Cambios de revisor, aprobaciones cuestionadas y denuncias internas marcan la tramitación de proyectos de Codelco en El Teniente ante Sernageomin.
Casi en paralelo al primer aniversario del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025 en la División El Teniente de Codelco, que dejó seis trabajadores fallecidos, la cuprífera estatal anunció la suspensión temporal de las operaciones de Andes Norte. La discusión acerca de la instalación de los proyectos emplazados en ese sector, desencadenó una serie de tensiones al interior del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin) que incluso llegaron a la Contraloría.
La empresa explicó que la decisión obedecía a razones preventivas, entre ellas la detección de un “fenómeno sísmico emergente” con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y condiciones asociadas a la profundidad de la faena.
Aunque el fatal accidente ocurrió físicamente en Recursos Norte —próximo pero no en el mismo sitio que Andes Norte— el anuncio volvió a poner el foco sobre la seguridad de las operaciones subterráneas de El Teniente, sobre todo porque después del suceso todas las instalaciones subterráneas de ese sector paralizaron sus actividades.
Los antecedentes administrativos revisados para esta historia muestran que las dificultades asociadas a la estabilidad de la roca no eran completamente desconocidas. Desde 2016, durante la tramitación del método de explotación de Recursos Norte, el evaluador de Sernageomin José López Vargas formuló decenas de observaciones relacionadas con fortificación, sismicidad y control de esfuerzos geomecánicos.
El caso terminó incorporado a una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República, que plantea que determinadas jefaturas del Servicio habrían removido o apartado a evaluadores considerados demasiado estrictos para acelerar la aprobación de proyectos mineros, entre ellos, Recursos Norte.
En junio de 2016, Codelco ingresó el proyecto “Método de Explotación Recursos Norte” a Sernageomin. En aquella ocasión, López Vargas fue el encargado de su revisión y, en diciembre de ese año, emitió 86 observaciones técnicas. Entre ellas había reparos sobre el diseño de fortificación, el análisis de sismicidad y el control de los esfuerzos sobre el macizo rocoso.
Cuando Codelco respondió, en febrero de 2017, el evaluador detectó trabajos declarados por la empresa contratista Antolín Cisterna y Cía. S.A., pese a que todavía no existía una resolución de Sernageomin que aprobara legalmente el método de explotación.
Paralelamente, en mayo de ese año se registraron una serie de reuniones mediante la Ley de Lobby entre ejecutivos de Codelco y autoridades del Servicio para abordar temas relacionados al proyecto de Recursos Norte. Finalmente, la empresa retiró el expediente en julio y Sernageomin formalizó el desistimiento en octubre.
En septiembre de 2017, Codelco presentó nuevamente el proyecto. Al igual que en la génesis del proyecto, López Vargas volvió a quedar a cargo y, en diciembre, emitió otras 54 observaciones, esta vez centradas especialmente en la ausencia de planes de contingencia frente a esfuerzos asociados al método Panel Caving.
Durante los primeros meses de 2018 continuaron las gestiones de representantes de Codelco ante la jefatura del Servicio, según consta en los antecedentes remitidos a Contraloría, para reclamar por la demora de la evaluación. Tras una serie de reuniones, el 26 de abril, Ricardo Veas Rubio, entonces jefe del subdepartamento, retiró el expediente de manos de López Vargas y lo reasignó a Juan Leiva Barraza, funcionario del Servicio con base en Antofagasta. Según fuentes de la misma entidad, Leiva contaba con "poco conocimiento" y experiencia en temas subterráneos.
La explicación formal fue la existencia de dilaciones en la tramitación; el exencargado sostiene que la decisión tuvo como objetivo apartarlo de la revisión debido a sus reparos.
El cambio tuvo consecuencias concretas en los tiempos de aprobación. Codelco ingresó sus respuestas finales el 4 de junio de 2018. El expediente llegó a Leiva el 13 de junio y, cuatro días hábiles después, el 19 de junio, fue aprobado mediante la Resolución Exenta N° 1724/2018 que tuvo a la vista El Desconcierto.
La autorización, no obstante, tenía un alcance limitado: permitió explotar Recursos Norte entre 2018 y 2023, aunque Codelco había solicitado autorización hasta 2039. Sobre lo mismo, la denuncia interpuesta ante Contraloría señala que la aprobación “en ningún caso consideró el control de esfuerzo, el direccionamiento de los mismos frente a la explotación, ni el uso de pernos dinámicos de mayor resistencia” como medidas preventivas. La afirmación consta en la resolución citada.
Según los antecedentes de la denuncia, pese al vencimiento de esa autorización a fines de 2023, Recursos Norte continuó operando durante 2024 y 2025, hasta el estallido de roca del 31 de julio de 2025.
