La Corte Suprema dejó firme la condena por el atropello de una adolescente embarazada, con indemnizaciones que superan los $80 millones.
Corte Suprema / Agencia Uno
Una adolescente de 15 años y con siete meses de embarazo fue atropellada por un bus mientras cruzaba con luz verde en Puente Alto, accidente que terminó provocándole secuelas físicas permanentes. La Corte Suprema dejó firme la condena solidaria contra el conductor y la empresa propietaria del vehículo, que deberán pagar indemnizaciones por más de $80 millones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el accidente ocurrió el 28 de octubre de 2012, cuando la joven cruzaba avenida San Carlos.
El conductor del bus circulaba por avenida Nonato Coo y, al realizar un viraje sin respetar el semáforo peatonal ni su derecho preferente de paso, la atropelló.
El Juzgado de Garantía de Puente Alto posteriormente condenó al chofer como autor de cuasidelito de lesiones graves.
La adolescente sufrió una fractura de cadera, pero su embarazo impidió que fuera operada inicialmente en condiciones óptimas.
Después de una cirugía de alto riesgo regresó a su domicilio, donde continuó con intensos dolores hasta ser internada de urgencia por una trombosis.
Esta complicación obligó a realizar una cesárea de urgencia cuando tenía ocho meses de embarazo. Permaneció hospitalizada durante un mes y no pudo hacerse cargo de su hija recién nacida.
Más tarde se detectó una necrosis, fue internada otros tres meses y debió someterse a una nueva cirugía para instalarle una prótesis de cadera.
El caso llegó al Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda contra el conductor y Servicio de Transporte de Personas Santiago S.A. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó de $50 millones a $60 millones la indemnización por daño moral de la afectada.
El tribunal de alzada destacó que el daño “excede el sólo dolor físico”, pues también estuvo relacionado con la imposibilidad de vivir su maternidad normalmente y con las secuelas permanentes que redujeron su calidad de vida.
La empresa recurrió ante la Corte Suprema, pero sus recursos de casación en la forma y en el fondo fueron declarados inadmisibles.
Así, quedó firme el pago solidario de $60 millones por daño moral para la joven, $10 millones para cada uno de sus padres y $368.009 por daño emergente, totalizando $80.368.009.
La sentencia de segunda instancia fue redactada por la ministra Sandra Araya Naranjo.
