Desde filtraciones graves hasta escrituras pendientes: Los errores del Serviu que derivaron en juicios en los últimos meses
El Serviu es un organismo público dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que ejecuta en cada región las políticas estatales en materia de vivienda y urbanización.
Su tarea es articular subsidios, asignar viviendas sociales, coordinar proyectos de integración y velar por la correcta aplicación de las normas técnicas, especialmente en beneficio de las familias de menores recursos.
En los últimos meses, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ha estado en el centro del debate público por su participación en operaciones cuestionadas por Contraloría y el Congreso.
Uno de los episodios más polémicos fue la frustrada compra de la casa de la familia del expresidente Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja, Providencia.
La intención del gobierno era adquirirla —junto a otros inmuebles patrimoniales— para convertirla en un museo de la democracia, pero la compraventa fue frenada por razones constitucionales: dos de las copropietarias —la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández— no podían celebrar contratos con el Estado.
El caso provocó la salida del director de Serviu Metropolitano, denuncias ante el Tribunal Constitucional y un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo.
Además, una investigación periodística reveló que, como parte de un acuerdo compensatorio anterior, la Fundación Salvador Allende había entregado al Serviu una colección de 93 obras de arte, valoradas en más de $300 millones, a cambio de una propiedad fiscal.
Todo el proceso se realizó sin licitación ni decreto supremo, lo que fue objetado por Contraloría y hoy está nuevamente bajo revisión.
Aunque esas actuaciones se remontan a 2011, la falta de transparencia en la ejecución de políticas habitacionales sigue generando cuestionamientos.
Pese al rol clave que tiene el Serviu bajo sus hombros, en los últimos años diversos casos han llegado a tribunales por errores, demoras, decisiones arbitrarias u omisiones.
Desde viviendas entregadas con fallas graves hasta exclusiones sin debido proceso, los antecedentes muestran cómo la vulnerabilidad de los beneficiarios se agrava cuando fallan las instituciones llamadas a protegerlos.
Obras inconclusas y viviendas inhabitables
Uno de los casos más graves se registró en la Región de Coquimbo, donde un joven con un 70% de discapacidad física recibió junto a su madre una vivienda del Serviu cuya habitabilidad era nula: tanto el baño como el dormitorio adaptado estaban en el segundo piso, impidiendo su uso.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en su favor, y la Corte de Apelaciones de La Serena acogió la acción constitucional.
Los ministros Felipe Pulgar Bravo, Gloria Negroni Vera y Carlos Jorquera Peñaloza consideraron que la conducta del Serviu fue “arbitraria e ilegal”, ya que desde 2022 estaba obligado por Contraloría a realizar las obras de accesibilidad, sin haberlas concluido.
La Corte ordenó que las adecuaciones en baño y dormitorio del primer piso se ejecutaran en un plazo máximo de 60 días.
“El fallo devuelve dignidad a una persona que hasta ahora no ha podido habitar su hogar con los mínimos de comodidad que su condición requiere”, destacó el ministro Pulgar.
Según el tribunal, esta omisión vulneró derechos fundamentales y transgredió la Ley N° 20.422, que exige condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.
Otro conflicto se produjo en el condominio Vista Hermosa, en la comuna de La Cisterna. Allí, 42 familias que recibieron viviendas sociales denunciaron filtraciones, techos que volaban con los temporales, grietas estructurales y problemas eléctricos.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Serviu a pagar \$290.000 por daños materiales y $6.000.000 por daño moral a cada familia.
El fallo responsabilizó al organismo por entregar viviendas con fallas graves que afectaban la salud, la seguridad y la calidad de vida de los residentes.
Fallas administrativas y decisiones arbitrarias
Tres mujeres de Temuco fueron expulsadas del comité de vivienda “Trallenco” en plena pandemia por no asistir a reuniones.
El comité alegó incumplimientos y formalizó la expulsión en asamblea, con el visto bueno del Serviu. Sin embargo, la Corte Suprema revirtió la decisión.
Las afectadas alegaron problemas de salud y trato discriminatorio de parte de la directiva. La Corte Suprema sostuvo que el Serviu no verificó adecuadamente los antecedentes ni garantizó un procedimiento justo.
“La sola presentación de copias de actas no permite excluir a una persona de un beneficio tan relevante”, advirtió el máximo tribunal.
Se ordenó reintegrar a las mujeres al comité y restituir su acceso al subsidio habitacional.
En otro fallo reciente, el máximo tribunal obligó al Serviu de Antofagasta a escriturar en un plazo de 120 días las viviendas de 22 mujeres beneficiarias del condominio “Portal del Sol”, quienes habían recibido sus casas en 2019 pero seguían sin inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.
“El actuar de la recurrida impide que las actoras adquieran el dominio de las propiedades respecto de las cuales detentan un derecho indubitado desde el año 2019”, sostuvo la Corte.
Además, se señaló que la falta de escrituras vulneró el derecho a la integridad psíquica de las afectadas, al prolongar por años la incertidumbre y la exclusión del sistema formal de propiedad.
Subsidios, devoluciones y fallos contradictorios
Uno de los temas que más controversia ha generado es el uso y fiscalización de los subsidios habitacionales.
En Puerto Natales, una mujer fue demandada por el Serviu por arrendar su vivienda antes de cumplir los cinco años mínimos de residencia exigidos.
Aunque ella había solicitado autorización, el organismo nunca respondió, lo que por ley equivale a aprobación tácita. Aun así, la demandaron por más de $27 millones.
El caso fue ganado en primera y segunda instancia por el Serviu, pero la Corte Suprema anuló ambas sentencias.
El máximo tribunal valoró la prueba presentada por la defensa —incluyendo la constancia de envío de la solicitud— y señaló que “el silencio administrativo positivo opera como autorización legal”. Con esto, la afectada no deberá devolver el subsidio y mantendrá la propiedad.
En sentido contrario, la Corte Suprema respaldó al Serviu en un caso ocurrido en San Pedro de la Paz.
El Serviu rechazó el pago por considerar que, al contraer matrimonio, pasaron a ser una sola unidad familiar y no podían recibir ambos beneficios.
La Corte Suprema confirmó esta interpretación. Además, desestimó la demanda presentada por la inmobiliaria, señalando que no era parte legítima en el conflicto, ya que los subsidios están dirigidos a los beneficiarios finales.
El fallo cerró afirmando que la normativa busca impedir la duplicación de subsidios en un mismo núcleo familiar, para asegurar una distribución equitativa de los recursos públicos.
