Más allá de ser un error de cálculo, la reforma constitucional impulsada es parte del discurso de ultraderecha que coloca en ejercicio el real poder político que tiene en el congreso para llevar a cabo esta y otras medidas más complejas.
Presidente José Antonio Kast. Créditos: Agencia Uno.
Ayer y hoy, 3 y 4 de septiembre respectivamente, se realiza en Chile el V Encuentro Regional del Foro Madrid, una instancia impulsada por la fundación Disenso, vinculada al partido político de Vox en España y que desde el 2020 articula a dirigentes políticos, organizaciones y centros de pensamientos de derecha radical y ultraderecha de Europa y América Latina.
En esta versión participarán, entre otros, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Chile, José Antonio Kast. El propio Foro ha definido el encuentro como un espacio para reflexionar sobre el nuevo escenario político iberoamericano y avanzar en una agenda común en torno a sus ideas y principios.
Que el presidente de Chile participe de una instancia de debate y expresión de ideas afines no resulta extraño y tampoco contradictorio con el ejercicio de su cargo. Los presidentes son actores políticos y participan en espacios internacionales para fortalecer vínculos y expresar posiciones políticas. Una condición fundamental es que esta presencia no comprometa su acción como jefe de Estado o defina ideológicamente la política exterior del país.
La presencia de José Antonio Kast en este Foro no es sorpresa, ya que su trayectoria política se encuentra estrechamente vinculada a ese espacio de la derecha chilena situado más allá de la UDI y Renovación Nacional, sectores que él mismo ha caracterizado como una “derechita cobarde”. Kast fue, además, uno de los firmantes originales de la Carta de Madrid, impulsada por la Fundación Disenso en 2020, y su trayectoria política ha logrado articular a sectores diversos de la derecha radical chilena: conservadores, neoliberales, sectores vinculados al pinochetismo y grupos que han expresado una profunda crítica a los acuerdos políticos que dieron forma a la transición democrática.
El problema, por tanto, no es que el presidente participe en un encuentro con quienes comparten su visión política, sino cuando esos espacios dejan de ser instancias de intercambio ideológico y se transforman en lugares donde determinadas concepciones sobre el poder, la democracia, los derechos y el Estado pueden adquirir legitimidad política y, posteriormente, traducirse en políticas públicas.
A la fecha, la instalación del gobierno de Jose Antonio Kast se ha traducido en la instalación de un modelo que discute los alcances democráticos y de derechos sociales que hasta la fecha se habían conseguido en décadas.
En materia económica, la reforma impulsada por el ministro de Hacienda tuvo como base la reinstalación de un modelo neoliberal de corte ortodoxo asociado al recorte de programas sociales y la entrega de diversos incentivos a los grupos económicos dominantes, deteriorando la capacidad del Estado que permiten enfrentar las desigualdades, garantizar derechos y construir cohesión social. En ese sentido, el Estado pierde centralidad a la hora de construir sociedades más democráticas y de mayor bienestar social.
En materia de seguridad, prioridad uno de los ciudadanos, se ha apostado por un modelo donde el paquete de medidas incluye el recorte de derechos civiles y sociales a cambio de un discurso en materia de seguridad, que no necesariamente implica acciones. La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, presenta distintas medidas, y entre ellas una reforma constitucional, que permite la creación de un nuevo estado de excepción que restringe determinados derechos y libertades y entrega atribuciones excepcionales al presidente de la república sin mayor discusión en el congreso por un plazo excesivo de tiempo.
El restringir derechos, y con ello horadar la democracia, es el argumento para garantizar la seguridad de las personas, y aunque las encuestas de opinión nos muestran que parte de la población está dispuesta a legitimar esa ecuación, el efecto que tiene sobre la democracia es complejo.
Esta discusión, no puede reducirse a una falsa dicotomía entre estar “a favor” o “en contra” de los delincuentes. Esa forma de plantear el problema empobrece deliberadamente el debate. La verdadera discusión es cómo construimos seguridad sin debilitar el Estado de Derecho y sin debilitar la democracia. Y más allá de ser un error de cálculo, la reforma constitucional impulsada es parte del discurso de ultraderecha que coloca en ejercicio el real poder político que tiene en el congreso para llevar a cabo esta y otras medidas más complejas.
Finalmente, un punto que reviste gran preocupación y tiene menos repercusión mediática, es la desvalorización, debilitamiento y pérdida de prioridad de las ciencias sociales y las humanidades dentro de las políticas de Estado, y con ello el establecimiento de políticas de recorte que afectan la investigación, el desarrollo de becas y programas de fortalecimiento de las disciplinas afines, especialmente desde el ministerio de Ciencia y Tecnología.
Estas medidas, contrarias a cualquier estrategia de desarrollo científico, ha encontrado gran apoyo en medios de comunicación afines al gobierno, con la publicación de columnas de opinión que desvalorizan, relativizan y deslegitiman el desarrollo de los estudios políticos, sociales y culturales.
Esto último reviste una gran preocupación, ya que no hay sociedades desarrolladas sin el pensamiento crítico y humanista. Las ciencias sociales son fundamentales para el avance civilizatorio en el entendimiento y relaciones de las personas en la sociedad. Cualquier política que atente contra el desarrollo y promoción del pensamiento crítico y las humanidades, no solo atenta contra una disciplina en particular, sino contra el progreso de las sociedades democráticas.
