Una mujer de Puerto Natales, que recibió un subsidio habitacional para comprar su vivienda, fue demandada por el Serviu porque arrendó la casa sin su autorización.

Según el organismo y el fallo judicial, esto iba en contra de las reglas del subsidio, que obligan a los beneficiarios a vivir en la propiedad durante al menos cinco años antes de poder arrendarla o venderla.

El caso comenzó cuando el Serviu recibió una denuncia indicando que la casa no estaba siendo habitada por su dueña, sino que estaba arrendada a terceros.

En noviembre de 2019, funcionarios del organismo fueron al domicilio y confirmaron que la vivienda estaba ocupada por arrendatarios, quienes mostraron los comprobantes de pago y confirmaron el contrato.

A raíz de esto, el Serviu presentó una demanda para que la propietaria devolviera el dinero del subsidio, lo que significaba que debía pagar el equivalente a 725 unidades de fomento (UF), lo que actualmente supera los 27 millones de pesos.

El Juzgado de Letras de Puerto Natales falló a favor del Serviu en marzo de 2023, obligando a la mujer a devolver el dinero.

Luego, en noviembre de 2023, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó esta decisión.

Sin embargo, la afectada apeló a la Corte Suprema argumentando que sí había solicitado permiso para arrendar la casa, pero el Serviu no le respondió dentro del plazo de 15 días hábiles, como exige la ley.

Según las normas vigentes, si el Serviu no responde en ese tiempo, la autorización se considera otorgada automáticamente.

Su defensa presentó pruebas de que la respuesta del Serviu llegó fuera de plazo, lo que significaba que, legalmente, ella tenía derecho a arrendar su vivienda.

La Corte Suprema analizó el caso y concluyó que las sentencias anteriores no consideraron esta prueba clave.

Por esa razón, decidió anular el fallo de la Corte de Apelaciones y, en su lugar, rechazó la demanda del Serviu. Con esta decisión, la mujer no tendrá que devolver el subsidio y podrá seguir con la propiedad sin problemas.