Sin un proyecto histórico propio —de carácter popular, nacional y soberano—, es muy difícil identificar con precisión las amenazas y peligros que enfrenta una nación.
Podríamos definir la soberanía de un país como la autoridad absoluta de un Estado para gobernarse a sí mismo y tomar decisiones sin la interferencia o subordinación a potencias extranjeras. Pero en América Latina, desde la constitución misma de los Estados nacionales la soberanía de los mismos ha estado amenazada por poderosas fuerzas internacionales que pugnan sistemáticamente por dominar países y territorios para alcanzar objetivos económicos, políticos y geopolíticos.
Existieron épocas en que las potencias más desarrolladas y poderosas se repartían continentes enteros para someterlos a su dominio, en lo que constituyó el colonialismo en su forma más explícita. Este proceso representó un capítulo trágico en la historia de la humanidad, donde la violación de la soberanía de los países más vulnerables se ejecutaba mediante intervenciones militares directas y dejaban un sabor a sangre y a pólvora.
En nuestra América, tras la independencia de España, las naciones enfrentaron en múltiples ocasiones la vulneración de su soberanía a través de invasiones y agresiones navales. Estas acciones buscaban imponer gobiernos afines a los intereses extranjeros, dispuestos a sacrificar la autonomía política y económica de sus países a cambio de los beneficios marginales que emanaban de dicha subordinación. Esta etapa de injerencia militar directa no ha desaparecido por completo, como lo demuestra la historia reciente de naciones americanas muy cercanas a nuestro afecto.
Sin embargo, la estrategia fundamental de los poderes transnacionales, hegemónicos y poderosos, ha incorporado en los últimos tiempos mecanismos más sofisticados, aunque orientados a los mismos fines. Entre los muchos instrumentos de esa naturaleza podemos mencionar la consolidación de alianzas con las oligarquías locales, las presiones de los organismos financieros internacionales sobre las economías periféricas, el control de los canales internacionales de comercialización, la coerción política, diplomática, económica o militar, y las operaciones de espionaje e inteligencia de alta tecnología, combinadas con la infiltración o captación de actores clave para la desestabilización política.
Merece especial atención la tendencia de los países desarrollados a exportar capitales y no solo mercancías. Hoy en día no se puede afirmar de manera categórica que la recepción de inversión extranjera directa (IED) por parte de las economías en desarrollo carezca de aspectos positivos: esta puede generar empleo, aportar ingresos tributarios, dinamizar los mercados e impulsar la transferencia tecnológica en diversos grados.
No obstante, dicho capital desembarca respaldado por una elevada concentración de recursos, tecnología avanzada y un firme control del comercio internacional. Por su propio peso relativo, tiende a buscar y ejercer un dominio político y económico que menoscaba la soberanía y reduce las rentas del país receptor.
Estos efectos adversos no pueden combatirse mediante la mera medida de cerrar las puertas a todo capital extranjero. La completa autarquía terminaría ocasionando más daño que beneficios a nuestros países. Las potenciales consecuencias negativas de la entrada del capital extranjero solo pueden neutralizarse a través de un Estado con capacidad real de negociación, facultado para imponer las condiciones requeridas por el interés nacional y respaldado por una sociedad civil que haga cumplir la normativa laboral, salarial, tributaria, cambiaria, comercial y medioambiental.
Por lo tanto, sin un proyecto histórico propio —de carácter popular, nacional y soberano—, es muy difícil identificar con precisión las amenazas y peligros que enfrenta una nación. Dentro de un proyecto de esta naturaleza es perfectamente viable otorgar espacio al capital extranjero, siempre que este se subordine a un marco normativo claro, explícito y soberano fijado por el país. Carecer de un proyecto de esta índole no solo dificulta la identificación de las acciones de las potencias hegemónicas, sino que reduce cualquier esfuerzo de resistencia a gestos estériles o meramente declarativos.
