El 31 de julio de 2025, a las 17:34 horas, un estallido de roca de magnitud 4,3 Mw al interior de División El Teniente, de Codelco, desencadenó uno de los accidentes mineros más graves de los últimos años en Chile. La liberación de energía provocó el colapso de distintos sectores de la mina subterránea ubicada en Machalí, Región de O'Higgins, dejando seis trabajadores contratistas fallecidos y otros nueve lesionados. En un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de mayo de 2026, al que tuvo acceso El Desconcierto, el organismo identifica una serie de fallas de seguridad.
A casi un año del accidente, la investigación —materializada en un informe de 122 páginas— realizada por Sernageomin concluyó que la tragedia no respondió únicamente a un fenómeno geológico de alta magnitud. El organismo identificó una cadena de decisiones operacionales, falencias en la gestión del riesgo y problemas de diseño que, en conjunto, aumentaron la exposición de los trabajadores frente a un evento que ya mostraba señales de advertencia.
Los dos sectores afectados por el estallido
El estallido impactó principalmente dos zonas de la operación: el Taller de Mantención de la Mina Andesita y el sector Hw / Loop 1 del Nivel Teniente 7, en la Mina Recursos Norte.
En el primer caso, el desprendimiento de una cuña de roca de aproximadamente 24 metros cúbicos —equivalente a unas 60 toneladas— provocó la muerte de Paulo Enrique Marín Tapia, de 48 años, trabajador de la empresa Salfa Montajes Industriales, quien realizaba labores de perforación para la instalación de tuberías.
La situación fue aún más crítica en Recursos Norte. Allí, el macizo rocoso colapsó destruyendo completamente el sistema de fortificación existente y provocando un levantamiento del techo de hasta 20 metros en algunos sectores.
Cinco trabajadores de Constructora Gardilcic Ltda., que esperaban un equipo alzahombre —maquinaria de elevación— para comenzar sus labores, fueron alcanzados por la proyección de material rocoso. Las víctimas fueron Gonzalo Ignacio Núñez Caroca (33), Alex Araya Acevedo (29), Carlos Andrés Arancibia Valenzuela (34), Jean Humberto Miranda Ibaceta (31) y Moisés Esteban Pavez Armijo (33).
Las alertas previas que no fueron consideradas
Uno de los aspectos más relevantes del informe de Sernageomin es que el accidente estuvo precedido por indicadores que mostraban un aumento de la actividad sísmica en la mina.
Según el organismo, entre el 26 y el 28 de julio, además del 30 de julio, los parámetros de monitoreo se encontraban fuera de los rangos normales. Pese a ello, las operaciones continuaron y no se aplicaron restricciones adicionales, evacuaciones preventivas ni aislamiento de las zonas críticas.
El propio día del accidente, alrededor de las 15:00 horas, trabajadores de la Mina Andesita reportaron haber sentido un estruendo que calificaron como significativamente más intenso que una tronadura habitual. Sin embargo, tras la pausa de colación, las faenas retomaron su funcionamiento.
Para Sernageomin, el procedimiento interno utilizado para operar en zonas de transición —identificado como P-03— presentaba una debilidad estructural: la decisión de evacuar quedaba entregada al criterio de la jefatura de turno, sin que existiera un mecanismo obligatorio para escalar la situación hacia especialistas en geomecánica o hacia la gerencia de seguridad.
Un sector que ya había colapsado
La investigación también apunta a problemas de diseño y planificación minera.
El área del Nivel Teniente 7 donde fallecieron los cinco trabajadores ya había sufrido un colapso importante el 24 de julio de 2023. Ese evento dejó una sobreexcavación cercana a los 13 metros de altura, modificando las condiciones originales del macizo rocoso.
Pese a ello, el sector continuó operando con un sistema convencional de fortificación —basado en pernos, mallas, shotcrete (un tipo de concreto) y cables— que, según concluye Sernageomin, no era suficiente para resistir un evento dinámico de alta energía como el ocurrido en julio de 2025.
El informe agrega que mantener tránsito peatonal bajo una excavación de esas dimensiones sin incorporar estructuras de soporte de mayor capacidad constituyó una falla relevante desde el punto de vista del deber de cuidado.
Otro de los antecedentes que releva el organismo tiene relación con el diseño aprobado para el proyecto Recursos Norte. Cuando Sernageomin autorizó su desarrollo, estableció que debía mantenerse un "pilar de desacople" de 120 metros de ancho entre distintos sectores de explotación. El objetivo era limitar la propagación de esfuerzos geomecánicos entre las zonas mineras.
Sin embargo, la investigación concluyó que posteriormente se explotaron sectores adyacentes contemplados fuera del diseño autorizado, reduciendo la función de ese pilar y aumentando el riesgo de transmisión de esfuerzos al interior del macizo rocoso.
Un rescate marcado por la inestabilidad
Las labores de rescate se extendieron durante cuatro días debido a las condiciones que presentaba la mina tras el estallido.
La inestabilidad del terreno y las réplicas obligaron a utilizar equipos LHD —maquinaria que transporta material dinamitado— operados a distancia, además de drones para inspeccionar las galerías antes del ingreso de las brigadas de rescate. El último cuerpo fue recuperado el domingo 3 de agosto.
Al día siguiente del accidente, el 1 de agosto de 2025, Sernageomin dictó la Resolución Exenta N° 1735, mediante la cual ordenó la paralización total de la mina subterránea.
Como condición para autorizar una reapertura gradual, el servicio exigió una serie de medidas, entre ellas la modificación del procedimiento P-03 para incorporar alertas automáticas de evacuación, la instalación de barreras físicas en sectores con riesgo geotécnico y auditorías independientes sobre los proyectos mineros y sus pilares estructurales.
La tramitación judicial del caso y cómo aporta el informe de Sernageomin
Más allá del evento sísmico que originó el accidente, la investigación de Sernageomin plantea que la magnitud de la tragedia estuvo asociada a una combinación de factores operacionales, de ingeniería y de gestión del riesgo.
Actualmente, la causa penal se encuentra albergada en la Fiscalía Regional de O'Higgins bajo responsabilidad del fiscal Aquiles Cubillos. Una de las hipótesis que busca despejar la investigación es si el caso respondió solo a errores en los estudios de la mina, o existieron decisiones humanas que sean atribules a un delito penal.
PDI allana oficinas de Codelco Créditos: Agencia Uno
En este sentido, las conclusiones del informe emitido por Sernageomin cobra relevancia debido a que, si bien no atribuye responsabilidades penales, aporta antecedentes significativos respecto a la continuidad operacional pese a que se registraban indicadores sísmicos fuera de rango; modificaciones del proyecto sin contar con una nueva aprobación, entre otros puntos expuestos con anterioridad.
Por otra parte, en febrero de 2026, Sernageomin denunció ante la Fiscalía y la Contraloría que detectó graves inconsistencias entre la información técnica entregada por Codelco y la realidad operacional de la faena. Ante eso, el Servicio habló incluso de un "uso malicioso de instrumentos de reporte oficial".
INFORME COMPLETO
