miércoles 18 de noviembre de 2026
Opinión

Derrocar a Allende: la huelga insurreccional de camioneros

El paro insurreccional en más de tres semanas no consiguió derrocar a Allende, pero había dañado irreparablemente la economía. El Gobierno quedó en jaque.

18 de noviembre de 2026 - 11:45

Puerto Aysen, Teatro Municipal, lunes 2 de octubre de 1972, hace 54 años, la asamblea de los gremios del transporte provincial acuerda paralizar.

Los transportistas se oponían a la iniciativa del Instituto CORFO-Aysén de crear la Empresa de Transporte Marítimo, Aéreo y Terrestre Aysén Ltda, que pensaba incorporar autobuses, camiones y motores. Temían la estatización del transporte.

El llamado a huelga regional, inmediatamente, se transforma en un paro nacional insurreccional, cuya meta era derrocar a Allende.

El 6 de octubre, el senador Bulnes, del Partido Nacional, expresó: “(…) el Gobierno que nos rige (…) es un Gobierno ilegal (…)”; por su parte, el senador, Patricio Aylwin dijo que el Mandatario está haciendo “una farsa democrática”. La paralización para sacar a Allende quedaba autorizada.

Entonces, el 10 de octubre, a las cero horas, doce mil camioneros de la zona central comenzaron un paro indefinido en apoyo al movimiento que mantenían los transportistas de Aysén. Acatando la convocatoria centenares de camiones bloquearon las carreteras, miles más, a los que se les sacaron piezas vitales, fueron estacionados en predios rodeados de zanjas antitanques. Los transportistas apoyados por milicianos de Patria y Libertad se atrincheraron para resistir cualquier intento de confiscar los camiones.

El paro era financiado con dólares de EE.UU. depositadas en otros países, como lo reconoció Orlando Sáez, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril; también, llegaron desde Argentina, a través del periodista, Carlos Manuel Acuña, que después sería importante colaborador de Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA en Buenos Aires.

La tarde del 10 en Santiago, en la concentración de la Confederación Democrática, en medio de los gritos: “tugar, tugar, salir a buscar, encontrar un marxista y hacerlo cantar”, Jorge Ovalle dijo que el pueblo ha dicho “basta”, además le pidió al presidente “que pongan sus cargos a disposición (…)”.

El 12 de octubre, el Gobierno decretó Estado de Emergencia en 12 provincias. Esa noche, Salvador Allende se refiere al paro con dureza: “(…) La Confederación de Dueños de Camiones –expresó en cadena nacional— ha tenido una actitud anti gremial [y] política (…). Esta Confederación con que se llegó a un acuerdo (…) que obtuvo el 120% de alza de sus tarifas (…) ha pretendido exigir al Gobierno una serie de pronunciamientos que dicen relación directa (…) con aspectos políticos que no [le] competen (…)[Y] ordenó el paro de transporte de camiones (…). Ante esta situación absolutamente ilegal, el Gobierno ordenó la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y (…) fueron detenidos (…) los dirigentes (…)”.

En solidaridad con los huelguistas paró el comercio. Jaime Doggenweiller, presidente de la Cámara de Comercio Detallista de Valparaíso justificó el cierre “(…) en apoyo a la huelga nacional de los propietarios de camiones”. Poco después, se unieron la Federación de Sindicatos de Choferes de Taxis, la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular; los colegios profesionales de abogados, médicos, enfermeras, ingenieros; y otras organizaciones.

Chile quedó totalmente paralizado.

El 20 de ese mes, se oficializaba el Movimiento Patriótico por la Recuperación Gremial (MOPARE), que unía a dueños de camiones y choferes contrarios a la huelga. Este reunía 2000 transportistas. El grupo pacto con el Gobierno y salió a trabajar, pero no era suficiente.

El 22 de octubre, el Comando Nacional de Defensa Gremial, entidad que agrupaba a los paralizados entregó su propuesta “Para que Chile reanude su marcha”. En esta exigía al Gobierno el desistimiento de las querellas a los dirigentes, el fin de la cadena nacional de radios, el fin de la “asfixia económica de la Papelera (…)”, promulgación inmediata de la Reforma Constitucional sobre las tres Áreas de la Economía, publicación inmediata de la ley sobre control de armas, desarme en 24 horas de los grupos violentistas. Finalmente, sentenciaba “Sólo daremos por satisfecho este Pliego Nacional una vez que sean cumplidas las exigencias en él contenidas”. Era un ultimátum.

En la primera semana de noviembre Allende con las FF.AA. forma un gabinete, en que el general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército, asume el ministerio del Interior.

A las 13:30 del 5 de noviembre, Prats escribe “que el Gobierno nunca ha tenido dentro de sus objetivos la estatización del transporte terrestre (…) El Gobierno está dispuesto a delimitar y garantizar, por medio de una ley, la actividad de los transportistas privados (…)”.

Horas después, el Comando Nacional de Defensa Gremial señala que con el nuevo ministerio ha sido posible “establecer las condiciones básicas para reanudar las labores”, y da por finalizada la paralización.

El paro insurreccional en más de tres semanas no consiguió derrocar a Allende, pero había dañado irreparablemente la economía. El Gobierno quedó en jaque.

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