El gobierno de José Antonio Kast enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios para aprobar su Reforma Constitucional en materia de seguridad y, ante ese escenario, en La Moneda comenzó a analizarse la posibilidad de recurrir a un Plebiscito Nacional para consultar a la ciudadanía sobre la iniciativa.
La alternativa fue dada a conocer este jueves por El Mercurio, que informó que el proyecto tendría actualmente el respaldo de 26 senadores, mientras necesita 29 votos, equivalentes a cuatro séptimos de los integrantes en ejercicio del Senado. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que la opción de un plebiscito "no se puede descartar".
Reforma de Seguridad de Kast enfrenta dificultades en el Senado
La reforma constitucional forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno y fue firmada por el Presidente Kast el 10 de agosto. Entre sus objetivos se encuentra incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado y establecer nuevas herramientas constitucionales para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.
El principal problema político para La Moneda es el quórum requerido. El Ejecutivo contaría actualmente con 26 respaldos en el Senado, tres menos de los 29 votos necesarios para alcanzar los cuatro séptimos. El escenario ha obligado al oficialismo a buscar apoyos adicionales y a evaluar modificaciones al proyecto para facilitar su tramitación.
La discusión ocurre, además, mientras parlamentarios oficialistas han presentado reparos a distintos aspectos de la iniciativa. El senador Iván Moreira (UDI) cuestionó públicamente la posibilidad de recurrir a un Plebiscito ante un eventual rechazo, planteando que lo correcto es que la reforma sea discutida en el Congreso y se respete el resultado legislativo.
La idea del Plebiscito abre una discusión constitucional
La posibilidad de una consulta ciudadana requiere especial cuidado jurídico. No existe una regla que permita al presidente convocar automáticamente a un Plebiscito cada vez que el Congreso rechaza una reforma constitucional.
El artículo 128 de la Constitución establece que, si ambas cámaras aprueban una reforma y el Presidente la rechaza totalmente, pero ambas insisten en su aprobación por dos tercios de sus integrantes en ejercicio, el Mandatario debe promulgarla, salvo que decida consultar a la ciudadanía mediante un plebiscito. La misma norma contempla una posibilidad de consulta cuando existe una discrepancia entre el Presidente y el Congreso respecto de observaciones a una reforma.
Por ello, la alternativa que analiza La Moneda debe entenderse, por ahora, como una opción política cuya viabilidad constitucional está en discusión, y no como un mecanismo ya habilitado para utilizarse ante un eventual rechazo del proyecto en el Senado.
Kast busca destrabar una reforma que requiere acuerdos
La iniciativa fue presentada en el Senado como parte de una agenda más amplia para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo. El Senado ha reconocido la urgencia política de abordar la seguridad, aunque sus integrantes también han planteado matices respecto de las distintas propuestas impulsadas por el Ejecutivo.
El problema para La Moneda es que la necesidad de alcanzar los 29 votos en el Senado obliga al Gobierno a negociar con sectores que no necesariamente comparten todos los alcances de la reforma. De hecho, el debate sobre el nuevo Estado de Excepción ya generó críticas desde el oficialismo, incluyendo cuestionamientos sobre la extensión de sus atribuciones y el nivel de control parlamentario.