El acopio masivo de datos, la nube y la economía de plataformas trasladan el poder desde los Estados hacia conglomerados tecnológicos transnacionales. La economista Cecilia Rikap propone disputar ese control, mientras el sistema Pix de Brasil ya tensiona su vínculo con EE.UU.
National Archives Catalog | Dominio público. Edición con Gemini
La definición que manejamos de soberanía, probablemente aprendida en el colegio, es heredera de la idea moderna del Estado nación y se vinculamos a la jurisdicción exclusiva sobre un territorio, o en palabras de Max Weber, al monopolio legítimo de la fuerza al interior de unas fronteras específicas.
El territorio ha sido históricamente uno de los atributos definitorios de la autoridad estatal, al demarcar el espacio de actuación y límite frente a otros Estados.
Se trata de un noción que, sin embargo, empieza a cortocircuitar a gran velocidad con la irrupción de la era digital, con el acopio masivo de datos personales, y con la extracción algorítmica y la economía de plataformas, fenómenos que trazan un nuevo mapa del poder global en el que los países llamados “periféricos” se ven abruptamente sujetos a formas inéditas de dependencia respecto a un “centro tecnológico”.
El concepto, entonces, migra desde ese inicial principio de jurisdicción sobre un territorio hacia otro: ahora es caracterizado como un conjunto de capacidades (o de carencias) sobre infraestructuras, flujos de datos y ciudadanos/poblaciones de usuarios en el que el actor dominante ya no es el Estado, sino conglomerados tecnológicos transnacionales que ejercen un poder cuasi soberano de facto.
Esta nueva definición no suprime los estados ni anula la geografía obviamente, pero sí la reorganiza. Ya no podemos afirmar que los datos —nuestros datos— tienen una nacionalidad ni una protección en un ámbito territorial concreto. La nube está regida por jurisdicciones extranjeras y la vigilancia y extracción de ellos (y del valor que de ellos se extrae) operan a través de las fronteras de otro orden.
Una aclaración: acá no se trata de que los Estados hayan cedido competencias, sino de una novedad cualitativa que introduce la digitalización, y es que los objetos mismos sobre los que recae la soberanía se vuelven inaprehensibles para el esquema territorial.
En la actualidad los datos y la capacidad de cómputo se alojan en centros que por lo general se ubican en países distintos a donde fueron producidos o son utilizados, lo que plantea un problema jurisdiccional nada desdeñable: ¿qué ley aplicamos a datos guardados en servidores de un país x, de ciudadanos de un país y, y que son operados por una empresa de nacionalidad z? Menudo problema.
El caso emblemático de dicha extraterritorialidad jurídica es la Patriot Act estadounidense, la norma aprobada en octubre de 2001 que amplía los poderes de vigilancia de la policía y los servicios de inteligencia norteamericanos y permite a las autoridades de ese país exigir la entrega de datos almacenados en cualquier lugar del mundo si el operador es una empresa estadounidense.
Es exactamente este tipo de poder jurídico extraterritorial lo que convierte a la nube en un vector central de dominación. Los países descubren que sus datos gubernamentales y sus ciudadanos pueden estar expuestos a una jurisdicción extranjera sin que ninguna norma local o contrato privado pueda evitarlo.
¿Cómo abordar este fenómenos? Las Ciencias Sociales vienen dando cuenta de esta nueva dimensión crítica del poder global. Los investigadores Nick Couldry y Ulises Mejías, entre otros, lo abordan desde el concepto “Colonialismo de datos” que normaliza la apropiación de la vida humana (convertida en flujo de información) como recurso natural disponible paras el capital del mismo modo que el colonialismo tradicional se apropió territorios, recursos y cuerpos.
Las relaciones de datos, sostienen Couldry y Mejías, reconfiguran la vida social para hacerla extraíble de modo análogo a como lo hizo la doctrina terra nulluis (“tierra de nadie”, utilizada por las potencias europeas durante la colonización) para habilitar jurídicamente la expropiación de tierras.
La función que desde finales del siglo XV y durante los siglos XVI al XIX cumplió el Requerimiento Colonial, ese texto legal y ceremonial que debía leerse en voz alta y en un incomprensible español a los pueblos originarios antes de iniciar cualquier ataque militar, la cumple ahora los “Términos de servicio” el acuerdo que se interpone a que usemos cualquier aplicación o software, que jamás leemos, y que al ser aceptado sella el consentimiento de la apropiación.
