La cordillera vuelve a ser presentada como una oportunidad económica. Chile y Argentina quieren convertirla en un espacio compartido por inversiones, equipos y minerales. La reactivación de esa agenda apenas había comenzado cuando unas declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina sobre Magallanes recordaron que los pasos abiertos al comercio no vuelven menos sensibles las fronteras. Entre el impulso minero de José Antonio Kast y Javier Milei y la protesta diplomática chilena transcurrieron pocas semanas. La cooperación avanzaba; los antiguos reflejos soberanos seguían en su sitio.
El brigadier general Gustavo Valverde afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y llamó a reforzar la presencia argentina en esa llave bioceánica. Fue una frase ambigua e irresponsable, aunque no constituyó una reivindicación territorial formal. Santiago recordó que la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho se encuentra respaldada por los tratados de 1881 y 1984. Buenos Aires reconoció esos instrumentos y cerró el episodio. La afinidad presidencial ayudó a contener el desacuerdo; no volvió innecesarios los mapas.
Una cordillera con protocolo
Firmado en 1997, el Tratado de Integración y Complementación Minera permite coordinar controles, circulación de bienes e infraestructura dentro de áreas fronterizas autorizadas. Su reactivación adquirió contenido concreto el 27 de agosto, cuando ambos países aprobaron protocolos para Vicuña, NexoAndino y Filo Sur.
Las proyecciones explican el entusiasmo. Los proyectos acogidos al tratado podrían movilizar más de US$20.700 millones y agregar unas 540.000 toneladas a la producción anual de cobre. Argentina posee grandes yacimientos, pero no produce este mineral desde el cierre de Alumbrera en 2018. Chile ofrece puertos sobre el Pacífico, experiencia técnica y una red de proveedores. Para algunos depósitos argentinos puede resultar más eficiente atravesar los Andes que llegar al Atlántico. Chile capturaría actividad logística sin ser propietario del recurso.
Lo que la frontera no resuelve
La complementariedad no reparte beneficios ni vulnerabilidades por igual. Un proyecto argentino orientado hacia puertos chilenos quedaría expuesto a decisiones regulatorias tomadas al otro lado de la cordillera. Chile podría desarrollar infraestructura cuya rentabilidad dependa de inversiones argentinas todavía inciertas. La relación se aproxima al concepto de interdependencia elaborado por los politólogos estadounidenses Robert Keohane y Joseph Nye: cada participante obtiene beneficios, al precio de quedar expuesto a decisiones ajenas.
Comercio y poder nunca estuvieron tan separados como sugiere el lenguaje de los acuerdos. El economista germano-estadounidense Albert O. Hirschman estudió cómo los intercambios modifican la capacidad de presión de los Estados. Integrarse, desde esa perspectiva, no exige negar las asimetrías, sino impedir que una ventaja portuaria o regulatoria termine convertida en un instrumento de coerción.
Dentro de cada país tampoco existe una sola posición. Empresas, provincias, comunidades y organismos estatales atribuyen valores distintos a la apertura fronteriza. Los “juegos de dos niveles” formulados por el politólogo estadounidense Robert Putnam describen esa negociación simultánea: los gobiernos deben alcanzar acuerdos externos que también puedan sostener ante sus actores internos. Así se entiende que Kast y Milei favorezcan la circulación de capitales y exhiban firmeza cuando una declaración territorial amenaza con parecer una concesión.
Queda, además, la frontera ambiental. Cuencas, glaciares y ecosistemas de altura no se detienen ante un hito. Pascua-Lama demostró que un régimen binacional no compensa incumplimientos sobre el terreno: en 2022, la Corte Suprema chilena confirmó la clausura definitiva del proyecto tras un procedimiento relacionado con aguas, glaciares, flora, fauna y vegas altoandinas. La geología puede ser compartida; la legitimidad debe construirse a ambos lados.
Resulta probable una integración pragmática, desarrollada proyecto por proyecto y capaz de aislar incidentes diplomáticos. Un desenlace menos favorable convertiría la cooperación en un corredor extractivo sin coordinación ambiental ni encadenamientos duraderos. Argentina aportaría el yacimiento, Chile prestaría el puerto y las empresas organizarían el recorrido. Los minerales habrán cruzado la cordillera, aunque la integración apenas se haya movido del lugar.
Magallanes no anuncia una ruptura ni invalida la cooperación minera. Recuerda, eso sí, que la cercanía ideológica suele durar menos que los intereses que la sostienen. Los Andes podrán convertirse en una plataforma productiva si los beneficios se distribuyen y los controles ambientales se coordinan. Abrirlos únicamente para que circule el mineral sería una forma bastante pobre de integración.
