Hay que rescatar el tema de seguridad en manos hoy de sectores fascistoides del gobierno, porque no es todo el gobierno. Su propuesta es de tipo Orbán, Bukele, a eso nos quieren llevar, no lo aceptemos.
Luego del triunfo electoral de diciembre pasado, la ultraderecha se encuentra aún en estado de euforia. Logró una amplia mayoría en base a su discurso sobre delincuencia y migración, ofreciendo soluciones fáciles. Concluye entonces que la seguridad es como un cheque en blanco y hay que aprovechar.
Tenemos viento a favor, bajemos impuestos corporativos, agreguemos invariabilidad tributaria, disminuyamos el impuesto a las herencias y más. Hagamos un paquete con estas medidas económicas y digamos que es un proyecto de reconstrucción nacional, aprovechando los incendios del verano. Y no aceptemos modificación alguna, aprovechemos que también tenemos mayoría parlamentaria, gracias a la delincuencia. Resultó tal cual.
¡Ahora vamos por la seguridad! Proclaman eufóricos. Con la parafernalia acostumbrada, el presidente firma y muestra ante las cámaras un proyecto que nadie sabe qué es, porque no está terminado y no ha ingresado al parlamento en ese momento. Todos somos testigos de esta comedia.
¡Digamos que el crimen organizado se combate con la Constitución y la modificamos! ¡Que es necesario incorporar “el deber” del Estado de otorgar seguridad a los ciudadanos, sino no hay seguridad! Alguien desprevenido replica que aquello ya está en la Constitución en su artículo primero, como “obligación” del Estado. ¡No importa! le responden, así tendrá más apoyo y armamos más revuelo. De paso, la reforma nos permite incorporar un nuevo estado de excepción constitucional, que es lo que queremos.
En rigor no hemos escuchado a las policías, tampoco a los académicos y expertos, decir que la actual Constitución inhiba el combate al crimen organizado, que allí radica el problema y que debemos reformarla. En la experiencia comparada de lucha contra la delincuencia tampoco existe eso. Italia combatió nada menos que a la poderosa mafia sin cambios constitucionales sino con otras medidas.
Entonces ¿para qué esta reforma constitucional, cuál es el objetivo que desconocemos? La respuesta se encuentra en el nuevo Estado de Excepción Constitucional que se propone, y en los derechos que se pueden suspender o restringir durante 240 días, sin autorización del Congreso. La amplitud de esta facultad que se otorga al presidente es descomunal, similares a los de Estado de Sitio o de Asamblea, que se aplican en casos de guerra interna o grave conmoción interior el primero o guerra externa el segundo, pero esta vez sin control del parlamento. Con esto derriba de un plumazo las bases de la teoría constitucional basada en los pesos y contrapesos entre poderes del Estado. Por eso es delirante, como se la ha calificado. ¿Es esta aberración necesaria para combatir el crimen organizado?
La reforma introduce un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada, el cual lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”. Agrega que, “Por la declaración del estado de excepción de seguridad pública, el Presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión.
Podrá, asimismo, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. Este contenido es casi idéntico al actual Estado de Asamblea, con la diferencia que no requiere autorización del Congreso. Para salvar ese “inconveniente”, la ultraderecha gobernante necesita un nuevo estado de excepción. ¿Por qué sería un inconveniente la autorización parlamentaria para combatir la delincuencia? ¿O el objetivo es otro?
Para connotados académicos la propuesta otorga, “un margen de arbitrariedad al Presidente para calificar cuando está en grave peligro la seguridad pública, respecto de quiénes y en qué lugares”, “estamos en una situación constitucional en la cual podemos estar en riesgo o estamos ad portas de un constitucionalismo autoritario, que tiene que ver con la ausencia de controles al ejercicio de la potestad”, Tomás Jordán.
“Precisamente por afectar libertades y derechos tan importantes, el Estado de Asamblea debe ser decretado con autorización previa del Congreso, lo que no ocurre con este estado de seguridad pública” Javier Cousso.
“Las medidas restrictivas de derechos que pueden adoptarse en el estado propuesto son casi idénticas a las que se pueden emplear en caso de guerra. Es difícil afirmar que la gravedad de ambas situaciones sea comparable. La que más me parece desproporcionada es que se pueda suspender la libertad personal. Eso significa que el Presidente pueda ordenar el encarcelamiento de cualquier persona por 8 meses sin juicio”, Jorge Correa Sutil.
De la “mayor gravedad” lo califica el rector Carlos Peña. El proyecto es inaceptable, debe ser retirado, sostiene categórico el rector Francisco Covarrubias.
La reforma constitucional del gobierno de ultraderecha es una falsa reforma de seguridad. Es una reforma política de tinte fascistoide envuelta en papel celofán. El velado propósito es sancionar la protesta social, reprimir y detener manifestantes. Veamos, si esto hubiera existido el 2019, no habría ocurrido el estallido social. Habría durado un día, prohibiendo el presidente las manifestaciones y el millón y medio de personas en la Alameda no habría salido a la calle. Este es el propósito encubierto.
Pero al sector fascistoide del gobierno se le escapa lo siguiente: de haber existido este estado de excepción constitucional en 1973 tampoco habría ocurrido el golpe militar. Los cabecillas golpistas civiles y militares habrían sido detenidos por la sola voluntad del presidente que no habría requerido de autorización del Congreso. Recordemos que el Presidente Allende después de la rebelión militar del 29 de junio de 1973, conocida como el Tanquetazo, y que sirvió de ensayo para el golpe militar posterior, solicitó al Congreso declarar estado de excepción constitucional, autorización que le fue denegada por la mayoría conservadora, en una vergonzosa decisión que facilitó el golpe militar.
Dicho esto, entonces ¿Qué hacer? ¿Aprovechar la oportunidad y limitar gravemente las libertades civiles a voluntad del presidente para precaver un nuevo golpe de estado en un futuro gobierno de izquierda de cambios sociales? La respuesta democrática es, no. La izquierda y centro izquierda debe hacer lo que debió hacer en la pasada campaña electoral, y que no hizo y que significó perder la elección: convocar a todo el país tras una Política Nacional contra el crimen organizado, con propuestas concretas. Dirigida a todos los sectores democráticos, a todas las instituciones, a las universidades, a la sociedad civil. Ninguna fuerza social o política por sí sola resolverá este problema.
Hay que rescatar el tema de seguridad en manos hoy de sectores fascistoides del gobierno, porque no es todo el gobierno. Su propuesta es de tipo Orbán, Bukele, a eso nos quieren llevar, no lo aceptemos. El crimen organizado ya está instalado en el país, es un hecho. Ya ha permeado las instituciones, incluso instituciones militares y policiales. Mañana será tarde. Las soluciones no son inmediatas, es un camino largo y complejo que requiere el esfuerzo de todo Chile durante un tiempo largo. Tal vez algunos, no alcanzarán a ver sus resultados, pero no importa. Apliquemos un viejo proverbio griego, “a veces se requiere plantar un árbol bajo cuya sombra no nos sentaremos”. Plantemos esos árboles.
