Un niño perdió uno de sus órganos reproductivos después de recibir atención médica y su madre acudió a tribunales buscando una indemnización de $103 millones. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó que la Municipalidad de Puerto Montt deberá pagar $5 millones por la pérdida de la oportunidad de evitar ese resultado.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el caso había sido resuelto inicialmente el 22 de marzo de 2024 por el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, que acogió parcialmente la demanda presentada por la madre en representación de su hijo.
El tribunal condenó al municipio a pagar $5 millones por concepto de “pérdida de chance”, pero rechazó las indemnizaciones solicitadas por daño moral y daño emergente.
La madre apeló buscando elevar la indemnización. Solicitó $100 millones por daño moral y $3 millones por daño emergente, argumentando que existía una relación entre la falta de servicio denunciada y la posterior extirpación de un órgano del niño.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt concluyó que no se logró demostrar que la pérdida del órgano fuera consecuencia directa y necesaria de una actuación negligente del personal de salud.
Según explicó el tribunal, la documentación presentada, incluida una epicrisis del Hospital de Puerto Montt y antecedentes de atención en un SAPU, no permitía establecer ese vínculo. “Dicha acreditación jamás se logró”, sostuvo la Corte respecto de la relación causal alegada.
Pese a ello, se mantuvo la indemnización de $5 millones establecida en primera instancia. El Segundo Juzgado Civil había determinado que existió una pérdida de oportunidad asociada al “negligente proceder de una de las facultativas de salud”, que privó al paciente pediátrico de la posibilidad de luchar para evitar “la pérdida de uno de sus órganos reproductivos”.
Por estas razones, la Corte rechazó el recurso de casación presentado por la madre y confirmó, sin costas, la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.
El fallo de segunda instancia fue redactado por el fiscal judicial Báez.