Serviu entregó viviendas a 22 mujeres en 2019 con subsidio pero sin escrituras: Corte ordena regularizar en 120 días
Un grupo de 22 mujeres que accedieron a viviendas sociales del condominio “Portal del Sol” en Antofagasta, con subsidio habitacional entregado en 2019, tuvo que recurrir a la justicia luego de más de tres años esperando la escrituración de sus propiedades.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, a pesar de que la recepción definitiva del proyecto fue aprobada en julio de 2019, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta no ha emitido las escrituras que les permitan inscribir sus viviendas en el Conservador de Bienes Raíces, impidiendo así que puedan convertirse en propietarias legales de los inmuebles.
El conflicto se originó tras la fallida gestión de la entidad patrocinante original del proyecto, Prohabitec Ltda., que incumplió sus deberes técnicos y jurídicos, incluyendo la elaboración y gestión de las escrituras.
En 2021, el Serviu asumió ese rol, pero hasta la fecha no ha cumplido con el traspaso legal.
Las mujeres afectadas, muchas de ellas jefas de hogar en situación de vulnerabilidad, afirmaron que esta omisión ha afectado su derecho de propiedad y su integridad psíquica, por la incertidumbre y el perjuicio económico provocado.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta les dio la razón y calificó la inacción del Serviu como ilegal, al infringir los principios de eficiencia y eficacia administrativa de la Ley N° 18.575, además de lo dispuesto en el artículo 53 letra j) del D.S. N°49 de 2011, que obliga a la entidad ejecutante del proyecto a preparar el contrato de compraventa y realizar los trámites notariales y registrales para la inscripción del dominio.
“El actuar de la recurrida impide que las actoras adquieran el dominio de las propiedades respecto de las cuales detentan un derecho indubitado desde el año 2019”, sostuvo el fallo, subrayando que también se vulnera el derecho constitucional a la integridad psíquica de las afectadas.
La Corte ordenó al Serviu otorgar las escrituras públicas de compraventa en un plazo máximo de 120 días. El fallo fue confirmado en todas sus partes por la Corte Suprema el 28 de abril de 2025.
