En la práctica el problema raras veces radica en la ausencia de personas preparadas, sino en las barreras invisibles que imponen los propios procesos de selección.
Inclusión en deuda: la Ley N° 21.015 exige a empresas con 100 o más trabajadores reservar el 1% de sus puestos para personas con discapacidad.
A más de seis años de la entrada en vigencia de la Ley 21.015, que exige a empresas de 100 o más trabajadores reservar al menos el 1% de su dotación a personas con discapacidad o pensionadas por invalidez, la inclusión laboral en Chile sigue enfrentando barreras culturales.
Año a año, en el reporte de cumplimiento electrónico que se realiza ante la Dirección del Trabajo, muchas organizaciones optan por la medida subsidiaria de donar fondos a programas de inclusión antes que incorporar efectivamente este talento. Aunque la norma permite esta vía —con un monto anual no inferior a 24 Ingresos Mínimos Mensuales por cada cupo no cubierto—, recurrir sistemáticamente a ella evidencia que gran parte del sector productivo sigue abordando la inclusión como un mero trámite legal.
La excusa más habitual entre las empresas es la falta de candidatos cualificados, argumento al que apela un 42% de las organizaciones para justificar el incumplimiento de la cuota. Sin embargo, en la práctica el problema raras veces radica en la ausencia de personas preparadas, sino en las barreras invisibles que imponen los propios procesos de selección: avisos poco accesibles, entrevistas inadecuadas y filtros no adaptados terminan excluyendo de manera sistemática a un talento plenamente disponible.
Para lograr una inclusión efectiva, las empresas deben dirigir la mirada hacia sus propias prácticas y superar tres grandes barreras internas. En primer lugar, hay que erradicar la tendencia a tratar la inclusión solo como un cumplimiento formal; actuar sin un diagnóstico organizacional ni un plan estructurado deriva en contrataciones apuradas y una alta rotación.
En segundo lugar, es imprescindible transformar los procesos de reclutamiento para que sean verdaderamente accesibles y libres de sesgos. Por último, resulta fundamental eliminar la barrera del descuido posterior a la contratación: ingresar trabajadores sin capacitación, sin ajustes en el puesto ni sensibilización del equipo genera desvinculaciones tempranas que revierten lo avanzado.
Desde Fundación TACAL hemos acompañado de cerca este camino, contribuyendo a la inclusión laboral de más de 3.000 personas con discapacidad. La experiencia nos demuestra que la Ley 21.275, que desde 2024 exige a las empresas contar con un Gestor de Inclusión certificado por ChileValora para elaborar diagnósticos, capacitar equipos y trazar planes de inclusión, ofrece un buen marco para dar el salto cualitativo. El cambio definitivo ocurrirá cuando las empresas dejen de excusarse en el mercado y asuman el desafío de adaptar su propia cultura.
