La Ley de Reconstrucción Nacional (N° 21.850) abrió una puerta que la legislación ambiental buscaba mantener cerrada: permitir actividades productivas en áreas protegidas sin exigir un plan de manejo.
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La excepción que establece la Ley de Reconstrucción Nacional, al permitir concesiones en áreas protegidas sin plan de manejo, genera una tensión con otras disposiciones de la propia normativa, que establecen la necesidad de contar con dichos instrumentos para regular las actividades productivas.
La Ley de Reconstrucción Nacional (N° 21.850) abrió una puerta que la legislación ambiental buscaba mantener cerrada: permitir actividades productivas en áreas protegidas sin exigir un plan de manejo.
En su artículo 15.2, modifica la Ley N° 21.600, o Ley SBAP, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para permitir la relocalización de concesiones salmoneras desde parques nacionales hacia reservas nacionales y áreas de conservación de múltiples usos que no cuenten con un plan de manejo. Esta disposición afecta directamente a territorios como las reservas nacionales Las Guaitecas, en Aysén, y Kawésqar, en Magallanes, que aún no cuentan con dicho instrumento.
El Gobierno argumenta que no se puede seguir paralizando la relocalización de concesiones debido a la demora del Estado en elaborar estos instrumentos. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, sostuvo en La Prensa Austral que el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar debía estar listo en 2021 y que aún sigue pendiente. Agregó que dicha demora es responsabilidad del Estado y no de las empresas. Actualmente, su elaboración corresponde a Conaf y, a partir de marzo de 2027, pasaría al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Estimamos, sin embargo, que la solución a estos retrasos no es eliminar el requisito de contar con un plan de manejo, sino cumplir con la Ley SBAP y acelerar la elaboración y aprobación de dichos planes. La ley define el plan de manejo como un instrumento de gestión ambiental destinado a resguardar el patrimonio natural de las áreas protegidas. Constituye un marco regulatorio y una herramienta de planificación para su adecuada gestión.
Este instrumento identifica los objetos de conservación, las presiones y amenazas que enfrenta el territorio, establece la zonificación y determina las actividades permitidas y prohibidas en su interior, entre otros aspectos. Sin esa información, ¿con qué criterios se puede establecer que una concesión salmonera es compatible con la conservación del área?
La ministra afirmó que los objetos de protección de las áreas protegidas, es decir, los elementos que cada área busca conservar, están definidos desde el momento en que se decreta su creación. Sin embargo, los decretos de creación de las reservas nacionales Las Guaitecas y Kawésqar no establecen dichos objetos, por lo que estos deben ser definidos en sus respectivos planes de manejo.
La Ley N° 21.600 establece los resguardos necesarios para la conservación de las áreas protegidas y dispone como requisito fundamental que estas cuenten con un plan de manejo antes de autorizar actividades productivas en su interior. Los artículos 63, 80 y 92 exigen que dichas actividades sean compatibles con los objetivos de la categoría, los objetos de protección y el plan de manejo.
El artículo 92 contempla, además, la emisión de un informe favorable del SBAP para otorgar concesiones sectoriales. Por su parte, el artículo 71 establece que toda área protegida debe contar obligatoriamente con un plan de manejo, mientras que el artículo 72 define sus contenidos. Más explícito aún, el artículo 79 señala: “Solo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo”.
La ley también exige que las bases de licitación de nuevas concesiones se ajusten a la categoría, los objetos de protección y el plan de manejo del área. La planificación, por tanto, no es un elemento accesorio: es una condición para determinar qué actividades pueden desarrollarse en estos territorios.
Esto cobra especial relevancia cuando hablamos de salmonicultura intensiva en jaulas, una actividad asociada a la acumulación de materia orgánica, la eutrofización y las alteraciones en la calidad del agua, con efectos sobre los ecosistemas marinos. Las categorías de Reserva Nacional y Área de Conservación de Múltiples Usos contemplan el uso sustentable, pero es precisamente el plan de manejo el que debe determinar qué usos son compatibles con la conservación del área.
Toledo ha señalado que las relocalizaciones deberán someterse a evaluación ambiental y a consulta indígena cuando corresponda. La realización de un estudio de impacto ambiental es relevante. Sin embargo, ¿cómo se podrán evaluar los impactos sobre los objetos de protección si estos no están definidos y no existe un plan de manejo que establezca las actividades permitidas y prohibidas dentro del área?
Por estas razones, es imprescindible que se elaboren los planes de manejo de las áreas protegidas antes de permitir concesiones en su interior. La excepción que establece la Ley de Reconstrucción Nacional, al permitir concesiones en áreas protegidas sin plan de manejo, genera una tensión con otras disposiciones de la propia normativa, que establecen la necesidad de contar con dichos instrumentos para regular las actividades productivas. Todo esto debilita el objetivo central de la Ley SBAP: la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país.