Parlamentarios instan a la Cámara Alta a hacerse parte ante el TC para resguardar el artículo 31 aprobado de la megarreforma.
Oposición en el Senado pide a la mesa directiva de la Cámara Alta pronunciarse ante intento de presidente Kast de impugnar artículo 31 de la megarrefoma. Créditos: Agencia Uno.
Un nuevo foco de conflicto institucional se encendió en el Congreso Nacional tras la decisión del presidente José Antonio Kast de acudir al Tribunal Constitucional (TC), en el marco de la megarreforma, para frenar la reconexión sin costo de servicios esenciales en áreas siniestradas en Biobío, Ñuble y Valparaíso.
Ante esta ofensiva de La Moneda, un grupo transversal de parlamentarios opositores ingresó una petición formal dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), con el objetivo de que el Senado intervenga y defienda la soberanía de sus votaciones.
La solicitud busca resguardar el artículo 31 de la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (Boletín N°18.216-05) —la megarreforma, que ya culminó su trámite legislativo por el Congreso—.
Dicha disposición fija la obligación legal para que las compañías suministradoras de electricidad, agua potable y gas restablezcan de forma gratuita las prestaciones a los damnificados por los incendios forestales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, sin importar si registraban deudas previas.
Sin embargo, desde La Moneda objetan la norma argumentando que infringe el artículo 69 de la Carta Magna por no ajustarse a las "ideas matrices" de la iniciativa legal.
El pasado lunes 18 de agosto, el TC confirmó la admisibilidad del requerimiento del gobierno para impugnar este artículo, desatando la preocupación en la oposición ante una eventual eliminación de lo que consideran una ayuda para los damnificados.
A través de un escrito presentado ante la mesa directiva del Senado, liderada por la senadora Paulina Núñez (RN),—respaldado por Karol Cariola (PC), Yasna Provoste (DC), Diego Ibáñez (FA), Claudia Pascual (PC), Alejandra Sepúlveda (Ind.) y Beatriz Sánchez (FA), entre otros nombres— los senadores recalca que la Cámara Alta no puede restarse de defender lo resuelto democráticamente en el hemiciclo.
El principal argumento que se sostiene en defensa del artículo 31 menciona que "el precepto que pretende ser impugnado por el Ejecutivo fue objeto de una decisión directa y expresa de la Sala del Senado, la que rechazó la supresión de la norma".
En ese sentido, "el requerimiento imputa un vicio de formación de ley que compromete la actuación del Senado, en circunstancias que la distancia con las ideas matrices no fue objeto de debate en esta Corporación".
Asimismo, "la elección adoptada por el Ejecutivo supone el reconocimiento de una norma admisible, cuya permanencia quedó entregada a la decisión de la Sala, la que resolvió en definitiva por la permanencia de la norma".
Por eso mismo, la presentación subraya que el asunto bajo revisión del TC "no es una cuestión ajena a esta Corporación, sino la validez de una determinación adoptada democráticamente por su Sala, en el ejercicio regular de sus atribuciones".
Los legisladores cuestionan duramente la estrategia procesal del gobierno, advirtiendo que la Administración tuvo la oportunidad de recurrir a mecanismos de inadmisibilidad durante el debate legislativo y prefirió prescindir de ellos, inclinándose por la vía de la supresión, lo que califican como un recurso "de mérito y no de admisibilidad".
Finalmente, los senadores alertan que "volver a deliberar en sede constitucional lo ya decidido en el Congreso perturba la separación de poderes", criterio que la propia Cámara Alta invocó en su comparecencia del pasado 11 de agosto durante la revisión de requerimientos cruzados sobre la misma ley.
