Durante las últimas semanas hemos podido ser testigos de una serie de hechos en torno a Carabineros, que si bien se han mostrado como hechos aislados unos de otros, es relevante poder observarlos como un conjunto encadenado, lo que lleva a cuestionarnos con urgencia y preocupación el rol que tiene Carabineros respecto del conjunto de la sociedad y cómo esto está afectando directamente la convivencia democrática y el respeto de derechos civiles mínimos.

El primero de estos hechos es un lugar común cuando la protesta social en nuestro país aumenta: el abuso policial y el actuar represivo del gobierno frente a la organización social y el legítimo derecho a la movilización.

Hay casos puntuales dentro de un marco general de represión que es necesario destacar, lo primero tiene que ver con los casos de tortura en las detenciones a estudiantes secundarios. El primero de estos casos, fue el del Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, quien al ser detenido, y trayendo a la memoria los tiempos oscuros de nuestra historia reciente, fue aislado de sus compañeros, desnudado, golpeado y obligado a realizar ejercicios. Situación similar ocurrió con Constanza Vargas, del Liceo de Niñas de Concepción, a quién llegaron a arrancarle un piercing con un alicate, y que terminó siendo ingresada al hospital en estado grave.

Un segundo hito en este tema, ha sido el despliegue policial durante las movilizaciones convocadas por las organizaciones estudiantiles. Tanto para la marcha del 26 de mayo como para la del 9 de Junio, el centro de Santiago amaneció literalmente “tomado” por Fuerzas Especiales. La represión se desató sin límites y los registros al respecto son claros: marchas que a duras penas se han podido realizar, heridos por disparos al cuerpo por parte de Carabineros, una estudiante con paro cardiorespiratorio por el exceso de gas lacrimógeno, etc.

Por último, está el hecho, visibilizado a partir de la acción en La Moneda ejecutada por algunos estudiantes, del actuar de Carabineros infiltrados en las movilizaciones. Asunto que nunca ha sido explicitado, ni reconocido por la institución y que por lo tanto abre la incertidumbre respecto de cuál es el rol que están cumpliendo y si han tenido o no participación en la catalización de disturbios.

Estos tres hechos, como decíamos, se tratan de casos puntuales que dan cuenta de una situación que sí es general: la reacción de Carabineros hacia la manifestación social ha sido de una dureza inusitada. Todo esto ha ocurrido, además, con el total y lamentable apoyo de la autoridad política.

Destacaron en esa línea las palabras del ex ministro Jorge Burgos tras la movilización del 26 de mayo, donde plantea que Carabineros simplemente actúa “conforme a derecho”, el “azuzamiento” de la Presidenta tras el 21 de mayo, cuando mencionó que Carabineros se había inhibido en su actuar tras lo ocurrido el año 2015 con Rodrigo Avilés. El punto es, ¿qué quería decir el Ministro Burgos cuando dice que Carabineros actúa conforme a derecho?.

Luego de los años de incertidumbre respecto de los protocolos utilizados por FFEE, recién el año 2014 pudieron ser conocidos. Pero basta mirarlos rápidamente y haber estado en alguna manifestación para saber que el cumplimiento de estos es prácticamente igual a cero. El uso excesivo de la fuerza, la utilización de los carros lanza agua directo al cuerpo o arrinconando a grupos de personas, la utilización -no reconocida- de sustancias químicas en el agua, la aparición recurrente de carabineros con armas de fuego en las manifestaciones, etc. dan cuenta de una importante distancia entre lo que plantean los protocolos y el accionar real de Carabineros.

Ahora, ¿Quién controla efectivamente esto? ¿Quién es el responsable efectivo de los operativos orientados a la “recuperación del orden público” de Carabineros? Son preguntas que permanecen constantemente en el aire y que nos parece que tienen que ver con algo que retomaremos hacia el final de esta columna.

El otro conjunto de hechos, es todo lo ocurrido en torno a proyecto de ley que instaura el control preventivo de identidad, enmarcado en lo que se ha denominado la “Agenda Corta Antidelincuencia”, dentro de la cual se ha buscado “ampliar las facultades de Carabineros”. El control de identidad preventivo (o sin sospecha), suprime todos los supuestos de hecho que existen en el actual control de identidad, facultando a las policías para realizar el control de identidad a cualquier persona mayor de 18 años, en vías públicas, otros lugares públicos y lugares privados de acceso al público.

Los argumentos para que esta reforma no proceda son múltiples. Por un lado, el control de identidad ya existe y ha sido utilizado masivamente por Carabineros. Durante los últimos cuatro años, se han realizado un promedio de 2.000.000 de controles al año, lo cual ha dado cuenta de la bajísima eficacia que tiene como mecanismo de prevenir delitos.