La economista argentina Cecilia Rikap analiza esa colosal transferencia y cesión de datos a la luz de la teoría de la dependencia latinoamericana de los años sesenta. Postula que el mapa de poder global yo no sirve describirlo con los viejos pares binarios potencia imperial/colonia, ni siquiera con metáforas acuñadas en los últimos años como tecno-feudalismo, tecno-oligarquías, etc. ya que lo relevante es que se trata de “economías asimétricas regidas por monopolios intelectuales —Google, Amazon, Meta— que controlan el ritmo de innovación tecnológica global y se apropian del conocimiento (no solo de datos, sino del conocimiento) producido en el resto del planeta”.
Rikap introduce un detalle en su análisis que en la coyuntura política de nuestros subcontinente es crucial: el subdesarrollo no se explica solo por la responsabilidad de quienes están en el centro del capitalismo global, sino también por cómplices que operan en las periferias tanto a nivel económico como político.
La investigadora identifica a empresas de plataformas como Mercado Libre o Rappi en América Latina que funcionan dentro de los ecosistemas predatorios de los gigantes tecnológicos en vez de pensar en producir tecnología de manera distinta.
Identificar a estos cómplices, corporativos o políticos, es fundamental para pensar la política en nuestros países, sostiene.
Ferviente defensora de la soberanía tecnológica, Rikap es opositora al proyecto del presidente ultraderechista argentino Javier Milei de instalar centros de datos en la Patagonia argentina pues estos, lejos de generar encadenamientos productivos, funcionan como si fueran bases militares en territorio extranjero, consumen energía eléctrica y de agua de modo masivo y van en detrimento de la posibilidad de desarrollar otro tipo de economías regionales.
Para la economista la solución a esta soberanía que se extingue es una articulación política a escala internacional. No se trata de rechazar la tecnología ni tampoco resignarse a ella, se trata de disputar el control, de construir una soberanía tecnológica a través de la obtención de infraestructura y desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) publica y abierta.
Pix, es una infraestructura de pagos digitales de acceso abierto, interoperable y de bajo costo lanzado por el Banco Central de Brasil (BCB) es un caso excepcional en el panorama financiero internacional que podría considerarse un embrión de rebeldía digital.
Con esta aplicación el país sudamericano recupera la capacidad técnica al no tercerizar la infraestructura crítica, esto es: creó y opera dos piezas centrales que son el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) que liquida las operaciones en tiempo real, y el Directorio de Identificadores de Cuentas Transaccionales (DICT) que administra las claves de los usuarios. Ambas piezas son operadas directamente por el BCB.
Con este sistema, el Gobierno brasilero logró correr a las tarjetas (débito y crédito) y otras plataformas como sistema de pago dominante al concentrar el 53,4% de todas las transacciones electrónicas durante el tercer trimestre de 2025.
Esta capacidad de intervención sobre la estructura de pagos es soberanía monetaria, no sólo jurisdicción formal, sostiene La Política Online.
Si bien se trata apenas de un embrión, la contundente muestra de que PIX constituye una amenaza real al orden centro-periferia es que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició una investigación alegando que el trato preferencial del Banco Central de Brasil a PIX restringe el comercio estadounidense y describe la práctica como “irracional y discriminatoria contra agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses”.
Los sistemas de pago nacionales como Pix limitan la capacidad estadounidense de aplicar sanciones económicas, algo relativamente sencillo cuando el sistema pasa por infraestructura con sede estadounidense. Ahí está el núcleo geopolítico: no es solo competencia comercial, es la posibilidad de escapar del poder de veto que da controlar los rieles financieros globales.
Como era de esperarse, hay consecuencias, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aplicar un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones de Brasil desde el 22 de julio, una decisión que profundiza la disputa comercial entre ambos países después de la investigación de un año realizada por la USTR.
Pix tiene 176 millones de usuarios —equivalente al 80% de la población brasileña— y la mayoría de ellos lo utiliza con frecuencia, según datos del BCB a julio de 2026.
Cada mes registra más de 7.000 millones de transacciones por casi 3,4 billones de reales (unos US$660 millones), de acuerdo al promedio del primer semestre de este año.
¿Podrá la región avanzar en una dirección similar que represente un aporte concreto a la soberanía?. Está por verse. Por ahora la realidad concreta es que en Argentina en 2023 los ciudadanos eligieron a un mandatario que va en la dirección contraria y que, de hecho, llegó con una promesa que va a totalmente contramano: dolarizar la economía y facilitar el aterrizaje de centros de datos en la Patagonia.
