Hemos sabido que en una cierta zona de la ciudad de Nueva York, EE.UU., se está inaugurando la primera parte del impresionante proyecto inmobiliario Hudson Yards, que contempla una superficie de 113.310 m2, con miles de viviendas, oficinas, comercios y restaurantes de lujo, aunque ninguna de sus torres alcanza la altura de los rascacielos más conocidos. La totalidad de esta inversión privada es del orden de los US$ 25.000 millones y se supone que este mega complejo comercial terminará de construirse en el año 2025, es decir, en 6 años más. Sus dueños y promotores hablan maravillas del mismo, aunque hay voces de críticos en arquitectura y urbanismo que no lo ven como un verdadero aporte a la ciudad. Dicen, entre otras cosas, que está dirigido a la élite.

Pero lo indignante, desde el punto de vista de la equidad social y de la correcta asignación de los recursos públicos, es el hecho brutal de que las autoridades competentes le han entregado US$ 6.000 millones en subsidios a las empresas propietarias del mismo.

En Chile sucede lo mismo, ejemplos hay muchos, y solo abordaremos el caso de la concesión del Estado a un par de constructoras españolas que están ejecutando bajo el nivel natural del suelo una fracción de la autopista Américo Vespucio, destruyendo hasta ahora el magnífico parque del mismo nombre. Por el sector de Vitacura y Las Condes esa magnífica área verde, estupendamente bien consolidada, con especies arbóreas premunidas de generosos follajes hoy en día es un desierto porque ellos se han eliminado, sin que la ciudadanía sepa si en unos años más volverán a existir sobre su superficie esos árboles que entregan oxígeno a la ciudad.

Según un informe de la Conaf se determinó que el eucalipto es el árbol que más dióxido de carbono (CO2) captura de las especies que se encuentran en nuestro país. Son 30 toneladas de este gas las que puede capturar ese árbol por hectárea en un año. Los lectores puede hacer cálculos, pero lo más grotesco es el subsidio que le entrega el Estado a los inversionistas que hacen el negocio : el dadivoso obsequio son US$ 450 millones para que la tarifa de los futuros peajes cautive a los automovilistas, teniéndose presente que el costo de esa obra vial es del orden de los US$ 1.000 millones.

En otro orden de ideas, pero relacionado con lo anterior, leyendo la prensa hemos tomado conocimiento que el gobierno derogará 100 leyes obsoletas y que hará cambios de normas para evitar conflictos como el actual entre las inmobiliarias y Contraloría, cita textual de título publicado en la página B6 de la edición del sábado 16 de marzo pasado en El Mercurio, recogiendo lo tratado en el seminario "Revolución Microeconómica", en el cual participó el presidente Piñera, quien le encomendó al ministro de Economía, José Ramón Valente, que liderara el proyecto de ley de Productividad II y Proinversión II.

Piñera en ese seminario mostró su preocupación por lo que está sucediendo con el negocio inmobiliario y por ello sentenció que "hay US$ 6 mil millones de inversiones paradas en la ciudad de Santiago por un diferencia de interpretación entre el Minvu y la Contraloría" y que, por ello, era indispensable atacar el fondo del problema revisando reglamentos y modificando las leyes.

Con el debido respeto que él nos merece, le aclaramos a Su Excelencia que no hay ninguna diferencia interpretativa entre el Minvu y la Contraloría por la sencilla razón de que el órgano fiscalizador ejerce su labor conforme a un mandato constitucional y legal, de tal forma que ese díscolo ministerio debe obedecer todos los dictámenes de la Contraloría ya que, como todos sabemos,son vinculantes para la Administración del Estado.

Dejamos en claro que no todos los actores inmobiliarios se han visto afectados por las resoluciones de la Contraloría, ya que la mayoría de ellos, sobre todo los medianos y pequeños, no utilizan trampas en sus solicitudes de permisos en las Direcciones de Obras Municipales (DOM). Lo que sucede es que el Minvu, por afinidad natural con las más poderosas y influyentes empresas constructoras, hace causa común con ellas, lo que posiblemente don Sebastián Piñera desconoce y por ello comete el garrafal error de sostener públicamente que hay un conflicto entre ese sector privado productivo y la Contraloría.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha sabido vender muy bien la pomada porque tiene excelentes lobbistas que visitan permanentemente a los ministros buscando apoyo en sus abusivas demandas y los funcionarios de alto nivel del Minvu o son muy ingenuos o bien quieren hacer méritos ante esa importante asociación gremial empresarial.

Como lo estamos repitiendo desde hace tiempo, el mejor antídoto contra la incerteza jurídica de los permisos de edificación es ceñirse a la ley, por lo tanto desde esta tribuna democrática le decimos a la CCHC que se ponga seria e inste a sus socios para que terminen con las habituales triquiñuelas que utilizan en las DOM para obtener ventajas indebidas, pues en el último tiempo es relativamente sencillo detectarlas y denunciarlas en la Contraloría o bien en los tribunales de Justicia.