¿Tiene una emergencia el mismo peso cuando afecta a una de las comunas con mayor concentración de recursos económicos del país a cuando afecta a pequeños agricultores, crianceros, personas mayores y familias dispersas en una comuna rural al norte de Santiago de Chile? ¿La velocidad de la respuesta depende de la gravedad de la emergencia o de quien la sufre?
La desigualdad no solamente se mide por ingresos, también se mide en la distancia hasta un hospital, en cuántas rutas alternativas existen cuando se corta un camino, en la cantidad de maquinaria disponible, en la capacidad financiera de una municipalidad y, también, en cuánto demora una emergencia local en transformarse en una preocupación nacional.
En la comuna de Las Condes, el 8 de octubre de 2026, el gobierno del presidente José Antonio Kast se demoró cerca de tres horas en decretar zona de catástrofe tras el aluvión en San Carlos de Apoquindo; esto permite disponer rápidamente de instrumentos administrativos para enfrentar la situación, que es lo correcto.
Alto del Carmen necesita que se evalúe con la misma urgencia la declaración de zona de catástrofe, no porque nuestra situación sea idéntica: precisamente porque nuestras condiciones son distintas.
Alto del Carmen no es Las Condes: aquí un puente cortado puede significar el aislamiento de un valle. Una crecida puede impedir que agricultores saquen sus cosechas, se van las bocatomas de los canales, se inundan los pozos del agua potable rural, la interrupción de una ruta impide servicios de transporte público y que una persona llegue a atención médica de urgencia.
Nuestra memoria histórica demuestra que los ríos de Alto del Carmen todavía pueden crecer mucho más durante el período de deshielo. En diciembre de 1941, se recuerda una gran crecida que habría inundado el valle de lado a lado; en 1972, crecidas y aluviones afectaron ambos valles, con graves daños agrícolas y pérdida de vidas; en 1984-1985, un invierno muy lluvioso y nevado provocó crecidas de río prolongadas; en 1987-1988, una de las mayores bajadas, destruyó el puente del Algodón y dejó a gran parte de la comuna aislada; en 1997-1998, lluvia, nieve y deshielo volvieron a cortar caminos y puentes durante meses; y en 2015, la activación masiva de quebradas dejó una de las emergencias más destructivas de nuestra historia reciente.
Sabemos que, si a este escenario se suman lluvias estivales con isoterma alta, el caudal de ríos y quebradas puede aumentar rápidamente y provocar catástrofes. Esperar a que eso ocurra para actuar no es prevención. Alto del Carmen necesita un Estado presente, capaz de anticiparse a las emergencias y no limitarse a reaccionar ante sus consecuencias, especialmente en un territorio donde las condiciones de vulnerabilidad social y territorial se profundizan con la crisis climática.
Alto del Carmen no es Las Condes, y esa diferencia también es política: las emergencias climáticas golpean con más fuerza a quienes tienen menos, mientras el Estado muchas veces llega tarde o no llega. No podemos aceptar que empresas privadas que han sido irresponsables con el territorio terminen ocupando el espacio que le corresponde al Estado, ofreciendo soluciones, generando dependencia y dividiendo a comunidades que comparten la misma historia y dependen del mismo río.
Alto del Carmen ha aprendido a resistir aluviones y sequias, entre la cordillera y el mar. Preservar los ecosistemas hídricos y glaciares es proteger la posibilidad de seguir viviendo aquí. No pedimos privilegios: pedimos que nuestra vida, nuestra historia y nuestro futuro tengan el mismo valor.