Por otro lado, la evidencia internacional ha mostrado que este tipo de facultades no cambia en nada la realidad delictual. Sin ir más lejos, en Chile se implementó una facultad casi idéntica en el artículo 24 de la ley 19.327 (Ley de Estadio Seguro), según la cual, en un radio determinado alrededor de los estadios, los días en que se realizan espectáculos de fútbol, se puede realizar un control preventivo de identidad. Hoy existe esta facultad y, sin embargo, los sucesos de mayor violencia en los estadios, precisamente han ocurridos luego de aprobada dicha facultad.

Por último, se trata de un enorme incentivo al mal trabajo policial, dirigiendo éste a esta medida sensacionalista que, como vemos, implica un gran despliegue y una muy baja efectividad, en vez del desarrollo serio de otros mecanismos, por ejemplo, de inteligencia policial que busque desbaratar las organizaciones criminales.

Pero, además, el problema no es sólo que como política antidelincuencia es una mala política, sino que combina esto con consecuencias nefastas en términos del respeto a los derechos civiles básicos en nuestra sociedad. Se pueden identificar al menos cuatro consecuencias en esta línea: (i) atenta contra el derecho a la libre circulación y manifestación social; (ii) abre la puerta para un evidente comportamiento discriminatorio y estigmatizador de carabineros frente a la segura distribución no democrática de estos controles; (iii) se abre una nueva puerta de riesgo de abuso policial; y (iv) atenta contra la privacidad de las personas. Se puede ver entonces que esta medida, apoyada enérgicamente desde Presidencia, no es sino un retroceso en todo ámbito, respecto de lo que hoy ya existe.

Lo relevante, finalmente, es que ambos hechos, el actuar de Carabineros frente a la movilización social y el desarrollo de esta política de control preventivo de identidad se encuentran encadenados: tienen que ver con el rol que se le asignan a las Fuerzas de Orden y Seguridad (se podría agregar acá a las FFAA también) respecto de la sociedad. El atropello a la dignidad, a los derechos civiles básicos y el abuso policial no son una política arbitraria, sino que tiene que ver con el fortalecimiento de una relación entre policías y sociedad que se hereda desde la dictadura y que llega hasta nuestros días.

Las FFAA y de orden mantienen una relación de exterioridad con la sociedad. Antes a esa relación se le llamaba de “tutelaje”, pero hoy cuando esa función constitucional fue eliminada, de hecho, siguen estando “por arriba” y “por fuera” del resto de la sociedad. Esto explica la continuidad de la lógica del enemigo interno para enfrentar la movilización social, la insubordinación respecto de la autoridad civil, el ocultamiento de información o la abierta mentira cuando han sido interpelados (recordemos el informe entregado por Carabineros tras el ataque a Rodrigo Avilés donde situaba como causa de lo ocurrido lo planas que eran las suelas de sus zapatillas).

El abierto respaldo del gobierno y su nulo esfuerzo para enfrentar el rol que tiene Carabineros en la sociedad actual, da cuenta de que su actuar es totalmente funcional al orden imperante. Esta situación, sin embargo, es un atentado a la convivencia democrática, uno más de los resabios que nos recuerdan que los blindajes del modelo pinochetista -recogidos por la Nueva Mayoría- persisten hasta hoy. Medidas como el control de identidad preventivo vienen entonces a profundizar esta situación y a subordinar aún más a la sociedad al actuar arbitrario de Carabineros.

Es por esto que, en el contexto de la emergencia de una Nueva Izquierda, su programa, el programa de un Nuevo Chile, debe tener la reforma a las Fuerzas Armadas y de Orden como un elemento central. Construir este Chile radicalmente democrático implica forjar una nueva relación con sus Fuerzas Armadas y de Orden, fundada en el respeto a los Derechos Humanos, el aseguramiento de garantías civiles mínimas y el respeto de la protesta social como forma de expresión de nuestro pueblo y sus demandas.

Así, medidas claves en este aspecto son la democratización de las mismas instituciones, una mayor vinculación de éstas con la sociedad (por ejemplo mediante sus planes de estudio), constituirlas en un escalafón único, la desmilitarización de Carabineros y la eliminación de toda herencia de la dictadura en su cultura interna. De este modo podremos subordinar a Carabineros al poder civil, eliminar la arbitrariedad en su actuar y establecer el respeto de los protocolos establecidos, todo lo cual constituyen elementos mínimos para defender y profundizar nuestra democracia.