron zonas centrales sin epitelizar y, el 3 de abril, el paciente acudió con dolor agudo, enrojecimiento y una opacidad blanquecina en el ojo izquierdo.
Pese a ello, se continuaron indicando medicamentos sin una evaluación presencial y oportuna de un oftalmólogo ni estudios suficientes para determinar la causa.
El caso llegó inicialmente al Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta. La jueza suplente Andrea Przybyszewski Jopia estableció una infracción a la lex artis y condenó a la clínica a pagar $5.004.009 por daño emergente y $40 millones por daño moral.
El primer monto consideró la cirugía original y el futuro trasplante de córnea.
Ambas partes apelaron. La clínica buscaba que la demanda fuera rechazada, mientras que el paciente pretendía aumentar la indemnización por daño moral, originalmente solicitada en $150 millones.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, integrada por las ministras Jasna Pavlich Núñez y Llilian Durán Barrera, junto al abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza, confirmó íntegramente la sentencia.
La Corte recalcó que la responsabilidad no surgió por la aparición misma de la ectasia corneal, una complicación conocida de esta cirugía, sino por su manejo posterior.
Según el fallo, “no hubo evaluación presencial y oportuna por especialista y no se efectuaron estudios mínimos” para aclarar el origen del problema.
El tribunal sostuvo que estas deficiencias privaron al paciente de un diagnóstico y tratamiento oportunos, permitiendo que la complicación avanzara hacia la pérdida visual y un daño corneal severo.
Además, mantuvo los $40 millones por daño moral considerando la pérdida de visión, la afectación laboral, la alteración de su proyecto de vida y la necesidad de futuras intervenciones.