Lo revelador es lo que la ACOT no toca, no hay levantamiento del secreto bancario, inteligencia financiera, una estrategia seria contra el reclutamiento de NNA, ni evaluación de las más de 70 leyes de seguridad aprobadas y aún pendientes de reglamento.
Gobierno de Kast se enreda con su reforma de seguridad - Agencia Uno
Hay una escena que resume mejor que sus treinta proyectos lo que es la ACOT: un Presidente que anuncia en cadena nacional una cruzada contra el crimen organizado y, cinco días después, firma una reforma constitucional cuyo artículo más consecuente no habla de bandas, lavado de activos ni fronteras, sino de quién puede seguir accediendo a la educación gratuita después de cumplir condena. La épica es el crimen organizado, la practico es otra cosa.
Empecemos por lo elemental, hoy no existe un vacío constitucional que justifique esta reforma. Chile ya cuenta con estados de excepción y mecanismos especiales para proteger infraestructura crítica y fronteras. El Gobierno no ha explicado qué actuación indispensable le impide realizar la Constitución vigente. Cuando un Ejecutivo pide más poder sin poder nombrar el poder que le falta, no está construyendo una herramienta, está construyendo un punto ideológico.
Lo más evidente de aquello son los antecedentes. En junio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma que condicionaba el acceso a la gratuidad en educación superior a determinadas condenas, porque discriminaba a personas que dependen de ese beneficio y afectaba su reinserción. La nueva reforma reproduce ese diseño, permite prohibir el acceso a prestaciones estatales “directa o indirectamente”. Es difícil no leerlo como lo que es, un intento de ganarle un juicio al Tribunal Constitucional reformando la Constitución para que el fallo deje de importar.
La consecuencia es todavía más grave, inhabilitar durante la condena y quince años más el acceso a prestaciones estatales en salud, educación, trabajo y seguridad social. El articulado habla de narcotráfico sin establecer el umbral de “alta escala” que sí aparece en el Mensaje. La norma no golpea principalmente al jefe de una organización criminal, que puede pagar salud y educación privadas; golpea al eslabón más precario, precisamente al que depende del Estado. Quince años sin acceso a esas prestaciones no rehabilitan, por el contrario, pueden multiplicar la reincidencia y dejar disponible para el reclutamiento criminal a la población que el proyecto dice proteger.
El corazón del proyecto es el nuevo estado de excepción, y el modelo que lo inspira no hay que rastrearlo entre líneas, está a la vista. Antes de asumir, el propio Kast visitó la megacárcel de Bukele en Tecoluca, elogió públicamente su gobierno y respondió a la pregunta obvia con una frase que conviene devolverle ahora: “¿Es duro? Sí, pero es necesario”. El país que fue a conocer en persona acumula, desde marzo de 2022, decenas de miles de detenidos y cientos de muertes bajo custodia estatal, mientras la CIDH ha pedido reiteradamente el fin del régimen.
La cuestión, entonces, no es si ese modelo es duro. Lo es. La cuestión es para qué sirve esa dureza. Y ahí la respuesta es bastante menos espectacular, una política que privilegia la excepcionalidad, la espectacularidad y la exhibición de fuerza no vuelve más especializada la seguridad ni resuelve sus problemas de fondo. Convierte el castigo en espectáculo y el espectáculo en política pública.
El Presidente podría decretar este régimen ante una “amenaza grave e inminente” a la seguridad pública o cuando esta ya esté gravemente afectada, por 120 días prorrogables otros 120 sin autorización del Congreso. Solo después del noveno mes necesitaría su acuerdo. Son hasta ocho meses de facultades reforzadas bajo decisión presidencial, frente a los treinta días del actual estado de emergencia. Las zonas quedarían bajo un Oficial General designado por el Presidente, con las Fuerzas Armadas colaborando a través de Defensa.
Entre sus facultades están restringir la libertad personal y de desplazamiento, limitar reunión y asociación y requisar bienes. Pero hay una especialmente delicada, interceptar, abrir o revisar comunicaciones y documentos sin autorización judicial. Hoy intervenir un teléfono requiere que un juez controle la decisión. Aquí ese contrapeso desaparece.
Y la alarma no viene solo de la oposición. Evelyn Matthei preguntó qué ocurriría si estas facultades caían en “malas manos”; Luciano Cruz-Coke advirtió sobre poderes que nadie querría entregar a la oposición; Matías Walker lo resumió así: “así mueren las democracias”. Cuando los propios aliados describen de ese modo el proyecto, ya no hablamos de matices, sino de diseño.
Lo revelador es lo que la ACOT no toca, no hay levantamiento del secreto bancario, inteligencia financiera para perseguir el dinero, una estrategia seria contra el reclutamiento de niños y adolescentes ni una evaluación de las más de setenta leyes de seguridad ya aprobadas y aún pendientes de reglamento, presupuesto o implementación. Legislar de nuevo es más fácil que ejecutar lo existente y, desde luego, luce mejor en cadena nacional.
La seguridad es una urgencia real. Precisamente por eso hay que exigir capacidad estatal, no confundir contundencia retórica con ella. La ACOT apuesta por convertir el estado de excepción en una forma ordinaria de gobierno, devolviendo a las Fuerzas Armadas un papel que Chile llevaba décadas intentando acotar. No hace falta nostalgia para reconocer el diseño.
