viernes 20 de noviembre de 2026
Opinión

Lo público no es patrimonio de solo algunos

Mi tesis es simple: la extrema derecha que hoy gobierna no entiende que lo público no le pertenece. Es de la sociedad entera, y sus reglas deben ser el combate a la opacidad, al ocultamiento y a la mentira.

20 de noviembre de 2026 - 11:45

Vivimos un momento difícil, y buena parte de esa dificultad nace de algo elemental que, quienes hoy gobiernan, parecen incapaces de entender: la diferencia entre lo privado y lo público.

Lo privado es lo que no está a la vista de los demás. Ahí decidimos sobre nuestros gustos, conductas y opiniones: es el territorio de la libertad personal. Incluso ahí hay límites que la moral de cada época impone, como el maltrato a quien no puede defenderse, la calumnia o la contaminación del espacio ajeno. Pero esa condena es social y recae sobre conductas que nacen de la libertad de cada cual.

Lo público es otra cosa: es el ámbito donde se ejerce poder sobre otros. Y en una república ese poder no emana del capricho de un príncipe maquiavélico, sino de una concesión. Cedemos parte de nuestra libertad para que otros decidan en nuestro nombre y podamos vivir en sociedad.

De ahí se desprende la condición medular de lo público: la transparencia. Quien decide por otros debe exhibir lo que decide, porque solo así quienes le entregaron ese poder pueden exigirle coherencia con lo que prometió. Sin eso, la democracia es una burla.

Y eso es lo que estamos viendo. Hace varios días ya que el Senado pidió al ministro de Justicia los antecedentes de los decretos de rebaja de penas, por el escándalo público de liberar a pederastas, y encubiertamente a violadores de derechos humanos, y el ministerio aún no los entrega.

Tenemos un ministro de Hacienda que maneja la macroeconomía como si fuera su empresa, como si lo público y lo privado fueran lo mismo, y desencadena, por no hacer uso del Mepco, un proceso inflacionario que nos afecta a todos y tiene a los transportistas paralizando el tráfico en las carreteras.

Tenemos a Trinidad Steinert, a quien la Contraloría concluyó que actuó fuera de sus atribuciones y que debió abstenerse, y para quien se premia en un cargo diplomático especializado.

Tenemos a Natalia Duco, que volvió al Segundo Piso a solo 24 días de salir del gabinete, en medio de la polémica por el uso de un vehículo fiscal, una señal que hasta una diputada libertaria calificó de muy mala. El Estado convertido en estacionamiento de lealtades. Y tenemos un gobernante que llegó al poder denunciando a sus antecesores y azuzando a los camioneros, y que hoy no sabe cómo saldrá del problema que ayudó a crear.

La pregunta es inevitable. ¿Mintieron para llegar, prometiendo lo imposible, o están tan ideologizados que no distinguen las dimensiones que se deben considerar al decidir sobre la vida de los chilenos? ¿Es la tozudez, la persistencia en el error contra toda opinión en contrario, una forma de gobernar?

El mundo ofrece pocos consuelos. Donald Trump, en medio de una guerra que no termina, anuncia cada semana por redes sociales que destruirá un país entero y hará morir una civilización milenaria, si no se rinde a su ultimátum. Y los gobiernos que nos pusieron como modelo se derrumban: en Paraguay, Santiago Peña quedó en prisión preventiva, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Dirán que toda autoridad tiene derecho a su vida privada y que hay datos sensibles que proteger. Es cierto. Pero la reserva se justifica para amparar a las personas, jamás para blindar al poder frente al escrutinio.

Mi tesis es simple: la extrema derecha que hoy gobierna no entiende que lo público no le pertenece. Es de la sociedad entera, y sus reglas deben ser el combate a la opacidad, al ocultamiento y a la mentira.

Por eso conviene pasar de la queja a la propuesta:

  • Primero, plazos legales perentorios para que las autoridades entreguen lo que piden el Congreso y los órganos de control, con sanciones reales si no cumplen.
  • Segundo, que quien sea cuestionado por la Contraloría por actuar fuera de sus atribuciones no pueda volver a cargos de confianza durante un tiempo.
  • Tercero, publicar de oficio las decisiones relevantes, anonimizando los datos personales. Y cuarto, sancionar la mentira deliberada en el ejercicio de funciones públicas.

La democracia no se agota en votar cada cuatro años. Consiste en que lo prestado se pueda auditar.

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