El Desconcierto se contactó con Sernageomin para consultar las verdaderas razones detrás del cambio de revisor del proyecto, cómo se explicaba que Leiva aprobara el proyecto en cuatro días y el marco normativo que amparaba que se continuara con la explotación de Recursos Nortes posterior a 2023. El Servicio comentó que, en esta ocasión, no emitirían respuestas.
Por otra parte, el encargado de evaluar el proyecto de Andes Norte fue Bruno Alvarado, quien entonces se desempañaba como Jefe de Departamento de Seguridad Minera. Uno de los primeros hechos que denuncian fuentes al interior del Servicio, fue que para destrabar Andes Norte se marginó a Alvarado y su equipo, y la iniciativa terminó siendo aprobada por la subdirección.
La obra volvió a quedar bajo escrutinio tras la decisión de Codelco de suspender temporalmente sus operaciones a principios de agosto de 2026. Sin embargo, su tramitación —según consta en el expediente entregado a Controlaría— también estaría rodeado de una serie de interrogantes posterior al accidente.
Luego del fatal hecho, el 1 de agosto de 2025, Sernageomin mediante Resolución Exenta N°1735/2025 ordenó paralizar provisional total e inmediata de todas las minas subterráneas de El Teniente. El 5 de ese mes, Codelco presentó una primera solicitud de alzamiento de operaciones.
No obstante, la decisión del Servicio en ese entonces fue la misma: se mantiene la paralización total de los sectores afectados. El 16 de agosto, la estatal ingresó una nueva solicitud de alzamiento, esa vez, específicamente para Andes Norte y Diamante.
Cuatro días más tarde, el actual subdirector nacional de minería, Andrés León, emitió un nuevo oficio condicionado el alzamiento a la entrega de nuevos antecedentes técnicos.
La respuesta fue casi inmediata y al día siguiente un abogado de la cuprífera envió una carta a Sernageomin con nueve anexos técnicos que justificaban la urgencia de reiniciar las operaciones. Lo más llamativo vino después: en un par de horas, León resolvió levantar la paralización provisional de Andes Norte y Diamante. La medida continuó rigiendo solo para Recursos Norte y Andesita, donde fallecieron los trabajadores.
León no es ajeno a los proyectos que se desarrollan en esa zona. Según consta en el expediente del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), él figuró como director de esa misma institución cuando Codelco tramitó en 2015 la explotación de esa faena. La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fue otorgada en menos de un año.
Respecto a esta tramitación desde Sernageomin contestaron que no emitirían respuestas.
El caso de Recursos Norte adquiere otra dimensión al considerar que López Vargas ya había participado en la evaluación de otros proyectos de alta complejidad. Entre ellos estaba ACF Minera, empresa vinculada a la familia Urruticoechea, respecto de cuya ampliación de operaciones también se habían denunciado presiones para acelerar su tramitación.
Tres semanas después del accidente de El Teniente, López Vargas presentó una denuncia ante la Contraloría en la que utilizó la historia administrativa de Recursos Norte como antecedente de un presunto patrón de intervención sobre los procesos de evaluación.
La presentación también aborda conflictos laborales y sumarios administrativos. López Vargas acusa haber sido objeto de un procedimiento que, según su versión, habría instrumentalizado la Ley Karin, involucrando a Marta Guzmán, entonces expresidenta de la Asociación de Funcionarios de Sernageomin y su círculo cercano dentro de la institución.
Uno de los elementos incorporados posteriormente a la denuncia es el testimonio de Juan Pablo Aránguiz, quien fue jefe del Subdepartamento de Permisos de Seguridad Minera hasta diciembre de 2025.
Aránguiz había sido citado originalmente como testigo en el procedimiento contra López Vargas, pero posteriormente entregó una declaración ante notario —a la que tuvo acceso El Desconcierto— en la que se retractó de parte de sus dichos. El 17 de julio de 2026, realizó una segunda declaración jurada.
Según Aránguiz, el subdirector Andrés León Riquelme le habría instruido verbalmente no asignar nuevos proyectos a López Vargas. La instrucción y las "dinámicas institucionales existentes", tales como reuniones de lobby con titulares mineros, afirma en la rectificación, influyó en sus "actuaciones posteriores".
Asimismo, el ex funcionario afirma que en una conversación con Marta Guzmán ella manifestó su intención de interponer una denuncia por Ley Karin contra José López y lo invitó a participar. No obstante, Aránguiz declara que, "al analizar objetivamente la situación", se dio cuenta que los comentarios negativos provenían desde la mujer hacia el acusado.
Entre los casos que se le habría solicitado no asignar a López, mencionó la ampliación de pilas de lixiviación de CEMIN Pullalli y el permiso de reabastecimiento de combustible de Andesita, sector donde posteriormente ocurrió uno de los fallecimientos de 2025. Este último permiso, según su declaración, fue aprobado por él mismo bajo instrucción jerárquica.
Este medio consultó a Contraloría el estado en que se encuentra la denuncia ingresada por López, sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
