El ejecutivo que firmó el documento en la licitación de la BAES está entre los individualizados por la FNE en el cartel de casi una década. Junaeb descartó poner término anticipado al contrato, mientras la competidora Amipass pidió un pronunciamiento a la Contraloría.
Un proceso judicial nuevamente volvió a remecer al Congreso Nacional cuando la semana pasada se conoció que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) materializaran una serie de diligencias que incluían el allanamiento de las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Independiente). Las diligencias se enmarcan en la causa que involucra presuntas irregularidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.
La causa se originó a partir de una investigación interna de Junaeb, donde se detectó que se habrían pagado más de $14 mil millones por servicios que nunca fueron entregados entre 2021 y 2023. Las diligencias también alcanzaron al exdiputado comunista, Hugo Gutiérrez.
Aunque la atención regresó a las operaciones de Junaeb, lo cierto es que la causa tiene una serie de ramificaciones, algunas de ellas que se juegan en los tribunales económicos. Es el caso de la eventual colusión que investiga la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y que tiene como protagonistas la triada conformada por Pluxee, Edenred y Junaeb.
En mayo de 2026, Edenred reconoció ante la FNE su participación en un acuerdo de asignación de mercado con Pluxee que se habría extendido por casi una década. Ambas compañías mantienen contratos con diversos organismos públicos, entre ellos Junaeb. En el caso de la BAES, Edenred suscribió un pacto de integridad que prohibía expresamente cualquier conducta colusiva.
El mismo mes la FNE presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra Edenred Chile y Pluxee Chile, acusándolas de haber mantenido durante casi una década un acuerdo para repartirse el mercado de los servicios de administración de beneficios de alimentación y vestuario.
El caso tiene una particularidad: Edenred se acogió al mecanismo de delación compensada y entregó antecedentes a la autoridad sobre el funcionamiento del acuerdo y la participación de sus ejecutivos.
La delación compensada es un mecanismo contemplado en la legislación de libre competencia que permite eximir o reducir las sanciones a quienes participaron en una conducta colusiva y colaboran con la autoridad entregando antecedentes relevantes para acreditar su existencia y funcionamiento.
El reconocimiento de la empresa ahora abre una interrogante respecto de algunos de los contratos que ambas compañías mantienen con el Estado. Entre ellos está uno de los programas de mayor alcance de JUNAEB: la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).
La licitación que permitió adjudicar la administración de las transacciones electrónicas del programa para los años 2025 y 2026 contemplaba, como exigencia específica, la firma de un pacto de integridad que le permitió a la empresa adjudicarse $403 mil millones, según consta en la orden de compra. Pese a su historial, Edenred firmó el documento.
El servicio fue adjudicado a Pluxee y al consorcio integrado por Edenred bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores. El pacto fue firmado el 6 de noviembre de 2024 por Fernando Gustavo Müller Ferrés, en su calidad de representante legal y apoderado común de la Unión Temporal de Proveedores, y por Cristian Felipe Díaz Paredes, como integrante de la misma.
La firma de Müller adquiere especial relevancia a la luz de los antecedentes presentados posteriormente por la FNE. En su requerimiento, la Fiscalía lo individualiza entre los ejecutivos relacionados con el mantenimiento de los acuerdos de asignación de mercado que son objeto de la investigación.
Así, mientras Edenred participaba en una licitación pública en la que se comprometía formalmente a respetar las normas de libre competencia, la FNE sostiene que la compañía había participado en coordinaciones con su principal competidor.
El punto que ahora surge es distinto: qué efectos puede tener el reconocimiento realizado por Edenred en aquellos contratos que la compañía mantiene con organismos públicos y que incluyen obligaciones específicas relacionadas con la libre competencia y la integridad de los procesos de contratación.
Las bases administrativas de la licitación establecen que el incumplimiento del pacto de integridad constituye una causal para poner término anticipado al contrato. También contemplan la posibilidad de hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento en caso de una infracción a dicho pacto.
Desde Junaeb respondieron a El Desconcierto que la licitación está en plena desarrollo y su plazo vence en enero del próximo año. De la misma forma, argumentaron que las bases de la adjudicación, y por la que actualmente Edenred presta servicios a Junaeb, no contemplan causales de término anticipado del contrato "en virtud de hechos relativos a procesos anteriores que están siendo objeto de análisis por parte de los tribunales competentes".
"En este sentido, al tratarse de una causa en desarrollo, no está contemplado revocar el contrato en curso. Sin embargo, en caso de existir una condena, la situación será reevaluada por Junaeb", afirmaron desde la entidad pública.
Tras conocerse el requerimiento de la FNE, FDD Innovación & Crecimiento, empresa que opera bajo la marca Amipass y que compite en el mercado de beneficios de alimentación, recurrió a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre los contratos que mantienen los operadores involucrados con organismos públicos.
La presentación fue realizada por la empresa representada por Patricio Dueñas Azócar y apunta a lo que califica como una falta de reacción de los organismos contratantes frente a los antecedentes expuestos por la FNE.
En su escrito, Amipass sostiene que instituciones como JUNAEB, Gendarmería y la PDI continúan ejecutando contratos con las empresas involucradas en la investigación por colusión, pese a que algunos de esos vínculos contienen cláusulas expresas relacionadas con la libre competencia y los pactos de integridad.
La empresa plantea que corresponde a los organismos públicos evaluar si los antecedentes conocidos permiten activar los mecanismos de sanción contemplados en sus respectivos contratos. Según pudo conocer este medio, la firma en las próximas semanas buscaría sumarse a la arremetida contra Edenred y Pluxee en el TDLC.
La solicitud pone a la Contraloría frente a una discusión que excede el caso particular de Edenred y Pluxee: determinar cómo deben actuar los servicios públicos cuando una empresa contratista reconoce ante la autoridad de libre competencia su participación en una conducta que podría entrar en conflicto con obligaciones asumidas previamente en una licitación.
Por ahora, la discusión se encuentra abierta. El requerimiento presentado por la FNE deberá ser resuelto por el TDLC y, paralelamente, los organismos públicos deberán determinar si los antecedentes conocidos tienen consecuencias sobre los contratos que mantienen con las empresas involucradas.
