La reforma de seguridad impulsada por Kast no debería entenderse solamente como una respuesta al crimen organizado. El verdadero debate es cuánto poder está dispuesta a entregarle una democracia a su Presidente en nombre de la seguridad, y cuántas libertades está dispuesta a sacrificar para conseguirla.
Presidente José Antonio Kast. Créditos: Agencia Uno.
La reforma constitucional que busca entregarle más atribuciones al Presidente ya no parece simplemente una discusión jurídica entre abogados, constitucionalistas y parlamentarios. A estas alturas, la cuestión se está yendo directamente al carajo. Porque cuando una democracia empieza a diseñar mecanismos para concentrar cada vez más poder en una sola persona, conviene dejar de mirar el asunto como si estuviéramos discutiendo el reglamento de una junta de vecinos.
Estamos hablando de facultades que, dependiendo de cómo terminen redactándose y aplicándose, podrían acercarse peligrosamente a las herramientas de concentración de poder que conocimos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿por qué nos sorprende?
¿De verdad esperábamos algo distinto de un liderazgo que ha mostrado reiteradamente su admiración por Pinochet, un negacionista mojigato que durante años ni siquiera se ha dignado llamar dictadura a la dictadura? Quizás esperábamos que, llegado el momento de repartir poder, apareciera mágicamente una vocación democrática hasta ahora cuidadosamente escondida debajo de la alfombra.
Y no, esto tampoco es patrimonio exclusivo de Kast. Hay una nueva ultraderecha que viene empujando los límites desde hace tiempo, corriendo lentamente la frontera de lo aceptable, hasta lograr que lo que ayer nos habría parecido una barbaridad hoy aparezca presentado como una simple "medida de seguridad", una "herramienta de gobernabilidad" o, mejor todavía, una necesidad urgente para "poner orden".
Porque así funciona la normalización: no llega golpeando la puerta. Entra despacio, se sienta en el living, pide un café y, cuando uno se da cuenta, ya está viviendo dentro de la casa. Cuando incluso desde sectores de la derecha aparece la advertencia de que el asunto puede estar excediendo los límites razonables, quizá convendría que el resto dejara por un momento la pelea de trincheras y prestara atención.
Porque esto no se trata de ser de izquierda, de centro o de derecha. Se trata de una pregunta bastante más elemental: ¿queremos vivir en una democracia donde el poder tenga límites, o preferimos una donde los límites dependan de quién ocupa La Moneda?
Si nuestra respuesta es lo segundo, entonces estamos ante una innovación política extraordinaria: convertir la democracia en un sistema donde las garantías funcionan estupendamente hasta que llega alguien a quien dejan de gustarle.
Las libertades que hoy damos por sentadas no aparecieron por generación espontánea. Costaron vidas, persecuciones, exilios, cárcel, resistencia y décadas de lucha. Y tampoco vienen con garantía extendida. Una sociedad puede perderlas. De hecho, muchas las han perdido convencidas de que eso nunca les ocurriría.
Chile, además, tiene una memoria demasiado reciente como para jugar a la ruleta rusa institucional. Ya sabemos qué ocurre cuando el poder se concentra, cuando el Congreso pierde capacidad de contrapeso, cuando las instituciones se debilitan y cuando los derechos empiezan a presentarse como obstáculos molestos frente a la supuesta necesidad de "orden". La historia tiene esa mala costumbre de repetirse cuando creemos que ya la superamos.
Y quizás lo más preocupante no sea siquiera que existan quienes quieran concentrar el poder. Eso, lamentablemente, no es nuevo. Lo verdaderamente inquietante es que existamos nosotros, los ciudadanos, capaces de acostumbrarnos. Capaces de mirar hacia otro lado. Capaces de decir "algo habrá que hacer con la delincuencia", "en tiempos difíciles se necesitan medidas fuertes", "total, si no hace nada malo, ¿qué importa que tenga más poder?". Ahí empieza el problema.
Porque las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. No necesariamente llegan los tanques, se cierran las puertas y se apagan las luces. A veces basta con que una sociedad vaya aceptando, una por una, pequeñas excepciones, pequeñas renuncias, pequeños recortes a aquello que alguna vez juró defender.
Hasta que un día descubre que las excepciones se convirtieron en regla, y que el poder que entregó para sentirse más segura ya no sabe cómo recuperar. Entonces quizás la pregunta no sea solamente qué pretende hacer Kast, ni cuánto poder quiere concentrar un Presidente, ni siquiera hasta dónde llegará esta reforma.
¿Qué nos pasó a nosotros para que todo esto empezara a parecernos razonable?
Porque el problema no comienza únicamente cuando alguien quiere tener demasiado poder. Comienza cuando una sociedad deja de preguntarse por qué está dispuesta a entregárselo.
