El alcalde de Río Bueno, Luis Roberto Reyes Álvarez, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por corrupción debido a delitos como cohecho agravado reiterado y lavado de activos, en una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones y licitaciones municipales.
La medida cautelar fue decretada este miércoles por el Juzgado de Garantía de Río Bueno, luego de que la Fiscalía sostuviera que la libertad del jefe comunal constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y podía obstaculizar diligencias de la investigación.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, los hechos investigados ocurrieron entre 2017 y 2022. Durante ese período, Reyes habría solicitado y recibido beneficios económicos de proveedores y contratistas de la Municipalidad de Río Bueno a cambio de favorecerlos en procesos de contratación, facilitar pagos de obras y dejar sin efecto multas.
Fiscalía atribuye a Reyes beneficios por $36,36 millones
La Fiscalía cifra en $36.360.000 los beneficios económicos que atribuye a Reyes en los hechos investigados.
Uno de los principales antecedentes corresponde a pagos asociados al empresario Héctor Orlando Meza Hermosilla, quien también quedó en prisión preventiva y es investigado por soborno y lavado de activos. Según la imputación, $27.860.000 habrían sido transferidos a cuentas personales de Reyes y de su pareja, Gladys Roxana Mancilla Albornoz.
En el mismo contexto, la Fiscalía expuso que entre 2016 y 2021 sociedades relacionadas con Meza se adjudicaron distintos proyectos de construcción en Río Bueno. Entre las obras mencionadas están trabajos en establecimientos educacionales, refugios peatonales y la reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Crucero.
Durante ese período, además, se habrían dejado sin efecto cuatro multas por un total de $18 millones, según los antecedentes presentados en la audiencia.
Los otros pagos investigados por la Fiscalía
Otro de los hechos se relaciona con la Semana Riobuenina 2020. La Fiscalía sostiene que entre diciembre de 2019 y enero de 2020 Reyes habría solicitado o aceptado $3 millones de Rodrigo Enrique Maluenda Ramírez, representante de Maluenda Producciones Limitada.
A cambio, según la imputación, el alcalde habría favorecido a la empresa en la licitación del servicio de producción, amplificación e iluminación del evento, cuyo monto fue de $85 millones. Los antecedentes expuestos en la audiencia señalan que los $3 millones fueron transferidos a la cuenta personal de Reyes después de la adjudicación.
La investigación también contempla pagos vinculados a la Constructora San Ignacio. La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2021 Reyes habría solicitado y recibido $5,5 millones a cambio de facilitar la tramitación y el pago de obras adjudicadas a esa empresa.
Investigación por lavado de activos
Además de los pagos asociados a los hechos de cohecho, la Fiscalía indaga movimientos de dinero realizados entre 2017 y 2022 hacia las cuentas de Reyes y su pareja.
Entre los antecedentes expuestos aparece la existencia de cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta personal del alcalde, cuyo origen no ha sido identificado.
La investigación sostiene que parte de los recursos habría ingresado al patrimonio de Reyes y posteriormente sido utilizada para financiar la adquisición de bienes y el pago de servicios. El tribunal estableció en 100 días el plazo de investigación.